Para evitar que evada la justicia, la Fiscalía interpuso una acción de tutela en contra de la decisión de una jueza de segunda instancia que declaró la nulidad en la investigación contra la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, y dejó sin efectos la imputación de cargos.
La medida de aseguramiento que la llevó tras las rejas fue declarada ilegal, pero al prosperar la tulela se podrá solicitar por tercera vez la captura de la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
El Tribunal Superior de Bogotá falló en favor de la Fiscalía y mantuvo la medida de aseguramiento y la imputación de cargos contra Pardo, y les da la posibilidad a los fiscales de solicitar nuevamente la orden de captura por el delito de cohecho.
El fiscal del caso del carrusel de contratos, Juan Vicente Valbuena, aseguró que seguirán adelante con la investigación y retomarán las actuaciones adelantadas.
Ahora se "dejó en firme la medida de aseguramiento que pesaba" sobre Pardo, dijo Valbuena. “Es decir”, explicó, “vuelve de nuevo la situación jurídica de la exfuncionaria y es la medida de aseguramiento en su contra, por lo cual se tomarán las medidas respectivas para que se cumpla con la medida”.
En los próximos días la Fiscalía solicitará la audiencia para la medida de aseguramiento y la orden de captura.
Es importante recordar que la semana pasada, la Fiscalía llamó a juicio al exconcejal verde José Juan Rodríguez, acusado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos agravado en concurso homogéneo y sucesivo como coautor interviniente.
Según las indagaciones, Rodríguez y Pardo se habrían confabulado dentro del carrusel de la contratación ya que, según el escrito de acusación, “el funcionario estatal de elección popular incidió en la adjudicación irregular de obras en la fase tres de Transmilenio”.
El fiscal del caso indicó que para el desarrollo del juicio, que se llevará a cabo entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre contará con la participación de por lo menos 17 testigos, utilizará un total de 13 informes de policía judicial y tendrá un número aproximado de 120 documentos probatorios.
Entre sus testigos, la Fiscalía tiene al exsubdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, al igual que Emilio José Tapia, contratista de los Nule, y al exalcalde de la localidad de Antonio Nariño, Manuel Sánchez, entre otros.
“El político adscrito al Partido Verde, de 38 años, habría utilizado su investidura y dignidad para apoyar la elección” de Pardo “y su equipo de trabajo, para su beneficio y el de terceros”, advirtió la Fiscalía en la acusación.