La guerrilla de las Farc declaró que el proceso de paz no debe convertirse en un "proceso judicial" y afirmó que ningún rebelde debe ir a la cárcel por haberse alzado en armas.

"Creemos que un proceso de paz no es un proceso de sometimiento ni rendición, también creemos que no puede convertirse en un proceso judicial" en que el Estado actúe "como juez y parte", dijo la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por el comandante Walter Mendoza, uno de sus delegados en las negociaciones de paz con el gobierno colombiano en Cuba, que buscan acabar un conflicto armado interno de medio siglo.

"En La Habana no se van a intercambiar impunidades, porque no es comparable el terrorismo de Estado al ejercicio del derecho a la rebelión; ningún guerrillero está dispuesto a pagar cárcel por haber ejercido dicho derecho", expresó Mendoza.

Las negociaciones de paz, iniciadas en noviembre de 2012, se han visto complicadas por desacuerdos entre ambas partes sobre justicia ante los crímenes contra la humanidad cometidos a lo largo del prolongado conflicto, el último en América, que ha dejado unos 220.000 muertos y seis millones de desplazados, según cifras oficiales.

También se han visto complicadas por un recrudecimiento de las hostilidades en Colombia, que ha dejado en las últimas dos semanas unos 45 guerrilleros y una quincena de militares muertos, pero ambas partes han ratificado su voluntad de seguir negociando la paz.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos impulsa un proyecto de "justicia transicional", que es rechazado por la guerrilla, que afirma que sólo busca castigar a los guerrilleros, en circunstancias de que el Estado es el principal responsable por la violencia armada.

El domingo, en una entrevista con el periódico colombiano El Tiempo, el comandante Pastor Alape, miembro de la cúpula de las FARC y uno de sus cinco "plenipotenciarios" en las negociaciones de La Habana, declaró que la guerrilla no descartaba algún tipo de reclusión, bajo ciertas condiciones.

"No lo estamos descartando", dijo Alape ante la pregunta de si los guerrilleros aceptarían una reclusión en caso de que además fueran a la cárcel los empresarios, políticos y militares involucrados en la violencia armada en Colombia.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son la mayor guerrilla de ese país.