• Reforma a la reserva, un tema muy complejo
• Próximo gobierno nacional tendrá voz y voto

La implementación de un proyecto de ciudad-región es uno de los asuntos pendientes de los últimos gobiernos de Bogotá y Cundinamarca. Incluso algunos estudios no dudan en señalar que si la capital del país y los municipios circunvecinos hubieran logrado avanzar hacia la conformación de un área metropolitana moderna y eficiente, la zona bien podría ser hoy una de las regiones con mayor dinamismo productivo y generación de PIB, no solo de Colombia -–que ya lo es- sino de Suramérica. Sin embargo, como se sabe, la integración de la urbe con las poblaciones de la Sabana no se ha podido concretar, pese a que ha sido una promesa reiterada de alcaldes, gobernadores y hasta presidentes en las últimas décadas.

Precisamente por la ausencia de ese marco normativo que regule la interacción entre Bogotá y los municipios vecinos es que hay una creciente expectativa sobre la decisión que tome la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca alrededor de la solicitud de la administración del alcalde Enrique Peñalosa para que se reforme el área de la reserva ambiental Thomas Van Der Hammen, ubicada al norte de la capital del país. Es una región de casi 1.400 hectáreas entre las calles 150 y 234, en el área comprendida entre los cerros orientales y el río Bogotá, según lo definió la CAR en 2011. Dicha clasificación la divide en zonas de uso sostenible (44%), de protección de paisaje (10%), de preservación (6%) y de restauración (39%). Mientras los ambientalistas sostienen que esta reserva tiene un alto potencial en biodiversidad, bosques y fuentes hídricas, por lo que reformarla afectaría el “pulmón” del norte de la ciudad, la Alcaldía considera que debe modificarse porque no está cumpliendo el objetivo de colchón ambiental, pues gran parte de ella está en manos de particulares, sometida a explotación comercial y agrícola, albergando urbanizaciones, colegios y clubes, razón por la cual existe un alto grado de  deterioro de los humedales, bosques, flora, fauna y cuerpos de agua.

Si bien es un debate de tiempo atrás, incluso desde el primer mandato de Peñalosa, y ha sido impactado por decisiones del Ministerio de Ambiente, la propia CAR e incluso de los máximos tribunales del contencioso-administrativo, ahora volvió a la primera plana pues la Administración Distrital presentó una solicitud oficial, semanas atrás, para que se proceda a una “recategorización, realinderación y sustracción” del tamaño y el uso de suelos autorizado.

Según la Alcaldía, con su propuesta se ampliaría el área real de la reserva ambiental, garantizando una recuperación de los humedales y los bosques, con parques más grandes y públicos. Los críticos, por el contrario, sostienen que la intención de la solicitud no es otra que eliminar la prohibición de construir grandes urbanizaciones y varias carreteras para desembotellar el tráfico en el borde norte de la ciudad, pese al alto riesgo de afectación de la riqueza natural.

Obviamente no es un tema fácil de dilucidar. Así lo evidencia la entrevista que este Diario le hizo en días pasados al director de la CAR, según la cual ya se han realizado algunos análisis a fondo en el consejo directivo de la entidad, al tiempo que se creó una comisión especial para estudiar el tema. Del mismo modo se prepara un cronograma para que todos los sectores interesados en un asunto de tanta implicación puedan dar su respectiva opinión. Incluso se está tomando la precaución de que la decisión final se dé luego de terminada la campaña presidencial, con el fin de evitar cualquier politización del tema. Precisamente, esta semana, en un debate entre los aspirantes a la Casa de Nariño, quedó en evidencia que hay distintas ópticas respecto a si debe reformarse la reserva, en qué dimensión y bajo cuáles criterios. Como se sabe el gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y los delegados presidenciales, tiene voz y voto en las corporaciones regionales y es claro que tendrá que sentar una directriz respecto a qué hacer con la Van Der Hammen.

En ese orden de ideas, parece prudente aplazar el tema hasta que se aclare el panorama electoral y la decisión se pueda tomar atendiendo únicamente conceptos y criterios técnicos, ambientales, de uso sostenible y, sobre todo, ajustados a la normatividad vigente. Acelerar una definición tan compleja y con tantas implicaciones, sería muy riesgoso.