La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura informó a través de un comunicado de prensa que, junto con la Dirección Ejecutiva de Administrativa Judicial, analizará esta semana la propuesta de no cancelar los salarios del mes de noviembre a los funcionarios y empleados de la rama judicial que decidan continuar en cese de actividades laborales.

Esta medida se adoptaría sólo el grupo minoritario que aún no se reincorpora a la normalidad laboral. La decisión de no pagar a los que no laboran no sería para perseguir el derecho a la protesta, que la Sala Administrativa considera legítimo, sino para poner de manera explícita las cartas sobre la mesa, para que al final de mes los servidores judiciales no tengan sorpresas.

Según el comunicado, el contenido del acuerdo al que se llegó la noche del martes pasado, contó con el consentimiento pleno de todos los actores, incluso del sector de Asonal que hoy continúa en cese de actividades, y este tuvo la aquiescencia del 100% de los presentes. De hecho, el documento fue redactado por un representante de Asonal, quien venía del Cauca, y en uno de los computadores portátiles de los trabajadores pero su firma se pospuso para el día siguiente.

“En un Estado social de derecho, habría que asumir que, más allá de las firmas, los contenidos materiales del acuerdo contaron con la voluntad de todas las partes y los acuerdos hay que honrarlos. La palabra dada es un punto de honor”, agregó el comunicado instando al fin definitivo del cese de actividades.

Por otra parte el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, reveló que le preguntó esa noche del martes a Nelson Cantillo, líder del sector disidente que rechaza el acuerdo, ¿qué pasaría si, al socializar el acuerdo con eso que Cantillo llama “las bases”, éstas no respaldasen el acuerdo? Cantillo, según el ministro, respondió que eso no pasaría, que él conocía “su” gente.