Responderá por concusión, peculado por apropiación y prevaricato por omisión.

EL SUSPENDIDO alcalde Mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, rompió el hielo. Después que se aplazara la audiencia que lo juzga por su presunta participación en el cartel de la contratación, ayer emitió una comunicación donde desmiente que esté dilatando la diligencia judicial.

La aclaración del mandatario capitalino se registra unos días después que el nuevo defensor Jorge Arenas Salazar solicitará al juez aplazar la audiencia que estaba programada para el jueves pasado, con el argumento que requería tiempo para preparar la defensa técnica.

De acuerdo con la imputación de cargos que tiene en el escritorio la Fiscalía General de la Nación contra Moreno Rojas, la investigación tiene que ver con la cesión del contrato de la Fase III de TM por la Calle 26, el supuesto cobro de los cinco mil millones de pesos a los Nule, entre otros.

La prueba reina es la grabación donde el ex representante Germán Olano Becerra, Mauricio Galofre y Miguel Nule Velilla expresan la existencia de un acuerdo de pago de comisiones por adjudicación de obras públicas en el IDU, en el cual se incluye a los hermanos Moreno.

En resumen, la Fiscalía responsabiliza a Moreno Rojas de los delitos de concusión, peculado por apropiación en calidad de determinador y prevaricato por omisión como autor que podrían dar como resultado cárcel entre los 11 años hasta 15 años.

“La inasistencia a las audiencias programadas para los días 29 de julio y 25 de agosto, NO son estrategias de defensa, ni actos de dilación y menos falta a la lealtad procesal, como se lo presentaron a la opinión pública”, indica el mandatario. El siguiente es el texto del comunicado:

1- Inexistencia de renuencia a asistir a las audiencias:
El día 28 de julio, solicité el aplazamiento de la audiencia programada para el día siguiente, porque mi defensor de confianza, Dr. Carlos Arturo Gómez Pavajeau, había renunciado a continuar adelantando la defensa técnica, por la compulsa de copias para que se le investigara penalmente por la Corte Suprema de Justicia, ordenada por el Fiscal que adelantaba la investigación de la referencia. Esa compulsa de copias, no fue causada por mí, ni se me puede responsabilizar de ello. Fue un hecho originado por la propia Fiscalía, la que me dejó sin defensa técnica y con la carga de conseguir nuevamente un abogado que asumiera y garantizara ese derecho fundamental.

Dicha solicitud de aplazamiento fue aceptada por el juez 45 de control de garantías.

El día 22 de agosto de 2011 mi defensor de confianza, Dr. Jorge Arenas Salazar, solicitó se aplazara la audiencia programada para el día 25, con el fin de tener el tiempo razonable para preparar la defensa técnica.

Esa solicitud igualmente fue aprobada por la juez 10 de control de garantías.

La defensa técnica es un derecho fundamental, que debe ampararse por todos los funcionarios públicos, en especial por los funcionarios judiciales y órganos de control. No consideré que mi presencia fuera de carácter obligatorio, para tomarse la decisión del amparo constitucional y legal.

2 -  Inexistencia de deslealtad procesal:
El día 19 de agosto de 2011 el Dr. Jorge Arenas Salazar me manifestó que aceptaba llevar mi defensa técnica, asumiendo que obtendría el plazo razonable.

El día 22 de agosto de 2011 el Dr. Jorge Arenas Salazar dio a conocer, de sus actividades profesionales adquiridas con antelación, debidamente acreditadas y solicitó le concedieran el término prudencial y razonable para preparar la defensa.

En la audiencia del día 25, fue fijada como nueva fecha el día 19 de septiembre de 2011.