La jefa del ente de control fiscal dice que, al parecer, algunos proyectos están muy fragmentados y son de poco impacto social o económico. Dice que no estaría en condiciones de aspirar a reelegirse. Reitera advertencias sobre el proyecto de reforma a la salud y delinea lo que debería buscar la pensional. Habla sobre reformas a la Contraloría, los logros de su gestión y cómo avanza el caso DNE. 

EL NUEVO SIGLO:- Ya arrancó el nuevo sistema de regalías y los OCAD aprobaron bastantes proyectos  ¿Cómo está el proceso de vigilancia de este nuevo sistema y de estas nuevas inversiones para evitar el mismo hueco de años pasados?

SANDRA MORELLI:-Empiezo por decirle que en este ámbito hemos articulado el mismo método que se hizo para la ola invernal: un seguimiento día a día con resultados inmediatos. Eso nos ha permitido utilizar la Función de Advertencia de manera oportuna, para que se ponga mayor atención en determinadas decisiones. Por ejemplo, estuvimos muy pendientes de que se articulará la institucionalidad nueva y empezara a funcionar. De lo contrario, creo que aún estaríamos en fase de integración de esas instancias y la ejecución sería aún más pobre de la registrada el año anterior, la cual no superó el 25% de los 9,1 billones recibidos por concepto de regalías, y eso que de ese porcentaje la mayor cantidad se fue a los fondos de ahorro del sistema (FAE y Fonpet), lo que implica una ejecución real en inversión menor al 5% de los recursos recibidos.

En cuanto a cómo estamos actuando para evitar el hueco, lo que puedo decir es que a partir de la entrada en vigencia del fortalecimiento institucional que nos dio el Congreso en la Ley de Regalías evaluando los recursos del Sistema de Regalías anterior, los hallazgos fiscales en solo cinco meses de operación de la nueva planta superaron más del doble de cualquier vigencia en el pasado. Los beneficios obtenidos estuvieron por encima de 40 mil millones debidamente consignados en las cuentas del tesoro, cuando antes no superábamos los 4 mil millones por regalías. Conformamos un grupo élite que está actualmente trabajando para fallar procesos de responsabilidad fiscal este año por más de 150 mil millones de pesos. Ahora, frente al nuevo sistema esperamos tener una ejecución aceptable este año que le permita a la Contraloría poder evaluar la transparencia, oportunidad, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos.

Por ahora las acciones estarán orientadas a evaluar la pertinencia e impacto de los proyectos aprobados que al parecer, están muy fragmentados, son de poco impacto social o económico, y por sobre todo, no guardan relación directa con la problemática que ha generado la explotación minera.

Condiciones pensionales

ENS:- ¿Tiene la Contraloría alguna opinión de lo que debe ser la hoja de ruta de la reforma pensional?

SM:-La reforma pensional debe propender por generar condiciones para un equilibrio fiscal y que se cumpla con el principio constitucional desde la expedición del acto legislativo de 2005, y que está implícito en el artículo 48 de la Carta, relacionado con la sostenibilidad financiera. En este sentido los reconocimientos pensionales, como también lo menciona la Constitución, deben ser el resultado de la promoción de una igualdad real y efectiva (art. 13) y de cotizaciones y tiempos de servicios realmente prestados. Las pensiones meramente graciosas a tempranas edades y sin soporte alguno de cotización representativa de la prestación a recibir, atentan contra el principio de la sostenibilidad financiera y contra el principio de la solidaridad. Para lograr un sistema pensional en equilibrio y que, a la vez, responda a los principios constitucionales de un estado social de derecho, es menester poner fin a los regímenes especiales y exceptuados que no respondan a una política pública específica. Tal es el caso por el momento del régimen del Presidente de la República y del Régimen de las Fuerzas Militares. En buena hora ya están los plazos máximos de pensiones reconocidas bajo regímenes especiales por fuerza de la permanencia del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. De igual manera los subsidios que el Estado considere necesarios deben dirigirse a la población más necesitada y vulnerable. La inequidad hoy reinante debe desaparecer. No puede ser que quien más gana, mayor pensión tiene por cuenta de un mayor subsidio con recursos públicos. Acorde con lo anterior, habrá que en todo caso construir un sistema que consulte el perfil demográfico de nuestra población, las inequidades de género, los problemas estructurales del mercado laboral y generando una prestación mínima, básica y solidaria para la población adulta mayor. Nada de esto podrá construirse de manera estable si no tenemos unas finanzas públicas sanas y sostenibles, en donde los pasivos pensionales ya consolidados se revelen, amorticen y fondeen de manera transparente y adecuada, de tal suerte que permitan adoptar las medidas y políticas financieras y fiscales adecuadamente.

Peros a la de salud

ENS:- ¿Qué le ha dicho el Ministro del ramo sobre la posibilidad de que las investigaciones por el desfalco a la salud se podrían caer debido a la posible privatización de los recursos del sistema si llega a aprobarse la reforma a la salud en el Congreso?

SM:-Sí, efectivamente, el Ministro de Salud tuvo la amabilidad de buscarme luego de radicado el proyecto ordinario de reforma a la salud y antes de que me advirtieran el asunto, yo abordé el tema diciéndole lo curioso que resultaba esa frasecita al interior del literal del artículo cuarto del proyecto, toda vez que desconocía la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las decisiones del Consejo de Estado y que, obviamente, eran el único sustento posible para las decisiones de los organismos de control.

Agregué que las instancias políticas tienen relativa libertad para definir esos aspectos, pero que en tal caso debía mediar una reforma constitucional. Ahora bien, respecto a las investigaciones le aclaré que esas disposiciones no tenían carácter retroactivo y que de todas maneras, así fuera a la luz del derecho privado, lo que la Contraloría y la Procuraduría adelantaron en este ámbito, tenía que ver con la utilización de recursos de manera distinta a como debía haberse hecho, incluyendo la apropiación del mandatario o de quien presta un servicio de cuenta del tercero, lo cual merece reproche y sanción civil consistente en la reparación del daño, que en este caso sería, cuando menos, la restitución del recurso, derivada obviamente de lo que se conoce como responsabilidad contractual.

ENS:- ¿Qué le ha dicho el Gobierno, sobre todo el Presidente -que tanto ha hablado de las investigaciones del desfalco a la salud- sobre sus preocupaciones?

SM:-No, el Gobierno no me ha manifestado ninguna preocupación. Cuando iniciaron (la presentación del proyecto) y me percaté de su envergadura, informé detalladamente al señor Presidente y a su equipo de trabajo pero él y yo no hemos abordado el asunto.

ENS:- ¿Qué otra falencia le ve al proyecto de reforma a la salud?

SM:- El proyecto de reforma a la salud parte de un falso dilema consistente en la disyuntiva existente entre modelo de estatización o un modelo de privatización. Es un dilema imaginario, pues no existe una sola persona, ni el Senador Robledo y tanto menos la Contraloría, que haya razonado dentro de esa disyuntiva. La idea es preservar lo que hoy existe pero lo que es lamentable es que no se adopten correctivos en los aspectos que contaminan ese modelo; me refiero al control de precios de los medicamentos; costeo real para establecer cuánto cuesta la UPC de verdad; la mal llamada integración vertical, que ha sido en realidad apropiación indebida de recursos; los contratos de capitación a todos los niveles, el control, la unificación y otras órdenes de la Corte no se reflejan en el proyecto. Hay estrategias para evitar estímulos perversos como pago por evento, lo cual está bien… En su momento entregaremos el análisis que nos solicitó el Congreso. En la ley estatutaria lo que no se puede perder de vista es que el núcleo duro del derecho a la salud no puede ser limitado. Más que reformas legislativas que, repito, son decisiones políticas legítimas del Gobierno y el Congreso, en ejercicio de sus competencias, la salud requiere correctivos de orden administrativo.

La Contraloría, haciendo un mal cálculo, pensó que era urgentísima, mas el paso del tiempo nos demostró que el sistema no está moribundo. Sin grandes virajes tampoco ha habido colapsos. En cuanto al servicio, que es un concepto distinto, que hablen los pacientes.

 Control fiscal

ENS:- ¿Presentar un proyecto al Congreso para tener más presupuesto y crear más cargos en la Contraloría en plena época electoral no sería peligroso por los condicionamientos que le podrían exigir los parlamentarios?

SM:-En primer lugar esta no es época electoral. En segundo lugar quisiera que me indicaran una sola decisión mía que haya beneficiado a un candidato a partido político. Llevo como 30 meses en este cargo y sigo con el género y sin la especie. En cuanto a los cargos, no se crean, es el traslado de la planta de quienes laboraban en el DAS y que por el hecho de ser aforados iban a quedar cesantes porque no se podían trasladar. El DAS en liquidación demandó el fuero para poderlos declarar insubsistentes. La Contralora consideró que era un mal mensaje para un país garante del sindicalismo y el derecho de asociación. Y consideró que era injusto. Le dije al doctor Giraldo que procediera a mandarlos a la Contraloría en comisión. Esa situación se regulariza trasladándolos y creando los cargos en la Contraloría. No son recursos nuevos, no son servidores públicos nuevos. Ninguna entidad los iba a recibir y de todas maneras la OIT hubiera reprochado esa discriminación, aunque podía ser legal lo que se iba a hacer.

ENS:- ¿Hoy por hoy en dónde están los mayores riesgos de detrimento fiscal a nivel nacional, regional y local?

SM:-En regalías podríamos decir que en los entes territoriales que han estado cooptados por grupos al margen de la ley, en municipios donde la debilidad institucional campea por la falta de organización y en la atomización de recursos que permite el nuevo SGR, generando un desafío titánico para el control fiscal.

ENS:- ¿Cómo va el proceso de las pensiones altas de los magistrados y congresistas?

SM:-Mire, eso puede ser antipático pero no es ilegal. Lo que pasa es que ese estatus no puede generalizarse por vía del principio de igualdad tutelado en instancias judiciales. Se refiere a una población específica, para un periodo específico y ese punto debe quedar claro. Los demás aspectos también. Es decir, cuál es la base para liquidar la pensión, cuáles son los factores pensionales. Estas variables no pueden ser escogidas caprichosamente y de manera diferenciada por las distintas autoridades. Y qué decir de la mora en el pago de las pensiones, que incrementa los costos para el Estado en 1.4 billones de pesos al año.

ENS:- Siempre se ha dicho que al año se pierden en Colombia 4 billones por corrupción, ¿Qué tan cierto es eso y cómo se ha disminuido con la nueva política anticorrupción?

SM:-Mire, a mí me parece que todas esas cifras son susceptibles de glosa. No me parece sano que se apoyen en cálculos teóricos. En esto se debe ser más casuista. Ahora bien, le puedo mostrar nuestros resultados. No todos son por actos corruptos, hay condenas por procesos, recuperaciones y originadas en decisiones ineficientes o ineficaces, o porque no logran el resultado. Se trata de resultados interesantes.

ENS:- En el Congreso se está planteando un acto legislativo para aprobar la reelección en la Contraloría  ¿Está de acuerdo con esa posibilidad? ¿Le gustaría reelegirse? ¿O considera que esta clase de proyectos no se deberían aprobar?

SM:-Toda la iniciativa parece que responde a un voto de confianza. En segundo lugar, creo que las instituciones no deben transformarse de tal manera que puedan beneficiar a una persona en particular. Esto desinstitucionaliza y eso no es sano. En tercer lugar, en caso de que se modificara el período, yo no estaría en condiciones de aspirar nuevamente.

Caso DNE

ENS:- ¿La Contraloría tiene algún tipo de investigación frente a lo que pasó en la antigua DNE?

SM:-Recordemos que lo primero que hicimos fue calificar como negativa la gestión de la antigua DNE puesto que siempre su cuenta había sido fenecida. Esto es que la CGR consideraba como satisfactoria la gestión fiscal y administrativa de esa entidad. La DNE marginó su competencia de implementar políticas para la lucha contra el tráfico de estupefacientes y se dedicó a la administración de bienes incautados y extinguidos a narcotraficantes. Sin embargo, no contaba con la estructura, controles y sistemas de información para desarrollar semejante desafío. Ante la ausencia de controles la institución se convirtió en presa fácil para las mafias, y a ello hay que agregarle la presunta complicidad de alguno de sus funcionarios y directivos, de allí las funestas consecuencias. Son cientos los hallazgos con incidencia fiscal, penal y disciplinaria que la CGR levantó en sus auditorías durante las vigencias 2010 al 2012 y aún se siguen encontrando. Los 26 procesos de responsabilidad fiscal que actualmente se adelantan, donde el 95% de ellos fueron iniciados en esta administración, ascienden a la suma de 70 mil millones de pesos. Las razones de las investigaciones son de diversa índole, pero se destacan la venta de bienes por valores inferiores a los de su valor comercial, la explotación de bienes rurales como fincas sin reportar utilidades para la DNE y desaparición de bienes de la base de datos. Lo peor es que el mal aún persiste, puesto que estas debilidades no se han podido subsanar por parte de la entidad hoy en liquidación.