Mayor General (r) Alberto Ruiz García

Especial para EL NUEVO SIGLO

Por considerar de suma importancia el tema de la posible creación de una Gendarmería en Colombia para atender  los sectores rurales del país, según lo expresó el Presidente de la  República en su reciente visita a Francia, resulta conveniente  participar  de la polémica.

En octubre pasado quedó muy claro para los representantes del Colegio de Generales que asistimos a una reunión con el Presidente de la República, que la institución no se vería afectada ni debilitada con ocasión del proceso de paz y la muy posible reforma de la Policía, una vez firmados los acuerdos e iniciado el post-conflicto. Inclusive se agregó que la reforma se haría cuando el país estuviera en normalidad. Además, que al momento de emprenderse efectivamente el proceso de reforma institucional, se llamaría a la reserva activa para realizarla con su aporte y  aprovechar su experiencia.

Como era de esperarse esas expresiones del  primer  Mandatario de la Nación calmaron la ansiedad e incertidumbre que nos cobijaba.

De otra parte, la carta del 29-01-15 enviada por el Director General de Institución a cada uno de los integrantes de nuestro Colegio, en respuesta del Presidente de la República al  Procurador General, es categórica en reiterar “que en la Mesa de Negociaciones de La Habana ni se ha negociado, ni se va a negociar la estructura ni la conducción de las Fuerzas Armadas, como posición invariable del Gobierno”.

De nuevo esta reiteración, tranquilizó nuestros espíritus y  renovó el optimismo. Inclusive agregó que es “natural que el Gobierno considere fortalecer la capacidad de la Policía en las zonas rurales, en particular de los carabineros”, y que la posibilidad de incorporar integrantes de las Farc, o más concretamente desmovilizados a la Fuerza Pública, será  motivo de discusión y evaluación por parte de expertos, sectores interesados y sociedad en general.

Incorporación de desmovilizados

Esta posible incorporación de desmovilizados a la Policía rural no debe tomarse a la ligera para evitar sorpresas en un futuro mediato y, por lo tanto, se deberá disponer  oportunamente de un plan o una muy consistente propuesta, en caso de que se le imponga a la Institución esta variable del proceso, “que no se ha pensado, pero no se descarta”, según lo manifestó el Presidente en territorio francés.

En primer lugar, debe quedar muy claro que ser policía no corresponde a una persona que solo sabe portar y maniobrar un arma, pues debe contar con unas condiciones humanas, solvencia moral y preparación doctrinal y policial exclusiva para obtener una fundamentación profesional, que no debe ser inferior a un año, para delegarle la gran responsabilidad de impartir autoridad y ser el aliado prioritario de la comunidad y las autoridades.

Estos requisitos ineludibles son, precisamente, de los que carecen los integrantes de grupos armados al margen de la ley, que obligatoriamente deberán enfrentar un proceso de rehabilitación, selección y capacitación riguroso y continuo, para pertenecer a una institución de acendrados valores y principios como la Policía.

Como es de suponer los mandos deberán ser seleccionados de la oficialidad y del nivel ejecutivo, por ninguna circunstancia de  cabecillas desmovilizados.

El empleo de estas personas, por razones obvias, deberá ser limitado y bajo la estricta supervisión de la Fuerza Pública, si se les encomendara la tarea de contribuir con el desminado, la erradicación de laboratorios y cultivos, el desmonte y erradicación de la minería ilegal y el control de las infraestructuras energéticas, para justificar en parte esta gran concesión del Gobierno Nacional.

Lo ideal sería que no fueran destinados a las fuerzas policiales, por cuanto algunos lo consideramos un imposible moral,  pero si así  se dispone,  estas consideraciones deberán ser muy tenidas en cuenta. La discusión que se planteará enriquecerá a no dudarlo estos planteamientos.

 Inconveniencias

De otra parte,  resulta inconveniente crear una gendarmería  por varias razones.

En  primer lugar, la gendarmería pretendida, tomando como referente la organización francesa, tendría connotación militar, como de igual manera ocurre con la guardia Civil española, o los Carabinieres  italianos, lo que atentaría contra la naturaleza civil de la institución y seguiría generando serias confusiones en el cumplimiento del rol de las  instituciones que integran la Fuerza Pública como sucede actualmente. A lo anterior se agregaría que su dependencia sería del Ministerio del Interior, lo que contribuiría, además, a debilitar la unidad y consistencia de la Fuerza Pública, uno de los propósitos soterrados de las Farc.

En segundo lugar, crear una gendarmería en estas condiciones, podría dar pie a pensar en la creación de una Guardia Nacional, viejo e inveterado anhelo de variados sectores.

A lo anterior cabe agregar que en reciente foro de Acore, una exministra de Defensa manifestó que venía trabajando con ilustres generales retirados del Ejército, la presentación al Gobierno de una propuesta para constituir una gendarmería con Policía Militar a la cual se le asignarían funciones de policía judicial. Ello  en mi concepto, merece una  profunda y seria discusión

No hay que olvidar  la no muy  grata experiencia de los procesos de paz en Guatemala y El Salvador, en donde se crearon Guardias Nacionales con integrantes de Policía, Ejército y desmovilizados. En la actualidad son países con altos índices de criminalidad, solo por mencionar uno de sus fracasos.

En tercer lugar, debe considerarse que  la  idiosincrasia y la cultura del acatamiento a la ley del pueblo francés, difieren enormemente de las nuestra y, por lo tanto, la labor de control de la convivencia en las zonas rurales se haría muy difícil, en especial si consideramos las enormes dificultades de acceso a poblaciones alejadas, que carecen de infraestructura vial y solo han servido de refugio de maleantes, prófugos de la justicia y asentamiento del narcotráfico, minería ilegal, contrabando y proselitismo armado de los ilegales.

Fortalecer vigilancia rural

Pensando y actuando con sentido práctico, más que emocional y sentimental, una posible alternativa  sería la de escoger la opción que menos daño cause a los intereses, la tradición y la historia de la Policía. Consiste esta oportunidad, entonces, en partir de la estructura actual de la institución para armonizarla y adaptarla a los  intereses del Gobierno nacional con ocasión de un acuerdo de paz, que por lo que se oye y observa, no está muy lejano.

La solución es entonces sumamente práctica. Tomando como referente  la actual Dirección de Policía de Vigilancia Rural, a cargo desde el 2007 de un Brigadier General, encaminar el proyecto gubernamental a generar nuevos mecanismos de control de las áreas rurales, que abarcan 125 municipios y 17 departamentos, e incluye una población de aproximadamente 9 millones de habitantes, es decir un tercio del territorio nacional y una quinta parte de su población. La idea es un fortalecimiento de esta Dirección, que se integraría estrictamente con personal de la especialidad de carabineros, con dedicación exclusiva y en la cual sus miembros permanecerían hasta lograr su asignación de retiro, por el arraigo que adquirirían con los campesinos por cuanto entrarían a ser parte de estas comunidades.

La asignación de partidas presupuestales específicas para suministrar la logística, la tecnología y el talento humano pertinente, así como de beneficios y estímulos en materia de primas, bonificaciones y salarios, que para esta exclusiva y difícil tarea disponga el Gobierno Nacional, respondería a ese viejo anhelo de  la institución de consolidar  la vigilancia rural con los carabineros de Colombia, que ha surtido varios intentos sin resultados positivos.

La familia policial de activos y retirados, vería con buenos ojos la materialización de esta recomendación, que hoy pongo a disposición de todos sus integrantes, para iniciar un debate o realizar un foro o seminarios al respecto.