A solo un debate en la plenaria del Senado se encuentra el proyecto 193/11 Senado, 96/11 Cámara, mediante el cual se extiende por unos mese más los efectos de la Ley 975 de 2005 (Justicia y paz), por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.
Este proyecto fue presentado por la entonces fiscal Viviane Morales con el objeto de hacer algunos ajustes por los problemas que ha venido presentando la Ley de Justicia y Paz pues, para la muestra, apenas hay dos condenas en sus siete años de aplicación.
Otro de los inconvenientes que se presentan fue expuesto hace algunas semanas por el vicefiscal Jorge Eduardo Perdomo, quien advirtió que en el 2013 cerca de 1.500 desmovilizados hoy en prisión cumplirían los 8 años, que si hubieran sido condenados es la pena alternativa máxima que establece la Ley de Justicia y Paz, por lo que podría producirse una excarcelación masiva.
En este sentido el proyecto establece que los desmovilizados colectivos tendrían seis meses más para postularse a los beneficios de la norma, a partir de su entrada en vigencia.
Este proyecto ha despertado algunas reacciones encontradas entre los parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, en donde se discutió en tercer debate.
Es el caso del senador Juan Carlos Vélez (Partido Social de Unidad Nacional –La U), quien destacó que “esta ley está haciendo unos ajustes para que la Ley de Justicia y Paz se pueda aplicar en forma porque, como se sabe, se han proferido dos o tres sentencias, pero se sabe cuáles han sido las dificultades en la aplicación de Justicia y Paz”.
Sin embargo el senador Parmenio Cuéllar (Polo Democrático) dijo que desde un principio no le gustó la Ley de Justicia y Paz. “El proyecto que presentó la doctora Viviane Morales tenía por objeto resolver un problema muy concreto con esas personas que están, según ellos, en el limbo. Yo no creo que estén en el limbo, pero aquí les ha dado por decir que los autores son los grandes responsables y que los demás no”.