El 6 de agosto de 2015, si la administración de Gustavo Petro Urrego pone en funcionamiento la primera línea del metro ligero, no podrá inaugurar una de las soluciones para la movilidad si el Concejo aprueba un proyecto de acuerdo que prohíbe este tipo de actos.

El autor de la iniciativa, el concejal conservador Omar Mejía Báez, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, explicó que la idea es terminar la politiquería que hacen las diferentes administraciones con la inauguración de obras pública. “Estos actos constituyen un evento de beneficio particular y político que desdibujan el interés público que deben regir en las actuaciones administrativas, lo cual debe desaparecer del ejercicio gubernamental en la ciudad”, dijo.

En la exposición de motivos plantea la necesidad de institucionalizar la prohibición en el Distrito Capital de actos de inauguración de obras, con base en que las labores que se adelanten sean el producto del clamor y necesidad de las comunidades y no el cumplimiento de compromisos electorales previos, lo que se constituiría en un desequilibrio entre las diferentes representaciones en la ciudad.

Para Mejía Báez, la iniciativa generará un ahorro importante en las arcas públicas en lo que tiene que ver con la financiación de eventos y actividades de inauguración de obras.

Así mismo, el Concejal sustenta su propuesta en el sentido que el deber público está encaminado a lograr la satisfacción de las necesidades colectivas de la población, sin que implique un premio para quien cumple con su función.

“A través de los años, las administraciones distritales han usufructuado y utilizado como bandera política obras prioritarias para la comunidad, apareciendo ante los capitalinos como los grandes transformadores de la ciudad, publicitando en medios de comunicación, haciéndolas propias y desconociendo que en su mayoría son producto de los requerimientos repetitivos de los ciudadanos”, aseguró Mejía Báez.

Otro de los sustentos está encaminado a la transparencia institucional que debe fundamentarse en hechos propios de sus funcionarios en ejercicio de sus cargos, para lo cual es imperativo que la ciudad adopte mecanismos normativos que garanticen la equidad en la transición de las administraciones y que la gestión que está soportada con dineros públicos desaparezca de las banderas políticas de los gobiernos que sacan provecho de las obras que en ejercicio del cumplimiento de su deber legal las utilizan para posicionar partidos políticos.