No es necesario tramitar otra reforma, como lo propuso el Consejo de Estado, porque es más pertinente sacar adelante el proyecto de equilibrio de poderes que hoy sigue en su sexto debate en la plenaria del Senado, consideraron congresistas de varias bancadas.

Como lo publicó la semana pasada EL NUEVO SIGLO, a través de un comunicado de la Sala Plena, el Consejo propuso “crear una Misión Justicia para que elabore un proyecto integral de reforma constitucional que contemple los aspectos profundos de la justicia en Colombia”, tras considerar que el proyecto de equilibrio de poderes “en relación con la justicia es insuficiente”.

El alto tribunal precisó que la iniciativa que tramita el Congreso “no plantea soluciones a problemas esenciales de la Rama Judicial como el presupuesto, la descongestión, mayor acceso a la justicia, seguridad jurídica, etc., lo que hace que resulte inconveniente”.

La senadora Claudia López, de la Alianza Verde, le dijo a este Diario que sin profundizar en el tema cree que lo que los magistrados quieren es continuar con la impunidad.

Por su parte, el senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, recordó que la iniciativa tiene varias bondades y ese es uno de los motivos principales por los cuales debe continuar y sacarla adelante.

Para Enríquez, el comunicado de los magistrados es respetable, pero “el Congreso de la República en uso de su soberanía legislativa está tramitando un proyecto de reforma constitucional de iniciativa del Gobierno. Y hay que destacar cosas muy importantes, como la entregarle el gobierno de la Rama Judicial a una Dirección y estructurar un sistema de administración de justicia por medio de los concursos méritos”.

El senador Enríquez indicó que ante el clamor nacional de terminar de la Comisión de Investigación y Acusación, se remplazó por un tribunal de fuero que se encargue de investigar y acusar a los altos funcionarios del Estado.

El congresista nariñense resaltó el hecho de que se acabe con la puerta giratoria e indicó que eso es lo que se ha denominado tú me eliges, yo me elijo, “no con buenos resultados, sino con malos resultados. Eso en cuanto tiene que ver con la reforma a la administración de justicia. Por algo hay que empezar”.

Entre tanto, el senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático,  opinó que lo que están diciendo los magistrados es lo que es evidente y lo que se ha dicho repetidas veces, y es que esta es una minirreforma  a la justicia, una minirreforma electoral y una minirreforma política, “de todo lo cual no puede salir una reforma de nada, así que esa es la constatación de un hecho”.

Rangel manifestó que la reforma a la justicia queda pendiente y argumentó que si el Gobierno tuviera alguna intensión política, tendría que liderar un proceso de consultas amplias que diera como resultados una propuesta verdaderamente estructural, como es superar los problemas reales de la justicia, de la congestión, la politización de la justicia.

Para Rangel, los magistrados en su comunicado dieron “una puntada sobre lo que es una realidad sentida por todos”.

El senador Manuel Enríquez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), anotó que sin decir que es la gran reforma o la panacea se cree que es un gran avance, “que se debería sacarla adelante porque hay unos temas que hacen falta”, como “el nuevo tribunal que se creó para investigar y sancionar a los altos magistrados de Estado”.

El congresista señaló que es un mal ejemplo para el país que existan unos funcionarios que hoy no tengan un juez correspondiente, “ya está demostrado que la Comisión de Acusaciones definitivamente no va ser capaz nunca  de sacar adelante unas investigaciones”.

El presidente de La U, Roy Barreras, informó que en el momento en que se está debatiendo una reforma, es el momento de escuchar todas las propuestas.

“Las dificultades de la administración de justicia y el choque de trenes entre la Comisión de Acusaciones, hay que resolverlas”, dijo.

Los magistrados consideraron “que para una real y efectiva autonomía e independencia de la Rama Judicial se requiere una disposición constitucional que establezca un porcentaje mínimo de participación en el presupuesto general de la Nación no inferior al 5 por ciento y diferente del asignado a la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los estándares internacionales y rechaza las medidas de todo orden tendiente a limitar la ejecución del presupuesto asignado a la Rama Judicial”.