“Estamos convencidos de que es necesario incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento legal y constitucional”, dijo el procurador general Fernando Carrillo durante la firma de un acuerdo interinstitucional con el Gobierno nacional para garantizar la continuidad y sostenibilidad de las obras de la Ruta del Sol.
Sobre el acuerdo, firmado por el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Instituto Nacional de Vías y la Superintendencia de Puertos y Transporte, Carrillo indicó que este permite “mejorar, controlar y mirar cuáles son las mejores prácticas en una situación que era inédita para el país”.
“No hemos bajado la guardia en lo que han sido las acciones de carácter disciplinario de la Procuraduría frente al escándalo de Odebrecht”, dijo.
Carrillo resaltó que el acuerdo firmado es la unión de necesidades de todas las autoridades para garantizar “el respeto por los derechos de los trabajadores, el pago a los proveedores e incluso la sostenibilidad financiera de esta obra sin que afecte los proyectos de cuarta generación, que son estratégicos para el país, insistiendo en que nuestras facultades sancionatorias y disciplinarias se mantienen intactas”.
El procurador Carrillo dijo que la entidad ha insistido ante las autoridades de Brasil en el envío de evidencias en este caso.
Sobre #Odebretch, @fcarrilloflorez recuerda que se han solicitado pruebas a #Brasil para la investigación en curso. Esto dijo a los medios: pic.twitter.com/LjBx1mo14l
— Procuraduría General (@PGN_COL) 17 de julio de 2017
Mejores prácticas
El acuerdo busca que las entidades involucradas en el proyecto Ruta del Sol, que a la fecha se encuentra suspendido, asuman un compromiso de eficiencia, buenas prácticas y de control para garantizar su continuidad.
De esta forma se pretende que la estructuración del proyecto asegure nuevos estándares de planeación en la modalidad de concesiones de cuarta generación, que sean complementados con prácticas innovadoras de control, transparencia, integridad y seguridad jurídica.
El acuerdo interinstitucional deberá ser aprobado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que el Gobierno Nacional tome el control de las obras de la Ruta del Sol.
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