LA CONTROVERSIAentre la contralora general Sandra Morelli y la auditora general Laura Emilse Marulanda por el contrato de arrendamiento de la nueva sede del ente de control fiscal está para alquilar balcón.

La Auditoría, al comienzo de la semana, formuló hallazgos disciplinarios, administrativos, penales y fiscales, que superan los $76 mil 400 millones de pesos tras evaluar la gestión económica, jurídica, contractual, técnica y financiera del proceso de traslado de las sedes centrales de la Contraloría General y del Fondo de Bienestar Social de ese organismo.

“… Los recursos públicos destinados al pago de los contratos de arrendamiento de la nueva sede y los contratos conexos (trasteo, avalúo del Edificio de la Gran Estación, rediseño de la instalación del cableado estructural en el Edifico Gran Estación, entre otros) no cumplieron, en criterio de la Auditoría General, con el fin propuesto, generando un presunto detrimento patrimonial superior a $54.091.327.959”, indicó la Auditoría.

La entidad también encontró que no existen elementos de juicio que permitan demostrar que resultaba más costoso para la Nación, adecuar las antiguas sedes del Centro Colseguros y del Edificio Cardenal Crisanto Luque que pagar el arrendamiento de la nueva sede o adquirir una nueva.

“Es una decisión que no me sorprende, no la conozco en los detalles, pero no me sorprende de ninguna manera. Ustedes tienen perfectamente clara cuál es la tarea que viene a hacer la señora Auditora al interior del Estado colombiano y la hace con toda aplicación y juicio…”, dijo la titular del ente fiscal al reaccionar a la decisión de la Auditoría.

Agregó Morelli que los “75 mil millones de pesos no podría precisarles si es lo que se ha pagado hasta ahora o es lo que ella (la Auditora) considera que se ha pagado en exceso. Lo que les puedo anticipar es que seguramente es un proceso que probatoriamente no podría progresar por razones económicas porque no tiene razón la señora Auditora”.

Morelli insistió en que el metro cuadrado funcional de todas las oficinas públicas del Estado que tienen un contrato comparable al que hizo la Contraloría General está “muy por encima de lo que nosotros estamos pagando… Aquí se paga 89 mil pesos metro cuadrado funcional y hay otra entidad del Estado que exactamente por los mismos servicios, pero no en una zona como esta, paga $290 mil pesos metro cuadrado funcional”.