Un drástico cambio se produciría en la industria extractiva a cielo abierto en Colombia si el Congreso de la República aprueba una iniciativa de ley, la cual establece que el uso de explosivos no se permitirá en las minas y canteras que  estén ubicadas a menos de 10 kilómetros  de distancia de los centros urbanos conformadas por mil o más habitantes.

El 70% del material explosivo  utilizado en el país lo consume la industria minera formal, indica el proyecto de ley No. 254/16 Cámara, que fue radicado hace pocos días en la Cámara por el representante del departamento del Meta,  Ángelo Antonio Villamil Benavides, iniciativa que está a la espera de rendir ponencia para su primer debate en la Comisión Quinta.

El Congresista llanero explica en su iniciativa que “para el uso de cualquier material explosivo, así sea un explosivo permisible,  debe obtenerse los permisos correspondientes. Pero las normas existentes regulan el transporte, almacenamiento, uso de explosivos en tierra y bajo el agua en función de la seguridad de los trabajadores, cosa loable por demás. Sin embargo parece olvidar la seguridad y la salud de los habitantes que circundan las obras de exploración y explotación”.

Precisamente, Villamil Benavides hace alusión a lo sucedido en Barranquilla el 3 de septiembre pasado, cuando una explosión a 10 kilómetros de la vía al mar causó conmoción y  serios daños en dos instituciones educativas de Puerto Colombia y la capital del Atlántico.

“El hecho, puso en peligro la vida de 734 estudiantes y 150 trabajadores administrativos del colegio Altamira International School, y los vidrios de 16 salones de clases se rompieron por completo; tres estudiantes de la Fundación Pies Descalzos resultaron afectados en sus oídos por la explosión y tuvieron que ser llevados para ser atendidos en una institución médica”, asegura en el proyecto de ley el Parlamentario del Partido Liberal.

En consonancia con la problemática expuesta la iniciativa de ley tiene por objeto garantizar la protección de los recursos naturales y los derechos de las persona que habitan cerca a áreas de influencia de una cantera o mina en explotación; así como regular el uso de explosivos a fin de evitar los riesgos que se generan por la continua actividad minera cercana a grupos poblacionales.

En ese sentido, la norma aplica a las autoridades nacionales, regionales y locales que tienen funciones de autoridad ambiental para el otorgamiento de permisos en explotación con explosivos de canteras y minas a cielo abierto. Así mismo, a los particulares que adelanten actividades en minas o canteras.

El proyecto de ley establece sanciones a los particulares que infrinjan la norma utilizando explosivos en minas o canteras a cielo abierto a menos de 10 kilómetros de centros urbanos, para lo cual se aplicará lo establecido en la Ley 1333 de 2009 en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 40.

Dichas sanciones consisten en multas diarias hasta por 5 mil  salarios mínimos mensuales legales vigentes; cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio; y revocatoria o caducidad de licencia ambiental autorización, concesión, permiso o registro.

Nula fiscalización

El Parlamentario liberal indicó que se expiden licencias para hacer exploración y explotación de las canteras usando explosivos, pero “la fiscalización de las autoridades no es positiva”.

En este sentido anota que los efectos de casas agrietadas por las ondas explosivas, el riesgo para la población infantil y estudiantil de los colegios cercanos a la zona de explotación en Atlántico, por ejemplo, y los daños en la salud por cuenta de la emisión de sustancias tóxicas no tienen eco en las autoridades.

Así por ejemplo, indicó Villamil en el proyecto, “suceden cosas como la que ocurrió recientemente en el Atlántico, en la que después de la explosión de la cantera Munarriz, por la manipulación de 150 kilos de Anfo, sin el lleno de los requisitos, las autoridades ambientales ordenaron el cierre temporal  de la misma mientras se adelantaban  las investigaciones para determinar las responsabilidades, pero pocos días después las medidas fueron levantadas por la autoridad ambiental de la zona.