Ante la Procuraduría ayer el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, indicó que no hubo corrupción, ni ineptitud y solicitó el archivo de la investigación disciplinaria.
El Ministerio Público lo investiga por una posible falta grave por el cambio en el sistema de aseo en la capital.
A través de su abogado, Julio César Ortiz, el burgomaestre presentó un alegato de conclusión donde demuestra con argumentos legales y constitucionales que no se violó la ley al cambiar el modelo de servicio de aseo en la capital y controlar los traumatismos presentados en diciembre del año pasado.
El alegato jurídico del alcalde señala que los convenios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y la utilización excepcional de volquetas para la recolección de basuras estaban permitidos por la ley y no se afectó el ambiente de la ciudad pese a los traumatismos presentados.
Afirmó también que la propia Procuraduría sabía de los traumatismos que se iban a presentar por la decisión de los operadores privados de no devolver al Distrito los equipos para la prestación del servicio.
Al demostrar que los cargos formulados por la Procuraduría no tienen sustento jurídico, el abogado del alcalde recalcó que no existe en el voluminoso expediente prueba alguna contra el alcalde de que el cambio en el modelo de recolección de basuras lo haya ordenado con el ánimo de causar daño a la ciudad y perjuicio a los ciudadanos.
Por el contrario, con base en estudios técnicos y testimonios de expertos, se demostró a la Procuraduría que el alcalde implementó un sistema transitorio de recolección de basuras para cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional, mejorando la cobertura y la calidad del servicio a la espera de que se haga una licitación para escoger los nuevos operadores.
El exmagistrado Ortiz insistió en que la acción disciplinaria no puede ser usada para coadministrar la ciudad y sostuvo que la Procuraduría ha desconocido la presunción de inocencia del alcalde Petro, ha prejuzgado y no ha reconocido las dudas razonables a favor del burgomaestre.
“El desacuerdo con un gobierno o el estilo de un gobernante lo deben castigar los electores, no los encargados de vigilar las conductas para que no haya corrupción. Y este no es un caso de corrupción, ni de ineptitud”, puntualizó el alegato del alcalde.
No hay dolo
El exmagistrado Ortiz aseguró que Petro no actuó con dolo al poner en marcha el nuevo esquema de aseo.
Ortiz dijo que el Alcalde actuó conforme a sus competencias obedeciendo mandatos constitucionales y a la política de su Programa de Gobierno.
“No hay ni dolo, ni culpa, ni ninguna falta que pueda ser sancionada, el Alcalde actuó conforme a sus competencias”, señaló Ortiz.
“Se adelantó el proceso por parte del Alcalde y hubo por supuesto la resistencia de los antiguos concesionarios cuyos contratos ya estaban vencidos, y esa renuencia y por supuesto las dificultades normales de implementar un servicio tan complejo e importante para la ciudad generaron unos traumatismos menores que afortunadamente fueron superados de manera oportuna y eficiente“, dijo el defensor.
El exmagistrado Ortiz calificó como una ‘exageración descabellada’ cuando quienes denunciaron al Alcalde dicen que hubo un daño ambiental en la ciudad.
“Es un escrito enjundioso que tiene más de 450 folios, con pruebas y anexos que esperamos sean estudiados minuciosamente por los señores comisionados del Procurador para producir una decisión en derecho”, aseguró.
Ortiz señaló que existe responsabilidad por parte de los operadores de aseo que en esa época debieron entregar funcionando el servicio.
“Uno no puede devolver el servicio público fundamental de aseo a pedazos, o no entregar las piezas, me parece que es una verdadera responsabilidad que debe ser sancionada por la Fiscalía General de la Nación”, dijo.