En el marco de la reforma rural que tiene previsto el Gobierno llevar al Congreso en cumplimiento de los acuerdos de paz, uno de los elementos que se debe manejar con más cuidado es lo que tiene que ver con la satisfacción del capítulo étnico. Ya hubo un amago de los indígenas de levantarse de la mesa de concertación; en tanto que ahora los afrocolombianos advierten que en este proceso no se debe tocar las  tierras de comunidades negras o los títulos colectivos.  

Así lo advirtió en diálogo con EL NUEVO SIGLO el director del Movimiento Nacional Cimarrón, Juan de Dios Mosquera.

“No debe tocarse el proceso de las tierras de comunidades negras o los títulos colectivos de afrodescendientes, no debe en estos momentos modificarse los títulos colectivos que tienen las comunidades en los diferentes territorios del país”, dijo.

Indicó Mosquera que  “en este momento en que se está aprobando una ley de tierras, están pendientes el tema de la restitución de las tierras  de las personas y las familias afrocolombianas víctimas del conflicto armado y la restitución de muchos territorios colectivos o tierras de comunidades negras”.

Añadió el dirigente que el temor por los territorios colectivos de la población afrocolombiana  surge a raíz de que “en este momento hay megaproyectos en torno a la explotación de los bosques maderables del Pacífico, de los que quedan. Hay megaproyectos mineros, de petróleo, de oro, hay también grandes proyectos de palma aceitera. Y en las zonas del Pacífico norte, en la zona del Atrato chocoano y antioqueño, nuestras comunidades están amenazadas por los grandes empresarios bananeros y de la palma aceitera”.

Frente al “tema también de la entrega de tierras a grandes empresas, a grandes terratenientes para que las pongan a producir, consideramos que primero se debe entregar los territorios a los campesinos, posibilitarles medios para generar el desarrollo y en el caso de las comunidades afrocolombianas debe declararse un gran programa de etnodesarrollo de los territorios colectivos”, indicó Mosquera.

Los indígenas

El pasado 22 de mayo, los pueblos indígenas con asiento en la Mesa Permanente de Concertación -MPC- suspendieron el proceso de consulta previa que actualmente se adelanta en el marco del mecanismo legislativo del fast track para la implementación de los acuerdos, aduciendo decisiones unilaterales del Gobierno nacional; la falta de claridad en la información, falta de garantías de participación.

En este sentido, el detonante fue el pronunciamiento de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi) del acuerdo de paz, respecto a la modificación  que realizó el Gobierno nacional del proyecto original de Reforma Rural en materia de tierras, radicado ante la MPC para su consulta previa.

Consideraron los indígenas que “en el proceso de implementación del Acuerdo Final, no ha existido la voluntad política genuina de las partes en la Csivi para incluir” a estos pueblos y el desarrollo del Capítulo Étnico.

“A pesar de nuestros esfuerzos, en el marco del proceso de consulta previa, el Gobierno nacional, de manera sistemática, ha vulnerado este derecho fundamental, negándose a radicar ante la MPC la totalidad de las normas para ser consultadas y respecto de aquellas que se han radicado se niega a incluir las propuestas orientadas a salvaguardar y desarrollar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, en una actitud que consideramos debilita y pone en riesgo la implementación del Acuerdo Final de Paz”, señaló la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia).

No obstante el pasado 26 de mayo, atendiendo el llamado de distintos sectores de la sociedad, en especial el realizado en comunicado conjunto por el Gobierno nacional y las Farc a través de la Csivi y la Procuraduría, los indígenas decidieron reactivar la Consulta Previa en el marco Fast Track “porque se logró garantizar e incorporar nuestra participación  al nuevo cuerpo normativo que será expedido para la implementación  del acuerdo final de paz”, indicó la ONIC en esa oportunidad.

Los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes también serían tenidos en cuenta en la reforma rural que presentará el Gobierno.