El titular de la entidad advierte que los niveles de hacinamiento son históricos. Dice que por la ofensiva contra el microtráfico aumenta el número de presos y no hay infraestructura para albergarlos. Insiste en acudir a Emergencia Social y dice que proyecto de Código Penitenciario es apenas un paliativo a la crisis. Pide reformas penales sobre todo para saber cuándo afectar el concepto de libertad

 

 

EL NUEVO SIGLO:- Tras sus visitas a distintos penales del país ¿cuál es su diagnóstico sobre la realidad de la crisis carcelaria? 

Jorge Armando Otálora:-La realidad de la crisis carcelaria es que nunca habíamos tenido una situación tan grave como la que estamos viviendo. Siempre hubo índices de hacinamiento y eso ha sido histórico, pero nunca se había llegado a los niveles del 56 por ciento de  hoy. Tampoco nunca los jueces habían cerrado cárceles mediante acciones de tutela: hoy ya llevamos 22 cárceles cerradas.

Eso evidencia y dimensiona el grave problema que se vive en las cárceles, que es de toda índole: no les dan salud; en algunos centros carcelarios hemos encontrado que la alimentación es absolutamente pésima, tal como lo denunciamos ante la Contraloría y ya incluso se hicieron investigaciones; no se permite a la totalidad de los internos la reducción de penas por trabajo porque no existe la capacidad para que los reclusos puedan acceder a esas opciones… En fin, todo eso lo único que hace es desconocer los derechos humanos de las personas que están en estos centros carcelarios.

ENS:- En el Congreso se está discutiendo el proyecto de Código Penitenciario ¿Esa iniciativa va a solucionar de fondo esta crisis?   

JAO:- Pues el Gobierno ha planteado varios frentes y uno de esos es la reforma del Código Carcelario. Pero la reforma como tal no va a solucionar todo el grave problema carcelario y eso debe quedar muy claro para que no se generen falsas expectativas. Ese va a ser un paliativo que, aunado a otra gran cantidad de reformas que se pretenden llevar a cabo, podría, pero muy a largo plazo, solucionar el problema. Esa es la preocupación de la Defensoría, por eso he insistido al Gobierno Nacional en que estudie la posibilidad de decretar la Emergencia Social que trae la Constitución como “Estado de conmoción”, en lugar de acudir a la figura -como efecto ya lo hicieron- de la Emergencia Carcelaria, que no va a solucionar esos problemas macros del tema carcelario.

ENS- ¿Le ha expresado a la Ministra de Justicia que ese proyecto de Código Penitenciario es un paliativo?

JAO: Sí, ese es un paliativo que a mediano y largo plazos puede funcionar en deshacinar, pero no va a ser la solución que todos estamos esperando. Por eso no hay que generar una expectativa de que la reforma será una solución carcelaria, no lo considero, ese es simplemente un paliativo. Obvio, entre más se tomen medidas de esa naturaleza, sumadas todas, van a llegar a solucionar el tema carcelario. 

ENS:- ¿Puntualmente qué le ha respondido el Gobierno sobre la Emergencia Social?

JAO:- Que están estudiando el tema y mirando qué ocurre mediante la Emergencia Carcelaria, que la decretaron hace más de casi dos meses y estamos evaluando qué bondades se han desarrollado por medio de la misma. La verdad hasta el momento están haciendo una presentación y una planificación, pero esperemos a ver. Todo lo que se haga, que les mejore la dignidad y condiciones a los reclusos, bienvenido sea.

Lamentablemente esta Emergencia Carcelaria no ha logrado solucionar el problema  central de las cárceles, que es el hacinamiento. Y no lo va a lograr porque lo que se plantea ahora es la creación de cupos o su ampliación, así como la creación a largo plazo de nuevas cárceles, pero eso se demora.

Alud de detenciones

ENS:- ¿Por qué hay tantos detenidos?

JAO:-  El tema actual es que la Policía ha llevado a cabo por orden del Presidente de la República operativos muy importantes contra el microtráfico. A medida que se hacen esas operaciones, pues se va a incrementar el número de personas detenidas y por eso observamos hacinamiento en los centros que no están construidos ni acondicionados para recibir tantos detenidos, como son las URIS de la Fiscalía… El desconocimiento de los derechos humanos es atroz porque las personas están amarradas, esposadas en los pasillos, botadas en los parqueaderos. Ese es un espectáculo muy triste y deprimente.

Eso es consecuencia del accionar de la investigación y de la Fuerza Pública, que están haciendo sus trabajos. Lamentablemente en las cárceles no estamos preparados  para recibir ese volumen de internos que hay.

Y es aquí en donde planteamos en alguna oportunidad al Fiscal General que es necesario revisar el sistema penal como tal y si todos los delitos merecen o no tener detención preventiva. Lamentablemente cuando se incrementaron las penas de un solo tajo en todo el Código, no se hizo ese estudio de la política criminal, pues era apenas  mínimo y necesario sentarse a revisar  qué conductas requieren una medida de aseguramiento y cuáles no.   

ENS:-Usted es un jurista, fue magistrado y ahora Defensor del Pueblo ¿Cuál es su posición frente a la petición del Gobierno a los jueces para que no le sigan cerrando las cárceles a través de acciones de tutela?  

JAO:- Esa es una preocupación que entiendo de parte y parte. Hay que entender a los jueces ante esos escenarios que les han tocado… En La Guajira llegamos a niveles de hacinamientos de 400 por ciento, cárceles que están construidas para 95 personas y hay más de 500. Esas son las condiciones que por más que uno entienda la solicitud del Gobierno no puede compartirla, porque hay centros carcelarios que no pueden recibir más internos, porque no lo permite el grave problema de hacinamiento y el desconocimiento de temas como la salud.

La semana pasada hubo huelga de hambre por esto último en Santa Marta. Allí la Defensoría intervino como mediadora y se logró levantar la protesta con los compromisos que asumía Caprecom. Pero ese es el pan de cada día por el grave problema de hacinamiento y desconocimiento de las garantías que tiene cualquier ser humano.

Entonces, en algunos temas entiendo el hacinamiento por los altos niveles de criminalidad, pero en otras no puedo compartir con el Gobierno. Es el caso de Santa Marta, una cárcel que ya está llegando a los niveles del 300 por ciento y los reclusos están en unas condiciones muy difíciles...  

ENS:- ¿Cuál es la cárcel en donde se presenta el mayor hacinamiento?

JAO:- Hay varias cárceles. Ahí está la cárcel de Bogotá que, por fortuna, ya se ha venido descongestionando debido al cierre de las cárceles mediante tutela. Se ha venido mejorando al igual que la de Bellavista (Medellín), que al menos ha parado el ingreso de internos… La más grave era la de La Guajira, que tenía 400 por ciento, pero Santa Marta sin lugar a dudas es una de las que tiene mayor hacinamiento a nivel nacional.

 

¿Sin defensores?

ENS:- ¿Qué responde a quienes dicen que una parte del gran hacinamiento se debe a que la estructura de la Defensoría, en materia de defensores de oficio es muy baja y no tiene suficientes abogados para asesorar a los presos que tienen derecho a la libertad condicional?     

JAO:- Si bien nosotros tenemos un déficit de servidores públicos, no es cierto (el señalamiento) porque hasta el momento no tengo solicitud de ninguna cárcel, solicitud de ningún lado de alguien que quiera asistencia de abogado. Me he preocupado para que esa asistencia se dé, que si bien no tenemos abogados para unas áreas, para el tema de cárceles sí.

Aquí lo que hay es un gran problema: la carencia de jueces de ejecución de penas, ya que no han resuelto las peticiones que están en sus escritorios. Pero es que con el número de peticiones no dan abasto los jueces. Luego aquí no es tanto quién haga la petición, sino fundamentalmente quién la atienda o desatienda…

ENS:- ¿Se acusa al Congreso de incurrir en el llamado populismo punitivo, es decir crear muchos tipos penales y a todos darles cárcel?

JAO:- Claro, ese es uno de los diagnósticos que siempre se ha evidenciado, y ya por fortuna en el Consejo de la Política Criminal se está tratando de generar como un control o un permanente acompañamiento. Frente a los graves problemas sociales que muchas veces los medios de comunicación denuncian, automáticamente la reacción de algunos legisladores es acudir a la figura del Código Penal. Ya perdimos la importancia, la esencia de la figura de la tipificación penal, esa es la última razón del Estado.

Nosotros no podemos generar todos esos procesos de educación a través de prohibiciones de tipo penal, eso es atraso, un retroceso en la sociedad.

Si hacemos memoria, por ejemplo, había muchas denuncias sobre personas que iban manejando y sus acompañantes porque no tenían el cinturón de seguridad y se registraban accidentes… Fíjese que se generó un gran proceso de educación, de capacitación al respecto. En esa época el alcalde Mockus generó un gran proceso pedagógico en la ciudad. Y también se acudió a incrementar unas multas de tránsito… Hoy en día la gente tiene claro que el cinturón es algo necesario y no acudimos a tipificar como delito que el que no use el cinturón entonces lo mandamos a la cárcel. Claro, el camino más fácil es el de ahorrarle al Estado como tal ese proceso de educación y mejor acudir al tipo penal, pero no podemos llegar a tipificar todo.

 

Menores infractores

ENS:- También hay problemas graves en los centros de detención de los menores infractores ¿En ese aspecto qué ha detectado?

JAO:- En ese proceso hemos tenido, por ejemplo en Cali, graves inconvenientes debido al hacinamiento. Pero allí hay otro problema y es que logramos encontrar otro centro para deshacinar, pero como ocurre en el país: todo el mundo quiere que haya cárceles, pero que estas no funcionen en su ciudad, su departamento ni en su barrio. Aquí tuvimos un gran problema porque los vecinos se oponían a que funcionara un centro de estos. Aunado a ello hay que entrar a revisar esa jurisdicción, pues así como se pide revisar todo el tema penal de adultos, es el momento de entrar a revisar el sistema juvenil.

ENS:-¿Tiene Colombia, de acuerdo a la crisis que usted evidencia en materia de derechos humanos en las cárceles, el riesgo de algún tipo de llamado o condena internacional?   

JAO:- Claro, hay un riesgo de que en cualquier momento la comunidad internacional se pronuncie. Incluso una de esas cárceles, la de Santa Marta, la visité con la representante de la Alta Comisionada para DDHH de la ONU y pudimos evidenciar la crisis. Cuando hago visitas a diferentes regiones de nuestro país, las hago en compañía de Naciones Unidas y la Acnur. Vemos toda la problemática de derechos humanos, entre ellas la de las cárceles. 

ENS:- Ahora que se está hablando de las víctimas y sus derechos a la verdad, justicia y reparación, hay quienes dicen que éstas deben tener la prioridad y no concentrarse tanto en los victimarios que son, precisamente, los que están en las cárceles ¿Qué responde?

JAO:- No, el Estado como tal tiene que atender todos los frentes. Claro, las víctimas están en primer orden, así lo ha dicho la normatividad y se ha generado una política muy agresiva de reconocimiento de esas víctimas, como la ley 1448. Eso va caminando y tiene que seguir así, mejorando porque todavía hay muchas fallas y falta armonizar todas las instituciones. Pero aquí no se trata de continuar con un grupo y dejar a los demás, el Estado debe trabajar de manera articulada en todos los frentes, debemos estar respondiendo y haciendo presencia.

ENS:- Algunos sectores en el Inpec dicen que muchas de las denuncias de los presos ante la Defensoría no tienen piso real y lo que buscan es bloquear a la Guardia Penitenciaria, hacer sancionar a directores de los penales que están imponiendo disciplina ¿Qué cree?

JAO: No voy a entrar en una controversia con los guardianes en ese sentido. Mi trabajo es atender todos los llamados y quejas, y tramitarlos. Ya será el mismo Inpec el que debe valorar, por medio de su control disciplinario, y señalar si todas esas quejas tienen asidero o no.

 

Concepto de libertad

ENS:- ¿Cree que en Colombia se afecta, desde el punto de vista de lo penal, de manera muy fácil el concepto de  libertad?

JAO:- La sociedad colombiana cuando introdujo el Sistema Penal Acusatorio no lo entendió. En los sistemas acusatorios puros, donde funcionan, la libertad es la regla general y la excepción es la cárcel, lo que quiere decir que solo para delitos de grave impacto para la sociedad (homicidio, secuestros, accesos carnales…) tiene lugar la detención preventiva, mientras que los demás delitos tienen lugar a una fianza para que la persona se prepare y enfrente el proceso estando en libertad.

Eso tiene varios temas importantes: primero, no se congestionan las cárceles; y, segundo, esas personas no pueden acudir a demandar al Estado por error en la administración de justicia, algo que estamos viviendo hoy. Estamos llegando casi a los 50 billones de pesos en demandas por fallas en la administración de justicia, porque aquí nosotros detenemos sin avanzar el proceso y los tribunales terminan absolviendo. Y, entonces, automáticamente se viene una demanda contra el Estado por falla en la prestación del servicio. Hay que observar las demandas que hay en contra de la Fiscalía, cuando dictaba las medidas de aseguramiento, y contra los jueces el día de hoy.

ENS:- Pero hay una paradoja: de un lado se pide detener sólo a los delincuentes más peligrosos, pero cuando la Fiscalía anuncia una reforma en donde se privilegia investigar y perseguir a las organizaciones delincuenciales más que al raponero de esquina, la gente protesta de inmediato ¿Cómo entender eso?    

JAO:- Ese es un grave problema que tiene la sociedad, que cuando se hacen estas denuncias, cuando denunciamos los graves problemas de derechos humanos, las consecuencias son tener a mucha gente privada de la libertad. Pero con posterioridad le toca al Estado pagar por haberlos detenido y posteriormente haber reconocido su inocencia. Pero por otro lado, muchas veces la presión social sobre determinadas conductas, lleva a que la sociedad reaccione automáticamente, pida castigos y ahí se presenta el populismo punitivo.

ENS:- Esos mecanismos alternativos a la prisión intramural, como la casa por cárcel o los brazaletes de vigilancia electrónica, se han convertido en una patente de corso para la reincidencia delictiva ¿Qué hacer para evitar eso y aprovechar medidas que permiten tener menos gente en la cárcel?

JAO:- Tener más controlesy vigilar que funcionen, pero el tema no es acabar con esas figuras del Código de Procedimiento Penal. El tema es asegurar que esas instituciones cumplan con su cometido. Hay que mirar a quiénes se les está otorgando ese beneficio y la clase de conductas que pueden ser beneficiadas.