El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, se refirió a las funciones de la asesora del despacho Olga Claros, sobre su participación en un debate el en Congreso de la República, e indicó enfáticamente que la funcionaria tiene la competencia de hacer seguimiento a los procesos legislativos en esa corporación.

Manifestó que “la Fiscalía General de la Nación presentó recientemente un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal conjuntamente con el Ministro de justicia, una ley estatutaria para crear una segunda instancia en materia de congresistas y rediseñar la Sala Penal de la Corte, y otro proyecto de ley estatutaria referente a más garantías dentro del proceso penal”.

Por ello destacó el fiscal Montealegre que la funcionaria no tiene la función de hacer lobby en el Congreso sino que “estaba presente en el momento del debate sobre el equilibrio de poderes, y (…) la funcionaria, con toda razón, tenía unas observaciones jurídicas a la propuesta de la Senadora Viviane Morales, en el sentido que es una propuesta que podría resultar inconstitucional porque estaba creando inhabilidades que no habían sido discutidas durante los cinco debates anteriores”.

“Para que una norma pueda convertirse en acto legislativo necesita 8 debates, que el tema haya sido discutido en esos 8 debates; hay una gran rigidez en la interpretación del principio de identidad y consecutividad según lo ha dicho la Corte, y la doctora Olga Claros puso de manifiesto en el congreso que tenía observaciones jurídicas al proyecto porque estaba introduciendo inhabilidades que no había sido discutidos durante los trámites anteriores”, puntualizó el jefe del ente acusador.

Agregó que “es totalmente legal, totalmente permitido que un funcionario, en este caso que está actuando dentro del ámbito de sus competencias les exponga a los congresistas las razones jurídicas frente a eventuales inconstitucionalidades de un proyecto”.

El Fiscal Montealegre señaló también que “no hubo ningún quebranto ético ni legal de la doctora Olga Claros, quien se limitó a llamar la atención sobre la posible inconstitucionalidad en la propuesta de la Senadora Viviane Morales”.

Finalmente, sostuvo que como Fiscal General de la Nación considera “la propuesta de introducir una inhabilidad de cinco años para los magistrados de las altas Cortes es una inhabilidad desproporcionada que afecta sensiblemente a las funciones de la justicia, que afecta sensiblemente derechos constitucionales; me parece que es absolutamente desproporcionada (…) porque en este momento tanto el Fiscal General  como los magistrados de las altas Cortes tenemos una inhabilidad de dos años para ejercer nuestra profesión ante la entidad a la cual estamos sirviendo”.