A pesar de que el Congreso corrió para cumplirle a la Corte Constitucional el plazo que le dio para fijar los términos que pueden extender la privación de la libertad, y de esta forma evitó una excarcelación masiva por estos días, lo cierto es que en un año casos importantes recuperarán la libertad por lo inadecuado del sistema judicial.

Así lo advirtió ayer el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, apenas un día después de que la Cámara de Representantes aprobara en cuarto y último debate un proyecto de ley que radicó el ministro de Justicia, Yesid Reyes, y el fiscal Eduardo Montealegre para establecer el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad y que en ese tiempo el juez defina la situación jurídica del sindicado.

En ese sentido, la iniciativa aprobada por el Parlamento establece que la detención preventiva será como máximo de un año, con excepción de los delitos que involucren a tres personas o más, y otros que tengan que ver con corrupción, terrorismo, secuestro, desplazamiento forzado, homicidio agravado y que sean de conocimiento de la justicia especializada, como los que se adelantan contra las bandas criminales, en los cuales los jueces y fiscales tendrán dos años para resolver la situación jurídica de los involucrados.

Precisamente, por la falta de claridad que hasta ahora existía en los términos de la detención preventiva, la Corte Constitucional en la Sentencia C-390/14 le dio plazo al Congreso de la República hasta el 20 de julio de este año para expedir la regulación correspondiente.

Incluso se alcanzó a advertir en los medios que de no haber cumplido el Legislativo con ese plazo, casos como el del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, sindicado de ser el cerebro del carrusel de la contratación en la capitaly otros vinculados como Álvaro Dávila y los ex concejales Juan José Rodríguez y Wilson Duarte, entre otros,habrían recuperado la libertad.

Lo que viene

Una advertencia sobre la posibilidad de que en un año estén presentándose excarcelaciones de algunos procesados de casos importantes que no hayan sido llevados a juicio, hizo ayer el vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo.

El funcionario manifestó en Cúcuta, durante la IV Jornada Regional de Denuncias por Corrupción, que el proyecto prevé que ningún proceso penal dure más de dos años. “A pesar de que está previsto que el proyecto es loable y es el ideal de los ideales”, el sistema de justicia que rige en Colombia no es el adecuado, explicó Perdomo.

Añadió que “desde ya vaticino que habrá excarcelaciones en casos importantes. Porque hay muchos casos en los cuales, dos años entre la privación de la libertad y la sentencia no se cumplen. No porque la Fiscalía no actúe, sino porque en el sistema de justicia no hay salas de audiencia, no hay jueces suficientes”.

Perdomo dijo que en el caso de Samuel Moreno, el proceso ha durado mucho tiempo por maniobras dilatorias de la defensa y por actuaciones de varios jueces. “Si en un año no hay condena, esa persona seguramente saldrá en libertad”, afirmó el Vicefiscal.

No obstante, el Vicefiscal señaló que “debe resaltarse entonces que dicho proyecto de ley no solo cumple con lo dispuesto por la Corte Constitucional al establecer con claridad los términos para acceder a la libertad, sino que también establece lineamientos específicos para tratar el derecho a la libertad en los delitos de mayor complejidad, como los de criminalidad organizada, corrupción y graves violaciones a los derechos humanos”.

Por otra parte, el ministro Reyes dijo que “este proyecto redunda en una primera protección a la presunción de inocencia que es constitucional y de una manera inmediata va a ayudar a que hayan menos personas sindicadas en las cárceles”.

El Ministro advirtió que hay algunas normas que entrarán en vigencia inmediatamente y otras que comenzarían dentro de un año, las cuales son las que hacen referencia a la duración máxima de la detención preventiva, “ya que si nosotros nos ponemos ahora mismo a regir la duración máxima de la detención va a haber una excarcelación masiva de personas que están detenidas preventivamente de acuerdo con la legislación que hoy está vigente”.