En una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, unos 60 ambientalistas del país, entre directores de ONG, directores y académicos cuestionaron la decisión del procurador general de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, “Nos unimos, en consecuencia, a las voces de miles de personas que hoy expresan su preocupación por lamanera como, bajo una fachada de aparente constitucionalidad, el señor procurador viene ejerciendo sus funciones de control,atropellando los pilares mismos que inspiran y justifican la Constitución” explicaron.

Así  mismo el grupo especificó que los argumentos ambientales que dio el procurador no son coherentes ya que “la mayoría de sus actuaciones en este campo han sido claramente adversas”.