El presidente Santos designó como nueva directora de la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado (en remplazo del nuevo ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez) a la prestigiosa jurista Adriana Guillen Arango.
El Mandatario formuló el anuncio durante la posesión de Luis Guillermo
Guerrero y Alex Julio Estrada como magistrados de la Corte Constitucional.
La señora Guillen es abogada del Externado, especializada en tributación y contratación pública. Santos dijo que "la conozco hace mucho tiempo y por, eso le he ofrecido (a Adriana) a ver si tiene a bien aceptarnos". Y le dio la bienvenida a la que llamó "esta transmisión del poder Judicial al poder Ejecutivo... espero que le vaya muy bien".
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Un artículo vigente. Sin embargo, el Mandatario no tuvo en cuenta, al hacer tan merecido ofrecimiento, que el artículo 245 de la Constitución Nacional expresamente prohíbe al Presidente de la República "conferir empleos a los magistrados de la Corte Constitucional durante el período de ejercicio de su funciones y dentro del año siguiente a su retiro", pues la doctora Guillen había dejado su empleo de magistrada de la Corte Constitucional el 31 de agosto último, cuando fue remplazada por Guerrero.
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¿Sin reparos?La secretaria Jurídica de Palacio, Cristina Pardo, al parecer no hizo ninguna objeción jurídica al nombramiento de la ex magistrada Guillen quizá porque ella misma también se podía encontrar en idéntica situación el 7 de agosto de 2010, cuando fungía como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, fue nombrada por el mismo Santos en el cargo que actualmente ostenta. (Queda por establecer si había sido encargada como magistrada titular).
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No todo lo que brilla. La encuesta de Napoleón Franco tiene una lectura que refleja que no todo lo que brilla es oro y que en ese muestreo de la opinión sobre la paz, los árboles no dejan ver el bosque, pues los que apoyan el proceso de paz tienen serios reparos al mismo en lo que tiene que ver con los favorecimientos a la subversión, dígase narcoterrorismo, pues las concesiones son superiores a la magnitud de los delitos.
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Vox populi. La voz del pueblo se expresa así: 1) A la pregunta de si estaría de acuerdo con la participación en política de los líderes de la guerrilla, el 72 por ciento se opone; 2) Si está de acuerdo con que los jefes de la subversión no paguen penas de cárcel, el 78 por ciento dice no, y como para que no quede ninguna duda, el 80 por ciento no acepta que los guerrilleros presos sean liberados.
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Voces independientes. De lo anterior se colige que el unanimismo nacional no existe, cuando se escuchan voces independientes como las de Clara Rojas, directora de País Libre; Herbin Hoyos, con su marcha por las víctimas, y José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, resulta paradójico que se ventile por la prensa adicta al Gobierno que todo el país está de acuerdo con todo lo firmado en Cuba.