Pone en tela de juicio crear delito de infanticidio, que busca contrarrestar la violencia contra los niños

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Cuatro proyectos de ley que son tramitados por el Congreso recibirían esta semana concepto no favorable debido a que no encajarían con la política criminal del país, según el Consejo Superior encargado en esa materia. Hace unos días ya presentó un criterio en este sentido, no obstante hace falta que los integrantes de esta instancia hagan la respectiva votación para enviar el definitivo a las mesas directivas de las comisiones o plenarias en donde hacen tránsito las iniciativas.

Los proyectos que recibirían concepto no favorable son el No. 043 de 2017 Cámara; 050 de 2017 Cámara; 065 de 2017 Cámara y el de la Ley Estatutaria 044 de 2017.

Además habría un pronunciamiento sobre el proyecto de Acto Legislativo 004 de 2017, a pesar de que ya fue retirado por los autores.

La iniciativa 043 de 2017 Cámara crea el tipo penal de infanticidio como delito autónomo en virtud de la garantía a los derechos de los menores de edad, especialmente aquellos menores de 14 años, mediante la sanción de conductas violentas contra niños, así como prevenir y erradicar la comisión de dichas conductas y adoptar estrategias de prevención y sensibilización de la sociedad.

La iniciativa establece que quien causare la muerte a un menor de 14 años incurrirá en prisión de 300 meses a 550 meses, cuando existan circunstancias como tener o haber tenido una relación familiar con la víctima; ejercer sobre el cuerpo y la vida del menor, actos sexuales o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad, entre otras.

El proyecto establece que la persona que cometa el delito de infanticidio no tendrá ningún beneficio penal para rebajar pena.

El Consejo Superior de Política Criminal asegura que este proyecto no brinda protección adecuada a las personas menores de 18 años.

Otra de las iniciativas en cuestión es el proyecto de ley 050 de 2017 Cámara por la cual se formulan los lineamientos de política pública para la prevención de delitos realizados a través de medios informáticos o electrónicos, en contra de niños y adolescentes.

El proyecto modifica el Código Penal para agravar y ampliar conductas penales contra la libertad individual, la formación sexual, el patrimonio económico, la vida y la integridad personal, y que se realizan a través de medios electrónicos o informáticos.

Proscribe el tratamiento de datos personales de niños y adolescentes, salvo aquellos que sean de naturaleza pública.

En materia penal la iniciativa establece que quien induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de dos  a seis  años. Si la conducta se realiza a través de Internet o cualquier otro medio electrónico, en perjuicio de un menor de 18 años, incurrirá en pena de prisión de 6 a 12 años.

De igual manera dispone que quien induzca a un menor de 18 años a autolesionarse o le preste una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de dos  a cuatro  años. Si la conducta se realiza a través de Internet o cualquier otro medio electrónico, incurrirá en pena de prisión de cuatro  a ocho  años.

Sobre esta iniciativa el Consejo Superior indica que puede distorsionar la institucionalidad de la política criminal y pretende modificar una Ley Estatutaria a través de una ordinaria.

Otras iniciativas

Sobre el proyecto de  Ley Estatutaria 044 de 2017 Cámara, el Consejo Superior de Política Criminal asegura que puede afectar derechos ciudadanos protegidos por la Constitución Política.

De la misma forma, consideró que el Proyecto de Ley 065 de 2017 Cámara -que pretende establecer medidas de protección para personas en situación de prostitución- puede afectar el libre ejercicio de una actividad que el Estado colombiano no ha criminalizado.

De acuerdo con la Ley 65 de 1993 son miembros del Consejo Superior de Política Criminal el Ministro de Justicia, el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General de la Nación, el Ministro de Educación, el Procurador General de la Nación; el Defensor del Pueblo; el Director General de la Policía Nacional, entre otros.