Ante el secuestro del brigadier general Rubén Darío Alzate, un suboficial del Ejército, dos soldados profesionales y una funcionaria civil en los departamentos de Chocó y Arauca; y después de que cabecillas de las Farc se pronunciaran al respeto desde La Habana, Cuba, el procurador general de la Nación emitió el siguiente comunicado:   

1. No se puede ceder al chantaje del terrorismo. Los secuestros no deben doblegar al Gobierno Nacional y llevarlo a aceptar en la mesa de La Habana imposiciones de las FARC bajo la idea de “desescalar el conflicto”, o de un cese bilateral que no sea definitivo y no comprenda la desmovilización total y el desarme absoluto del grupo. Todo lo contrario, se debe redoblar el esfuerzo militar contra ese aparato criminal. Es la hora de la firmeza, no de más concesiones. No se debe dar pie a decisiones que afecten el combate decidido contra la guerrilla.

2. Son secuestrados, no son prisioneros de guerra. No se puede aceptar la calificación de prisioneros de guerra que dan las FARC al brigadier general, al cabo, a los soldados y a la abogada secuestrados. Dicha figura aplica a los conflictos armados internacionales, no en el caso de Colombia. Se trata de víctimas de un delito de secuestro.

3. Libertad sin dilaciones. No es la hora de las divisiones. Todos los sectores políticos y sociales deben unirse para rechazar la pretensión de las FARC de dilatar, con un proceso de conversaciones, la liberación de los secuestrados. No hay nada que negociar. Solo procede la liberación inmediata. 

4. Mantener la suspensión del proceso. La suspensión del proceso debe mantenerse hasta tanto el grupo terrorista libere a todos los secuestrados y anuncie su voluntad de renunciar al secuestro de soldados y policías, al secuestro como arma política; y cumpla con el compromiso de no realizar más secuestros extorsivos.

5. Se debe corregir el proceso. Estamos ante la oportunidad de corregir el proceso de La Habana. Se debe exigir a las FARC que tomen la decisión de renunciar a la violencia y que cesen las acciones criminales. Solo así la ciudadanía podrá respaldar los diálogos de paz.