Un nuevo control a la crisis carcelaria que está viviendo el país se realizará mañana a las diez de la mañana en el Senado, allí los congresistas indagarán sobre algunas dudas que tienen actualmente, una de ellas es conocer cuál es el plan del Gobierno nacional para garantizar la implementación de la sentencia T-153 de 1998 de la Corte Constitucional, que considera que se violan de manera masiva y estructural los derechos fundamentales de los reclusos del país.

Además, se busca establecer cuáles son los criterios de traslado, de formación académica, de vinculación laboral de los internos, el número de empleados administrativos que hay en los centros de reclusión, así como los cuerpos de custodia y vigilancia.

Uno de los citantes al debate, el senador del Polo Democrático, Luis Carlos Avellaneda, considera que se hace necesario este debate, "porque la política penitenciaria no debe ser desenlace de temas coyunturales, sino tener una coherencia con la política criminal, donde prevalezca la dignidad humana, se respeten los derechos y libertades fundamentales, en coherencia de los principios enmarcados en el derecho penal y con sujeción al Estado Social de Derecho".

La principal citada al recinto será la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, quien deberá aclarar otros de los interrogantes de los congresistas como la definición de la población total de reclusos en las cárceles en Colombia, discriminado por establecimiento penitenciario y carcelario, capacidad de cupos y el índice de hacinamiento. También especificar cuántos internos y sindicados hay condenados, cuántos son discapacitados, mujeres, hombre, indígenas, LGTBI, y dónde están recluidos.

La funcionaria deberá explicar cómo el Gobierno enfrenta los problemas para suplir el suministro de agua en las cárceles, el control a las enfermedades infectocontagiosas y transmisión sexual, cuál es la situación de la prestación del servicio de salud por parte de Caprecom, y qué resultados ha dado la atención de los médicos de la Policía Nacional.