Un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. Esa bien puede ser la conclusión de la Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre la lucha contra las drogas que se realizó esta semana en Nueva York.

 

Para quienes defienden los resultados de la asamblea, la tercera que se realiza en la historia, siendo las dos primeras en 1990 y 1998, la importancia de la resolución que fue adoptada por los representantes de más de 190 países que hacen parte del pleno de Naciones Unidas, radica en que comenzó a tener eco a la petición que en 2012, en el marco de la Cumbre de las Américas que se realizó en Cartagena, se hizo para abrir un debate sobre la necesidad de un nuevo enfoque de la lucha contra el narcotráfico.

 

La resolución aprobada, que fue producto de la discusión de los más de 50 países que hacen parte de la Comisión de Estupefacientes, parte de la base de que es necesario reformar algunas premisas de la lucha contra el narcotráfico, habida cuenta de que a pesar de los múltiples esfuerzos por acabar con los carteles y demás organizaciones delincuenciales derivadas, el flagelo de las drogas no sólo se mantiene, sino que ha demostrado una impresionante capacidad de reciclaje. 

 

En ese orden de ideas, la resolución adoptada por la ONU parte de la base de la necesidad de que las políticas antidroga aborden esta problemática no sólo y estrictamente desde un enfoque prohibicionista y represivo, sino también desde el punto de un problema de salud pública. Es decir, que se busque una atención más directa y efectiva al drogadicto y su rehabilitación, así como en la prevención del vicio, alternativas legales para los narcocultivadores y lo que se conoce internacionalmente como la “reducción del daño”.

 

A ello debe sumarse que se abre paso a una mayor flexibilidad en la lucha antidroga, de forma tal que cada país pueda adecuarla a sus realidades internas, ya que algunos de los mandatos de las convenciones de combate a este flagelo, típicamente represivas, se convirtieron con el pasar de los años en una especie de ‘camisa de fuerza’ que impidió a muchas naciones y gobiernos aplicar nuevos y efectivos métodos para disminuir la oferta y la demanda de estupefacientes. 

 

Y, por último, se introduce un componente que, para muchos de los partidarios de la resolución de la ONU, significa un avance en materia de aplicabilidad de los mandatos internacionales de lucha contra las drogas, referido a un mayor peso de las políticas de respeto a los derechos humanos. Esto implicaría, por ejemplo, que se abre paso a una mayor flexibilidad penal con los drogadictos que son judicializados.

 

Postura de Colombia

 

Precisamente el presidente Santos dijo ante el pleno de la ONU que el problema del consumo de las drogas ilícitas es un asunto de salud pública que no amerita un tratamiento criminal, aunque advirtió que Colombia seguirá combatiendo el crimen organizado y el narcotráfico. 

 

Tras enfatizar que era necesario replantear la lucha contra ese flagelo, recalcó que encarcelar a los drogadictos no era una solución viable ni efectiva. “Las cárceles son para delincuentes, no para adictos”, agregó. 

 

Para Santos es claro que la guerra contra las drogas no se ha ganado, ni tampoco se va ganando. “¿Podemos decir que ganamos esta guerra?  ¿Podemos decir –al menos– que la vamos ganando? La respuesta –infortunadamente- es no”. 

 

Agregó que “si hemos aplicado una receta -basada principalmente en la represión- por tanto tiempo, sin resolver el problema, es hora de replantear el tratamiento”.

 

Respecto a la resolución, el Jefe de Estado dijo que “hoy adoptamos un documento que da un paso en la dirección correcta, acercándose a una visión más integral y equilibrada en la lucha contra las drogas”. Sin embargo, reconoció que “no es suficiente”, y “queda mucho camino por recorrer”.

 

Por ejemplo, advirtió que aún se debe acordar que “los derechos humanos –y las convenciones que los reconocen y protegen– no pueden estar en segundo plano frente a las convenciones de drogas”.

 

En ese sentido resaltó que “sigue pendiente reconocer que las medidas represivas han recaído de manera desequilibrada sobre los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico. Los pequeños cultivadores, las llamadas ‘mulas’ y los consumidores llenan las prisiones alrededor del mundo”. 

 

Para él, la lucha se debe centrar en los eslabones más fuertes del citado negocio ilícito, como los grandes narcotraficantes, los proveedores de insumos químicos, las organizaciones que facilitan el lavado de activos.

Aunque insistió en que se deben explorar nuevas alternativas para enfrentar el problema de las drogas ilícitas, dejó en claro que “Colombia no aboga por la legalización de las drogas ilícitas” y “seguirá atacando el crimen organizado, sustituyendo los cultivos ilícitos por lícitos, e interceptando barcos y aeronaves del narcotráfico”.

 

Por último insistió en que de aquí al 2019, cuando debe hacerse un balance del Plan de Acción Antidroga que se acordó en 2009, tiene que lograrse un acercamiento entre las diferentes posiciones de lucha contra las drogas, en busca de un consenso global al respecto. Incluso dijo que el país compartía la idea de solicitar al Secretario General la creación de un Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes que ayude a evaluar las bases de las políticas actuales y proponga las reformas necesarias.

 

Consenso latino 

 

La postura colombiana no fue la única en el sentido de un nuevo enfoque antidroga. 

Los presidentes de América Latina llamaron a sepultar la "receta de la represión" contra las drogas e impulsar un nuevo enfoque basado en la salud y la cooperación internacional.

 

El mandatario peruano Ollanta Humala pidió enfrentar el problema desde una "responsabilidad compartida" entre los países productores y consumidores, como Estados Unidos. "Necesitamos asociarnos", afirmó, recordando que "Perú está haciendo su trabajo" y ha reducido el área de cultivo de cocaína para narcotráfico de "63.000 hectáreas" hace cinco años a "33.000" en la actualidad.

 

Defendió el "uso milenario de la hoja de coca", pidió "respeto" por los pueblos que la utilizan con fines medicinales o alimenticios y destacó la importancia de "llevar la presencia del Estado" a las zonas de cultivo.

 

De su lado, Evo Morales pidió "acciones concretas" para liberar a la región "del problema de la droga como pretexto de dominación". "Hay que acabar con el intervencionismo", aseguró el presidente boliviano, pidiendo también un nuevo enfoque del tema.

 

Morales mostró una hoja de coca y sostuvo que utilizada en su forma natural se trata de un "alimento saludable" y "medicina".

 

Mandatarios centroamericanos como el mexicano Enrique Peña Nieto, dijeron que “con firmeza, debemos rechazar continuar haciendo lo que no ha funcionado. Con flexibilidad, debemos cambiar aquello que no ha dado resultados”. Enfatizó en la necesidad de analizar la despenalización y el uso de la marihuana para fines médicos y científicos.

 

El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, llamó la atención sobre al aumento de la drogadicción en países que antes eran considerados sólo de tránsito, en tanto que consideró que en la lucha contra las drogas debía privilegiarse el enfoque de un problema de salud pública antes de uno típicamente de penalización.

 

Pese a los avances, muchos países, como Brasil o Costa Rica, manifestaron su decepción por la ausencia de una moratoria a la pena de muerte, y otros, como Uruguay y Jamaica, criticaron que no se haya incluido algún tipo de mención a la despenalización de la tenencia de ciertas sustancias.

 

Se quedó corta

 

Sin embargo, así como hubo voces que consideraron que la resolución avanzó en la dirección de abrir paso a un nuevo enfoque más centrado en atender al drogadicto o dar alternativas a las comunidades y campesinos para que no caiga en manos de los narcotraficantes por necesidad y pobreza, hubo otras que consideraron que la resolución de la ONU se quedó corta e incluso la calificaron como una “oportunidad perdida”.

 

Para sustentar esa tesis citaron varios aspectos, empezando porque en Estados Unidos continúa primando el concepto de la represión judicial a la producción allende de sus fronteras y el enfoque prohibicionista y represivo. En segundo lugar, que hay muchas naciones que no quieren entender que el narcotráfico es un fenómeno cambiante que no se derrota metiendo a la cárcel a cuanto capo y drogadicto se detecte. Como tercer punto, que incluso en los países en donde este delito se castiga con pena de muerte, como China por ejemplo, son de la tesis de que el problema no es flexibilizar los castigos sino hacerlos más drásticos, generando así un efecto disuasorio real, el mismo que no se tiene en otras latitudes, en donde el transaccionismo judicial prima.

 

Por ejemplo, el expresidente César Gaviria, dos veces secretario general de la OEA y quien junto a otros exmandatarios latinoamericanos fueron de los primeros en pedir un cambio de enfoque en la “guerra contra las drogas”, fue muy crítico de los alcances de la resolución.

 

Para Gaviria la ONU es un organismo “anquilosado, que no reconoció problemas sino que se aferró a la guerra y al proteccionismo”. Advirtió que “hay que olvidarse de esos organismos ineptos de Naciones Unidas y trabajar con los países que están interesados en sus propios problemas y olvidarnos de esos señores ineptos que están anquilosados en el tiempo y ya veremos cómo ayudamos a nuestros muchachos adictos y reforzar la seguridad de nuestras ciudades y salir adelante”.

 

Dijo no entender por qué “pese al discurso del presidente Santos ante Naciones Unidas, se adoptó una resolución que nada tiene que ver con lo que él dijo y lo que dijeron otros jefes de Estado y de gobierno”.

Por último precisó que “los organismos adoptaron una declaración que hace de cuenta que en el mundo no ha pasado nada, que en estos 50 años no ha pasado nada, que lo único que se puede hacer es la guerra y que lo único que se puede hacer es aceptar que vamos a vivir en un mundo sin drogas y en medio de la guerra”.

 

Puntualizó que “la guerra contra las drogas ha fracasado, hay que dejar de hablar de guerra y cambiar de políticas".

 

Como se ve, para quienes están en esta orilla, la sesión de la ONU de esta semana fue una “oportunidad perdida” e inclinó van más allá bajo la tesis de que se habló mucho pero no se avanzó nada.

 

La pregunta ahora es qué, en la práctica, va a cambiar con la nueva resolución de la ONU en el día a día de la lucha contra el narcotráfico. Al tenor de todo lo anterior, podría concluirse que el efecto será muy poco.