Se respetará  el debido proceso de las investigaciones por el escándalo con las supuestas irregularidades en las fachadas de inteligencia en las que estarían involucrados miembros del Ejército, aseguró ayer el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

“Yo no estoy dispuesto a tomar decisiones absurdas como se tomaron en otros tiempos, donde botaban a la gente sin dejarlos hablar, sin que existieran investigaciones”, manifestó Pinzón.

El alto funcionario reiteró que las fachadas de inteligencia seguirán operando, porque son totalmente legítimas.

“Por supuesto, estaremos con el ojo avizor, dispuestos a tomar decisiones si hay extralimitaciones de las obligaciones constitucional y legal”, señaló Pinzón.

“Que no piensen algunos que van a poder debilitar la voluntad política y la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad, haciendo uso de sus herramientas legítimas, con toda la determinación”, declaró, anunciándoles a los “señores de las Farc, bandas criminales, delincuencia común” que “vamos a seguir presionando con la inteligencia para hacer operaciones quirúrgicas para debilitarlos, golpearlos y llevarlos ante la justicia”.

El jefe de la cartera de Defensa Nacional precisó que las acciones encubiertas permiten la liberación de secuestrados, anticipar golpes y atentados, entre otros usos. Sin referirse directamente al caso Andrómeda manifestó que serán “las investigaciones y la justicia las que hablen”.

Lupa de la Contraloría

La Contraloría General confirmó, a través de un comunicado, que viene fiscalizando los gastos reservados del Ministerio de Defensa y de todas sus unidades, incluyendo la Policía y el Ejército Nacional.

En documento divulgado ayer, la Contraloría afirmó que tiene puesta la lupa en la contratación reservada de programas del Estado como la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (PUMA) y a la Central de Inteligencia.

Las auditorias y controles ejercidos sobre estos gastos también son reservados, teniendo en cuenta “que cada una de dichas actuaciones fiscales se hace con sumo cuidado de no afectar estrategias, ni evaluar aspectos que trasciendan la legalidad y razonabilidad del gasto”, precisó la Contraloría, agregando que “su objetivo se conoce dentro de la lógica del control fiscal a posteriori en donde se verifica la efectiva aplicación del recurso público y los resultados obtenidos”.

El organismo bajo la dirección de la contralora Sandra Morelli no perdió la oportunidad para recordar que a la única entidad a la que no se le puede ejercer vigilancia sobre los gastos reservados es a la Fiscalía, teniendo en cuenta una tutela fallada en contra de la Contraloría cuando inició una actuación en ese sentido.

El escándalo

El ministro Pinzón anunció el martes que dos altos miembros de las Fuerzas Militares fueron relevados luego de conocerse la denuncia de la revista Semana sobre posibles irregularidades que se habrían presentado en fachadas de inteligencia desde donde se habrían realizado interceptaciones ilegales a los negociadores de paz del Gobierno en La Habana.

“En consenso con el comandante general de las Fuerzas Militares y el comandante del Ejército Nacional, hemos decidido relevar de sus cargos al jefe de inteligencia del Ejército”, Mauricio Ricardo Zúñiga, “y al director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército Nacional”, Jorge Zuluaga, dijo entonces el ministro a los medios.

Según la revista, una investigación de más de 15 meses habría confirmado la existencia de la central secreta de inteligencia en el sector bogotano de Galerías, que usaba como fachada un restaurante y en el segundo piso un local de servicios informáticos con el nombre de Andrómeda.

De acuerdo con el artículo, militares y jóvenes hackers espiaban negociadores de paz del Gobierno como Humberto de La Calle, Sergio Jaramillo y Alejandro Éder interceptando sus correos electrónicos y sus conversaciones en el popular servicio de mensajería instantánea Whats App.

Según los testimonios recogidos por la publicación, en Andrómeda también se monitoreaba la actividad de políticos de oposición como Piedad Córdoba e Iván Cepeda, quienes exigieron al Gobierno una investigación profunda que aclare el origen de estas acciones ilegales en su contra.

Como lo publicó EL NUEVO SIGLO, el presidente Juan Manuel Santos ordenó a las autoridades no descansar hasta dar con los responsables directos de las interceptaciones que según él, provienen de fuerzas oscuras que pretenden sabotear el proceso de paz que adelanta su Gobierno desde hace más de un año con la guerrilla de las Farc y que busca poner fin al conflicto armado.

El fiscal Eduardo Montealegre recordó que las interceptaciones están permitidas por la Constitución y el ordenamiento jurídico del país pero se está investigando si en este caso el Ejército cometió una extralimitación de sus funciones.

"La Fiscalía ya tiene en su poder varios elementos producto del allanamiento. Contamos con autorización de un juez de control de garantías para hacer un examen minucioso a los computadores incautados. Vamos a determinar si las labores de inteligencia se desviaron a actividades prohibidas por la Constitución, como injerir en derechos fundamentales como el derecho a la intimidad", aseveró.