Es obligación de la Fiscalía General investigar todas las denuncias que se presenten ante el ente investigador con el fin de establecer si se presentaron irregularidades de tipo administrativo, afirmó el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo respecto a las acusaciones presentadas por la contralora General, Sandra Morelli Rico en la que se aseguró que existía una persecución jurídica en su contra.

Entre tanto, el presidente Santos en su cuenta de Twitter."Les reitero muy comedidamente a los órganos de control no llevar diferencias personales a campo institucional. A nadie conviene".

El profundo enfrentamiento entre dos altos funcionarios estatales, el fiscal general, Eduardo Montealegre y la Contralora General, Sandra Morelli tuvo ayer dos nuevos e inéditos episodios.

En primer lugar, la Contralora recusó al fiscal Montealegre y a su segundo a bordo, Jorge Romero, argumentando una “enemistad grave”  y que por ello, para que los procesos que el ente acusador adelanta contra el órgano de control sean “imparciales” y “transparentes” solicitó la designación de un fiscal ad hoc.

Como se sabe, la Fiscalía abrió investigación y ha realizado allanamientos a la Contraloría por denuncias de posibles sobrecostos en el arrendamiento de la sede donde funciona, en el moderno edificio de la Esfera de Gran Estación y porque presuntamente se utilizaron equipos de ésta para hacer interceptaciones ilegales a dos periodistas, Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco.

El segundo lugar, la contralora Morelli pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigar la actuación del fiscal Montealegre, porque en su parecer y entender, el funcionario 2ha simulado adelantar una investigación contra la Contraloría por un supuesto delito de interceptación ilegal de comunicaciones movida por otro propósito: interferir el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta contra la EPS Saludcoop”.

En su denuncia ante la célula congresional señala que “Montealegre tiene o ha tenido intereses personales en el caso Saludcoop porque antes de ser Fiscal General recibió más de $4 mil millones por  asesorías legales” a la mencionada EPS, cuando fungía como presidente Carlos Palacino, quien hoy es el principal implicado en la investigación que realiza la Contraloría.