Gabriel Sonny Cubillos
Periodista de EL NUEVO SIGLO
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no puede seguir como va. En ello coincidieron varios de los nuevos integrantes de esta discutida célula legislativa, que esta semana iniciará labores con la elección de la mesa directiva. Días antes en un polémica hecho fueron repartidos a sus 15 miembros los 1.155 procesos acumulados.
A pesar de que los nuevos integrantes, algunos de ellos que llegan por primera vez al Congreso, manifestaron su mejor voluntad para afrontar la difícil tarea de resolver la congestión de procesos por demandas disciplinarias y denuncias penales que reposan en esta Comisión, algunas desde hace varios años, contra presidentes de la República, fiscales generales y magistrados de las altas Cortes, lo cierto es que el futuro de esta célula se encuentra en suspenso porque seguramente el Gobierno nacional insistirá en suprimirla, como sucedió en la fracasada reforma a la justicia en 2012, la cual al final el presidente Santos pidió al Congreso hundirla por una serie de ‘micos’ que se colaron en la etapa de conciliación.
De esa época a hoy existen coincidencias en el Gobierno y algunos sectores del Congreso en que la Comisión de Investigación y Acusación debe desaparecer porque, además de la ineficiencia que ha mostrado en el manejo de los procesos en sus manos, la principal razón es que no es congruente para un órgano político, como es el Congreso, que se ocupe de investigar y acusar en materia penal, nada menos que al Presidente de la República.
En la citada fracasada reforma a la justicia, dicha célula desaparecía y sus funciones eran asumidas por una comisión de aforados constitucionales; por otra parte, el Congreso se quedaba con la facultad de hacer un juicio político al jefe de Estado.
Nuevos ojos
Angélica Lozano es una de las caras nuevas en el Congreso. Ella señala que quiso hacer parte de la Comisión de Investigación, justamente para saber cómo era por dentro esta célula tan criticada. “La Comisión siempre ha sido de absoluciones, ha sido inoperante, ha sido un lugar oscuro del que no se sabe nada de su funcionamiento, por eso quise integrarla para ver desde adentro si eso tiene arreglo o si definitivamente la reforma a la justicia tiene que empezar por aclarar instancias que sí funcionen, que no sirvan de instancias chantaje del Congreso a las Cortes”, indicó la representante por Bogotá del Partido Alianza Verde.
Por otra parte, el representante por Antioquia, Nicolás Albeiro Echeverry (Partido Conservador), también integrante de esta Comisión, indicó que por ser su primer periodo en el Congreso, las referencias que tiene de esta célula es lo que se ha dicho públicamente sobre ella. “Conozco poco sobre la mecánica y antecedentes de la Comisión porque soy nuevo en el Congreso. Como ciudadano siempre me ha llamado la atención esa doble condición de legislador y de juez, creo que en eso hay que buscar precisiones. También considero que la justicia siempre debe preservarse de lo político”.
Sin embargo, el Legislador dijo que antes de emitir un concepto de fondo sobre cuál debería ser el futuro de la Comisión de Investigación y Acusación, prefiere conocer más de la misma a través de la gestión que desarrollará.
Por otro lado, el representante conservador a la Cámara por Boyacá, Humphrey Roa, dijo sobre este asunto que “soy de las personas que he sido crítico de las circunstancias de la Comisión, pero también estimo que todo lo que toque hacer en beneficio de la justicia en nuestro país, en donde haya pesos y contrapesos, donde haya un equilibrio y que no solamente salgan beneficiados unos sino que salga beneficiado todo el pueblo colombiano, hay que hacerlo. No me opongo, si la mejor solución es acabar la Comisión, estoy de acuerdo, pero considero que para los pesos y contrapesos se debería reestructurar y darle los dientes correspondientes para que ellos puedan actuar”.
Añadió que una Comisión de Acusación donde solamente tiene uno o dos profesionales asesores para cada uno de los parlamentarios, “donde llegan muchas demandas, donde se presentan muchas quejas de los funcionarios de altos cargos demandados por una u otra circunstancia, debe tener una herramienta para poder hacerla eficiente. Y aún más, los funcionarios que hagan parte de una Comisión de estas deben tener las garantías correspondientes para poder actuar y manifestar jurídicamente lo que corresponde”.