En carta abierta, el vicepresidente Angelino Garzón, se refirió a los diálogos que se adelantan con los campesinos en la región del Catatumbo.

Aquí el texto completo de la comunicación:

“El propósito del Presidente Juan Manuel Santos Caderón, al nombrar como mediador a una persona veterana y de experiencia como el Viceministro de Trabajo José Noé Ríos ha sido el de buscarle una solución dialogada y concertada a la protesta en la región del Catatumbo, como también es su propósito con los diferentes conflictos sociales a nivel nacional.

Conocí esa región en el año de 1997, cuando junto con el padre Jorge Martinez Q.E.P.D, integramos una delegación de la Comisión de Conciliación Nacional para recibir  a Monseñor José de Jesús Quintero Diaz, Obispo de Tibú-Norte de Santander en ese entonces, hoy Obispo de Leticia, que absurdamente había sido secuestrado por la guerrilla del eln.

En esa fecha, como ahora, lo único que se veía en la región del Catatumbo eran campesinos, campesinas e indígenas, viviendo en condiciones  de miseria y de abandono, llenos de necesidades y enfermedades. Igual pasa con muchas regiones del país, que históricamente han sido desatendidas por el Gobierno Nacional, los Gobiernos Locales y Regionales.

Desafortunadamente, las regalías petroleras, del gas y la  minería no han significado nada para ellos. En la región y otras zonas de fronteras, la presencia social del Estado ha sido muy escasa, mientras la guerrilla, los paramilitares, las bandas criminales, los narcotraficantes y los contrabandistas han hecho presencia de manera permanente tal como ha pasado en el Catatumbo.

En Colombia se garantiza el derecho de asociación y a la protesta social. Por eso existen asociaciones campesinas, de indígenas, sindicatos, juntas comunales entre otras. Ellas tienen derechos y deberes. Uno de ellos es el presentar pliegos de peticiones y exigir el cumplimiento de los acuerdos y compromisos. Pero la responsabilidad no es solamente del Gobierno Nacional, sino también de los Gobiernos Locales y Regionales, que muchas veces niegan los espacios necesarios para el diálogo social con sus comunidades. El derecho a la protesta social, significa también, el deber de sus dirigentes de garantizarle a la población el derecho  a vivir en paz y tranquilidad.

Lo que no puede seguir pasando en Colombia, es que mientras con los ilegales, en este caso la guerrilla de las farc, que tiene armas y desarrollan acciones violentas, se llegan a acuerdos en materia agraria como los del 26 de mayo pasado, ahora nos escandalicemos por las propuestas o iniciativas de los campesinos del Catatumbo en materia agraria. Es claro que los temas de paz se discuten en la Habana, pero los temas sociales se deben tratar en cada una de las regiones del país.

La verdad es que no podemos seguir siendo más duros con los legales que con los ilegales porque eso va contra el diálogo social, la política integral en materia de derechos humanos y contra la propia democracia.

Como Vicepresidente de la República no estoy de acuerdo con los bloqueos y menos con las acciones violentas que los campesinos han desarrollado en el Catatumbo. Lamento que hayan civiles y policías heridos y lo mismo que cuatro campesinos asesinados. Creo que se han cometido errores y excesos de parte y parte, que, como siempre, las víctimas son los pobres. La protesta social debe ser una expresión democrática y no de los violentos. Por lo tanto su solución es dialogada y no  con las descalificaciones y la represión.

Creo que en el Catatumbo como en las otras regiones del país lo que necesitamos son soluciones reales y sostenidas. Debemos desarmar la palabra porque  con las descalificaciones no resolvemos nada pero si alargamos la solución de los conflictos.

En el caso del Catatumbo, con todo respeto le solicito a los campesinos que integran la protesta, que ahora que se han iniciado los diálogos con los Representantes del Gobierno Nacional, tomen la decisión de poner fin a los bloqueos en el marco del Derecho Internacional Humanitario-DIH para que la población de Tibú no se siga afectando y adelanten una relación tranquila, de confianza y de respeto recíproco con la Policía Nacional.

Dialogar y dialogar, respetando la protesta social, en mi opinión, debe ser la norma de conducta de todos los que hacemos parte del Gobierno Nacional, como también de los Gobiernos Regionales y Locales, así  como  garantizar a la población su derecho a vivir en paz, en tranquilidad y con justicia social”.