Sin respuesta se quedaron sendas comunicaciones que por separado le enviaron al Presidente de la República, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil así como los presidentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en las que solicitan una audiencia para expresarle de viva voz al Mandatario los reparos que tienen frente al proyecto de reforma a la justicia, pendiente de su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

La comunicación de los Tribunales en mención fue enviada el pasado 31 de mayo a la Presidencia de la República; mientras que la otra fue radicada ese mismo día en la casa de Gobierno, suscrita por cerca de 15 organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE), Viva la Ciudadanía, Transparencia por Colombia, constituyentes como Horacio Serpa y Antonio Navarro.

Las comunicaciones al presidente Santos se produjeron el mismo día en que la Comisión Primera de la Cámara aprobó en séptimo debate la reforma constitucional a la justicia, iniciativa gubernamental que busca entre sus principales fines descongestionar el represamiento de procesos que hay en este momento, así como hacer más accesible la justicia al ciudadano de a pie.

Uno de los aspectos aprobados que consideran más críticos las organizaciones que solicitaron la audiencia al Jefe de Estado es lo referente a la doble instancia en los procesos de pérdida de investidura de los parlamentarios, que siguen a cargo del Consejo de Estado; así como lo que consideran ahora serán cuatro instancias en los procesos penales contra congresistas a cargo de la Corte Suprema de Justicia, que a su juicio podría abrir la puerta a la impunidad parlamentaria.

Igualmente, entre otros, estas organizaciones rechazan las funciones jurisdiccionales que el proyecto entrega a abogados y notarios para que se ocupen de algunos casos.