El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, cuestionó al Gobierno Nacional porque, según él, “desde hace muchos años, en todos los gobiernos, las metas de vivienda no se han cumplido jamás, porque no hacen el esfuerzo que deberían hacer”.

“Lo cierto”, dijo, “es que las estadísticas y estudios de la Contraloría muestran que una parte muy grande de los subsidios se queda en asignados o aprobados, pero no se movilizan; es decir, no se vuelven viviendas. Pero a la hora de la verdad se gastan la plata”.

Robledo sostuvo que “el Gobierno había prometido 250.000 viviendas con Fonvivienda, con subsidios de 14 millones de pesos cada una; las cien mil viviendas de las que está hablando el Gobierno ahora, son con subsidios de 35 millones de pesos cada una”.

Como era de esperarse, el viceministro de Vivienda Luis Felipe Henao defendió las bondades del proyecto.

Según el funcionario, el Gobierno quiere “a través de un esquema rápido, pero transparente, llegar a la gente que más lo necesita”.

Según la premisa del Ejecutivo, “la barrera para salir de la pobreza extrema es tener una vivienda y tener ingresos”, por lo que la pretensión de “esta política es llegar a todos las familias de la Red Unidos, que ya están muy adelante, y salir de la pobreza extrema, para que puedan tener una vivienda”.

De otro lado, Henao aseguró que la Fiscalía investiga varias denuncias contra personas que están vendiendo formularios para estafar a incautos ciudadanos que tienen la ilusión de poder obtener una casa gratis.

“Los estafadores están cobrando una supuesta intermediación para aspirar a las soluciones habitacionales gratis que ofreció el presidente Juan Manuel Santos”, informó el funcionario.

El viceministro Henao manifestó que “las personas que sean capturadas por esta situación, serán judicializadas por el delito de estafa agravada, porque no pueden robarle el dinero así a los más pobres del país”.