Tal y como se radicó la ponencia del proyecto de ley que modifica el régimen de vigilancia y seguridad privada, no solo se estaría limitando la llegada al capital extranjero, sino que se destierra la inversión que existe hoy, manifestó la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.
El proyecto radicado el viernes, y que comenzó su trámite en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, incluye la disposición de suspender las renovaciones de los permisos de funcionamiento en todas las modalidades a las empresas de otros países que ya se encuentran instaladas en Colombia.
En el artículo 11 del texto aprobado en Senado se establece la no renovación de las licencias para empresas con capital o socios extranjeros cuyo servicio se encuentre en las modalidades de vigilancia y seguridad humana al igual que en capacitación y adiestramiento canino.
No obstante, el texto radicado en la Cámara dice que no se renovará el permiso de funcionamiento a las empresas de otros países que presten ese servicio en todas las modalidades que en la actualidad existen. Significa que no se le dará un nuevo permiso a las dos anteriores modalidades ni al resto. Es decir a las de vigilancia electrónica, transporte multimodal de valores, actividades de blindaje, tareas relacionadas con fabricación, importación y exportación y consultoría y asesoría.
Otro tema de preocupación de la Ministra está relacionado con una frase en el artículo 2 de la iniciativa en el que se excluye de las contrataciones en el sector al programa Colombia Compra Eficiente, pues asegura que “en ningún caso los servicios de seguridad y vigilancia privada son de características técnicas uniformes”. Esto iría en contravía de los procesos establecidos en el acuerdo marco de ese sistema de contratación pública.
Lacouture fue enfática al afirmar que si bien los ponentes de la norma abogan por una transparencia en la regulación del sector, no se puede perder de vista lo que representa el capital foráneo y los puestos de trabajo que están en juego.
Según información de Fedeseguridad, en 2015 las firmas Securitas Colombia S.A., Proseguir Vigilancia y Seguridad Privada Limitada, así como G4S Colombia S.A. invirtieron $412 mil millones y pagaron impuestos que superaron la cifra de $44 mil millones.
Si a esto se suma los 25.300 empleos que generan las tres empresas extranjeras referidas, es evidente la contribución que hace el sector al crecimiento económico del país.
Ese aumento podría ser mayor con el aporte de nuevas empresas extranjeras, pero que ahora se pone en juego al darle vía libre al proyecto, tal como ya fue aprobado en el Senado y como fue radicada la ponencia en la Cámara de Representantes.
A manera de conclusión, la Ministra Lacouture recalcó que las disposiciones incluidas en la iniciativa que aún está en proceso de debate en el Congreso, ponen en riesgo la inversión y el empleo en ese sector y frena el impulso de la política para proteger la libre competencia.
Ante el panorama que se observa con este proyecto, la Ministra Lacouture solicita a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes archivar la iniciativa.