La posibilidad de que las cédulas sin reclamar que reposan en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil en todo el país puedan servir a inescrupulosos para cometer fraude en las próximas elecciones, principalmente para la suplantación del elector, está descartada.

Así lo señaló en diálogo con EL NUEV O SIGLO el registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, quien explicó que el sistema de identificación biométrica que se ha venido introduciendo poco a poco en las diferentes elecciones, permite garantizar que la persona que vota es efectivamente la que figura en el documento de identificación que presenta a la hora de sufragar.

En la actualidad hay cerca de 1.700.000 cédulas de ciudadanía que reposan en las diferentes sedes de la Registraduría Nacional esperando que sus titulares pasen a reclamarlas, lo cual no es una novedad, pues antes de las elecciones parlamentarias del año 2010, eran más de 3 millones los documentos sin reclamar por sus propietarios.

Es claro que las cédulas que en este momento están sin reclamar se encuentran a buen recaudo por parte de la Registraduría Nacional, entidad respetada y de alta credibilidad, y que solo saldrán de sus instalaciones cuando el titular se acerque a recoger su documento; sin embargo, siempre previo y posterior a las elecciones, especialmente de Congreso y las territoriales, no faltan las denuncias sobre supuestos microcarteles al interior del organismo que se prestan para cometer fraudes.

Hasta el momento, no pasa de ser más un mito porque en la práctica son mínimos los casos en que se ha podido comprobar algo, sin embargo, no fueron pocas las denuncias de candidatos en los pasados comicios que tras resultar perdedores en la jornada en las urnas hablaron del supuesto cartel e, incluso, algunos aseguraron que fueron contactados por funcionarios para alterar resultados.

Para los comicios territoriales de 2011 y luego de que la Registraduría invalidara las firmas que presentó para su inscripción a las elecciones de alcaldía de Cali, Rodrigo Guerrero, hoy alcalde, denunció que funcionarios del organismo electoral le habían pedido dinero para validar las firmas y para ganar las elecciones, versión que se hizo pública por el propio presidente Santos, quien pidió una investigación, que al día de hoy no entrega mayores resultados.

Luego a mediados de 2012 fue descubierta en Cali lo que se llamó en su momento una ‘registraduría paralela’, que supuestamente buscaba alterar los resultados de las elecciones atípicas para gobernador del Valle en favor del candidato del Movimiento MIO, Francined Cano, cercano al excongresista Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien fue condenado por vínculos con paramilitares.

En esa oportunidad, la Policía Nacional dijo en un comunicado que “tanto la Policía como la Fiscalía General de la Nación determinaron que los tres propósitos fundamentales de los seis capturados (quienes además tenían listas de jurados y otros elementos en su poder), eran la exigencia de dinero a campañas electorales para la Gobernación del Valle, el fraude en los resultados para las elecciones atípicas y la activación del centro de cómputo, a través del cual ofrecían al menos 3 mil votos con sus respectivas direcciones y listados, así como el blindaje electoral para evitar la filtración de los movimientos irregulares”.

Entre los seis capturados había cuatro funcionarios y ex funcionarios de la Registraduría. Precisamente por estos hechos, en noviembre pasado fue condenada a 44 meses de prisión, Ana Lucía Beltrán Ortiz, exfuncionaria de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Bogotá.

Blindaje

El registrador Nacional, Carlos Ariel  Sánchez, destacó medidas fundamentales para evitar el delito electoral de suplantación del elector en los comicios de Congreso, el 9 de marzo, y de Presidencia de la República, el 25 de mayo de este año.

“Lo primero es la biometría porque todo ciudadano puede ser verificado que la huella coincida con la huella de la cédula a través de la biometría, de manera que esa es la primera forma. Es una manera muy efectiva”.

Explicó también que para el caso específico de las cédulas sin reclamar, “el día anterior de elecciones se hace un archivo de esas cédulas y se levanta un acta por los órganos de control y la misma Registraduría, de manera que se sabe cuáles son los números de las cédulas que no pueden votar”.

El funcionario destacó que el sistema biométrico para la identificación del elector estará disponible en estas elecciones “en todas las zonas urbanas, prácticamente que es el 70% del territorio donde habrá biometría”.

Este hecho se puede considerar un paso gigantesco en la lucha por la transparencia electoral en el país, pues en las elecciones de 2010 el sistema biométrico no tuvo aplicación. 

De otra parte, del 1,7 millón  de cédulas sin reclamar, no hacen parte del censo electoral, y por tanto no pueden votar, las que se produjeron después del 9 de noviembre pasado, pues la normatividad establece el cierre de este registro cuatro meses antes de los comicios.