Lo que ya el año pasado era el plan B si se caía la reforma a la salud, ahora es el plan A: expedir decretos que moldeen el sistema conforme a lo que quiere el Gobierno.

Así lo expuso ayer el ministro de Salud y de la Protección Social, Alejandro Gaviria, anticipando que esos decretos apuntarían a aspectos específicos que necesita el sector, como "mejorar el funcionamiento del Fosyga, de pronto con una entidad independiente que tenga personería jurídica".

También, le dijo a Blu Radio, “Colombia sigue necesitando un instrumento o un mecanismo más expedito para resolver los problemas financieros del sector. Necesitamos una respuesta más clara, por ejemplo a una pregunta que nos hacen todos los días sobre qué vamos a hacer con las deudas de las EPS liquidadas con los hospitales públicos”.

“Pero esas instituciones o esos mecanismos, o esos instrumentos yo creo que podrían hacerse por otros medios legales, que no sea una gran reforma a la salud”, puntualizó Gaviria.

En septiembre, el ministro Gaviria ya le había anticipado a EL NUEVO SIGLO que, en caso de no fuera aprobada la reforma en el Congreso, como en efecto no lo fue, ya existía un plan B: “Hemos pensado en una serie de decretos. Tenemos un plan de trabajo claro. La reforma también es un derrotero, un inventario ya priorizado de problemas y soluciones. Algunas necesitan cambio legal, otras no. El plan B acelera las segundas”.

Para el funcionario, lo que se requiere es ir introduciendo vía decreto los cambios que se requieran en el sistema.

Pues bien, la semana pasada, al presentar su informe de gestión, Gaviria anunció cuatro decretos que considera vitales para dejar la casa en orden, en caso de no ser ratificado para el segundo periodo del presidente Juan Manuel Santos: asegurar la afiliación de las personas que pierdan el empleo; establecer un nuevo modelo de atención para zonas apartadas; reglamentar la habilitación de las EPS; zanjar la discusión sobre el ingreso de medicamentos biotecnológicos al país.

Según se lo dijo al diario Portafolio, “tenemos una agenda para terminar, de cuatro decretos importantes: uno que va a hacer una revolución callada en las normas de afiliación al sistema, ampliando el grupo familiar y cubriendo a las personas que pierden el empleo”.

“El segundo va a redefinir el sistema de salud en regiones donde lo más importante es la oferta, porque el sistema de aseguramiento funciona bien en las capitales pero no en Inírida, por ejemplo. Lo tercero es que vamos a revivir el decreto de habilitación de EPS que impone las condiciones financieras y estamos pensando en hacer algo con un decreto polémico que es el de biotecnológicos o biosimilares, sobre cuáles son las condiciones que tienen que darse para que exista competencia en ese campo”, dijo.

Acerca de los medicamentos biotecnológicos, Gaviria precisó que “apenas estamos colocando el decreto para comentarios y la discusión es compleja, tratando de buscar un equilibrio entre las condiciones de seguridad para los pacientes y unas condiciones de competencia que garanticen un acceso a precios razonables. Lo que hace el decreto en el fondo es dar una serie de criterios para que una sala especializada del Invima decida cuándo a un competidor de un producto que ya no tiene patente de exclusividad vigente se le puede eximir de algunos ensayos clínicos”.