Presiones indebidas que habría ejercido la Fiscalía en acciones de control fiscal de la Contraloría motivaron un enérgico pronunciamiento de esta última entidad.

A través de un comunicado, la Contraloría rechazó lo que calificó como “la forma avasallante y arbitraria como se viene comportando” la Fiscalía bajo la dirección de Eduardo Montealegre, en contra suya de unos 70 de sus funcionarios “que en forma permanente deben soportar las pesquisas en sus sitios de trabajo a cargo de los agentes del CTI, enviar comunicaciones y documentos incluso dos veces diarias, y asistir a las múltiples diligencias a que se les cita desde hace más de dos años”.

“A más de las investigaciones acuciosas, constantes, maliciosas” abiertas por la Fiscalía, según el comunicado, ahora sus agentes “no dudan en presionar el sentido de las decisiones”.

“Las personas que han adoptado las decisiones de responsabilidad fiscal sobre Saludcoop, DNE, Chance de Caldas, Túnel de la Línea, Autopista Bogotá Girardot, Conigravas, Aerocafé y Servigenerales (de Alberto Ríos) están siendo investigadas”, señaló el comunicado, anotando que lo que rebosó la copa fue que funcionarios de la Fiscalía abordaran al agente de la Contraloría cuando estaba por “adoptar una decisión de imputación” advirtiéndole “de un posible prevaricato”; ayer le habrían solicitado “copia de dicha decisión ya adoptada y una prueba que había sido pedida por el presunto responsable”.

El caso en que ocurrió la señalada irregularidad involucra el “chance de Caldas, en el que anticipadamente se renegoció el contrato para reducir la tarifa a quien al parecer tenía vínculos comerciales con el Gobernador de la época”.

Para la Contraloría, “el control fiscal en Colombia viene siendo objeto de una censura en tiempo real” y sus funcionarios “están siendo sometidos a una presión indebida como consecuencia de la persecución permanente de la Fiscalía”, actitud que habría comenzado luego de que se denunciara la presunta conducta irregular de Montealegre con Saludcoop.

Para la Contraloría la Fiscalía está “criminalizando las decisiones proferidas para recuperar los dineros de los colombianos que se han apropiado indebidamente por terceros”, identificando “el control fiscal como actividad de alta peligrosidad” por lo que, al parecer, habría “sido necesario formular como política criminal prioritaria la lucha contra la contralora y los más eficientes funcionarios de la entidad”.

Según se consignó en el comunicado, las decisiones administrativas investigadas se tomaron “con exactamente el mismo presupuesto que anualmente se le venía asignando a la Controlaría, desde el 2010, sin que haya habido incrementos significativos”.