A formular una nueva política criminal ante el colapso por el que atraviesa la justicia en el país, exhortó el fiscal Néstor Humberto Martínez, al Gobierno nacional, al tiempo que el presidente Juan Manuel Santos anunció una amplia ofensiva legislativa en contra de la corrupción, en el marco de la celebración de los 25 años de la Fiscalía.

Martínez manifestó que esa construcción de la nueva política para enfrentar el delito debe ir acompañada por autoridades judiciales y con apoyo de la academia para darle solución a la crisis.

“En la actualidad hay 112.461 audiencias represadas, de ellas 17.168 son de imputación de las cuales ya hay programadas 1725 a un año, el colapso crece cada dos meses el 10%”, recalcó Martínez.

Según El Fiscal, existen datos de las autoridades en los despachos judiciales 9.864 decisiones de jueces pendientes y más de 15 mil personas a las que no se le ha resuelto su situación jurídica a pesar de aceptar cargos ante jueces de la República.

Por otro lado, el Fiscal reiteró el llamado al presidente Juan Manuel Santos para que defina los alcances de la Justicia Especial para la Paz, para que el país no pase de una “guerra militar” a una “guerra jurídica”.

“Creemos firmemente que la JEP está llamada a cerrar jurídicamente el conflicto que vivió el país, además se debe tener en cuenta que de no explicarse los alcances de esa justicia especial, uno de los actores del conflicto se empeñaría en la aplicación de un régimen ajeno a la justicia transicional”, sostuvo Martínez.

Por último, el Fiscal lamentó que jóvenes cultivados en las ciencias sociales ahora hacen de la anarquía violenta un estilo de vida como símbolo de amenaza y destrucción, a propósito de casos de terrorismo como el que se registró con el atentado en el centro comercial Andino.

A su vez, el Jefe del Estado señaló que “acabamos de adicionar importantes recursos al presupuesto de la Policía Nacional para fortalecer el Grupo Anticorrupción de la Dijin, con más funcionarios y tecnologías de avanzada”.

Anunció que ya están estructurados una serie de proyectos, cuya presentación se hará en la legislatura que comienza el próximo 20 de julio, que complementarán lo hecho hasta la fecha en la lucha en contra de los corruptos.

Así, señaló que en una de las propuestas legislativas “restringimos severamente el beneficio de casa por cárcel, para que los delincuentes dejen de disfrutar el “producto” de sus actos corruptos desde la comodidad de sus hogares, como ocurre en muchos casos”.

En este orden de ideas afirmó que se pretende limitar “tanto como sea posible, los beneficios que la justicia ofrece, y que solo se den concesiones a quienes restituyan el patrimonio público, entreguen bienes mal habidos y delaten a sus testaferros y cómplices”.

Manifestó su desacuerdo en que “solo por aceptar cargos, el imputado obtenga hasta un 50 por ciento de rebaja, sin tener que restituir el patrimonio de los colombianos ni delatar a otros”.

Dijo que con el proyecto de Ley de Probidad, otra iniciativa legislativa, se ampliará “el tiempo de prescripción de los delitos de corrupción”.

“Además, continuó, ni Fiscal, ni Procurador, ni Auditor, ni Contralor, podrán nombrar a familiares de quienes los postulan; y los funcionarios públicos, en general, tampoco podrán recibir regalos, viajes, hospedajes o viáticos de quienes tengan o hayan tenido intereses en contratar con sus entidades”.

También dijo que con la Reglamentación de “Gestión de Intereses”, “los lobistas tendrán la obligación de inscribirse formalmente; y toda cita que acuerden con funcionarios estatales deberá registrarse y ser de público conocimiento”.

El Mandatario afirmó que con el Registro de Beneficiarios Finales, otros de los proyectos, “habrá más transparencia sobre los verdaderos beneficiarios de los contratos estatales, para conocer quiénes están detrás de las personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras”.

Igualmente, subrayó que se incentivará la denuncia de conductas corruptas y se brindará protección a quienes denuncien.

Por último, el Presidente manifestó su alegría por constatar que la lucha en contra de la corrupción es el mismo norte de la Fiscalía, del Gobierno y de los colombianos.