Cuando en 2011 se sancionó la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Gobierno y los colombianos sabían que se estaba dando un paso histórico. Pero también se hacía evidente un enorme reto: el de reparar, en medio de un conflicto aún vigente, a centenares de miles de afectados por múltiples actores armados.

Para Paula Gaviria, directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la decisión fue valiente y ha dado sus frutos. Pronostica que en un escenario de posconflicto con las Farc, esos logros se dispararían y la confianza en las instituciones se podría fortalecer desde todas las regiones del país. Sin embargo, también es consciente de que se deben tomar precauciones a la hora de aplicar la Ley con el fin de evitar los riesgos latentes, especialmente a la hora de restituir.

Gaviria destaca los alcances en los casi tres años de aplicación de la 1448 y se defiende de las recientes críticas a la efectividad en los procesos de restitución de tierras.

El NUEVO SIGLO: ¿Qué se puede aprender del proceso de justicia transicional con los paramilitares para el que eventualmente llegaría con las Farc?

PG:- El aprendizaje es total. Lo primero es que el Estado pone en el centro de sus políticas  a las víctimas como clave para un proceso sostenible de paz. Además, hoy existe una institucionalidad fortalecida con respuestas concretas, que reconoce que ninguna víctima es igual a otra y que los daños son diferentes. Hay países que han iniciado estos procesos y se han olvidado de las víctimas, son procesos que no son sostenibles y no generan reconciliación.  

ENS:- Hoy, a casi 3 años de la Ley ¿no cree que fue muy arriesgada la decisión de reparar en medio del conflicto?

PG:- Los retos existen y siempre han estado. Ningún país ha adelantado reparaciones en medio del conflicto. Es valiente, una apuesta justa y ética, que no podía ser de otra manera. Se ha querido ver como improvisación; al contrario, no hay una política en el mundo que se haya hecho con la seriedad y la prevención de los riesgos como esta.

En el tema de restitución, se trata de hacerlo de manera responsable: se definen unos mecanismos para no generar más riesgos para las víctimas. Entonces no se entran a hacer retituciones en zonas donde todavía no tenemos la garantía de una presencia estable y de condiciones duraderas de seguridad.

ENS:- ¿Cómo se establecen esas zonas?

PG:- Se definen entre varias entidades del Estado, autoridades locales y de Fuerza Pública que van estudiando cómo están las condiciones, no solo de seguridad actuales, sino de estabilidad. Eso implica tomar precauciones. Ahí se define la macrofocalización (que da la entrada en términos de seguridad) y la microfocalización (donde la Unidad de Restitución de Tierras decide empezar directamente). El año pasado se tomaron decisiones de des-microfocalizar zonas porque se verificó que, a pesar del estudio de estabilidad y seguridad, se habían generado unos nuevos riesgos.

ENS:-¿En qué regiones se ha tenido que suspender la restitución por temas de seguridad?

PG:- En Putumayo tocó suspender la presentación de demandas ante los jueces. Ahí se estaba avanzando de una manera muy positiva.

 

Réplica a un informe

 

ENS:-Uno de los resultados del informe de la Fundación Paz y Reconciliación es que solo se ha presentado el 15% de las solicitudes esperadas ¿Cómo lograr que se supere el miedo y ofrecer garantías?

PG:- Hay un tema importante de aclarar: ¿se esperaban de dónde y de quién? Esos cálculos de cuántas personas podían ser reclamantes se hicieron en otro momento y creo que ameritan estudiarse más a fondo. Lo que responde el director de la Unidad de Restitución de Tierras es que han tenido, desde que se abrió el proceso de presentar solicitudes, muchísimas y se han ido evacuando en la medida de lo posible.

Se ha querido decir que los procesos son lentos pero comparativamente con jueces de otras jurisdicciones en el país, son de los más expeditos en proferir sentencias. Es muy impresionante: casi 400 sentencias expedidas, más de 900 familias beneficiadas, 22 mil hectáreas restituidas.

ENS:-Precisamente por el hecho de decidir restituir en el conflicto, ustedes debían imaginarse que no se iban a presentar tantas solicitudes como casos existentes de despojo.

PG:- Claro. Pero nos ha sorprendido que, a pesar de estar en medio del conflicto, la victimización y las necesidades son tales que muchísima gente se ha acercado. Las víctimas de ayer se están acercando a declarar hoy.

Sin embargo, creemos que en un escenario de terminación del conflicto es muy probable que tengamos muchas personas que aún no se han acercado al Estado y lo hagan entonces. Claramente hay un subregistro, que hemos venido superando, pero tampoco es tan alto, y menos en desplazamiento. Si hay subregistro, lo hay en violencia sexual o en niños reclutados; en desplazamiento menos, porque llevamos más años registrándolo.

 

Las metas

 

ENS:- ¿Qué metas tienen frente a la restitución?

PG:- En agosto vamos a lograr  que un promedio de 500 mil personas recuperen su derecho a vivir donde quieren. Esto es inédito, nunca el gobierno había tomado una decisión de organizarse y focalizarse para una meta de estas. Esto es decirle a la Corte Constitucional: los desplazados sí nos importan y no solamente les vamos a dar una ayuda humanitaria.

ENS:- ¿Los bienes que entregan los victimarios al Fondo de Reparación son suficientes para abarcar las más de 6 millones de víctimas?

PG: No alcanza y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Incluso la misma Ley 1448 crea la posibilidad de recaudar nuevas fuentes. Ya no solamente son los bienes de los postulados y los recursos del presupuesto general de la nación, sino que también hay nuevas fuentes como donaciones, pagos de multas de sentencias, contribuciones internacionales, etc.  En eso estamos trabajando ahora: que la sociedad colombiana diga “esto también tiene que ver conmigo” y aporte  a ese fondo.

ENS:-¿Cómo se prepara la Unidad de Víctimas para un eventual posconflicto?

PG:- Nos estamos preparando desde que empezamos en enero de 2012. A diario vivimos el conflicto, estamos atendiendo misiones humanitarias, víctimas cuyos hechos acaban de ocurrir (cada vez menos, pero siguen ocurriendo). Estamos preparados para que las víctimas que no han declarado lo hagan. Hay un equipo entrenado para recibir a nuevas víctimas, una infraestructura y unos sistemas de información listos para hacer esos análisis.

ENS:-¿Se ha pensado en la posibilidad de ampliar la vigencia de la Ley de Víctimas?

PG:- Por el momento no, pero es un debate que tendrá que darse.

ENS:- ¿De qué dependería?

PG:- De cuándo se firme la terminación  del conflicto, porque esas víctimas que aún no han declarado porque tienen miedo, tendrían que tener un tiempo suficiente para acercarse al Estado. Depende de los acuerdos, de las circunstancias. El Presidente y los negociadores dijeron que la Ley de Víctimas no es negociable, pero la Unidad está preparada para responder a cualquier decisión de ampliación de los términos. 

 

 

El contrapunteo por restitución de tierras

 

En la última semana se presentó un rifirrafe sobre el alcance del programa de devolución de predios a los desplazados y despojados por la violencia. Aquí las dos caras de la moneda

 

Solo 1.7% de 54 mil solicitudes han sido falladas

 

Durante un año la Fundación Forjando Futuros y la Fundación Paz y Reconciliación  realizaron un seguimiento a las 372 sentencias de restitución de tierras proferidas por jueces y magistrados del país, desde la sanción de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de tierras hasta la fecha.

Los datos consolidados, según el comunicado expedido el 26 de marzo pasado, reflejan una preocupante situación sobre la restitución en Colombia: solo el 1.7% de las 54.063 solicitudes presentadas ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) han sido falladas y el 70% de esas solicitudes están represadas porque los predios se encuentran en zonas sin microfocalizar, es decir, sin la aprobación del Ministerio de Defensa.

Por otra parte, el análisis de la Fundación reveló que Gabriela Inés Henao Montoya, capturada el pasado lunes 17 de marzo de 2014; Diego Alois Sierra, Hever Walter Alfonso Vicuña, Miguel Enrique Ríos Dávila, Guillermo León Restrepo Rico y  Gabriel Jaime Vásquez, presentaron el 65% de las oposiciones que no acreditaron la buena fe exenta de culpa, en los casos de Santa Paula, Pechilín y Cedro Cocido.

Otra de las cifras que preocupa es el alcance que ha tenido dicha Ley. Teniendo en cuenta que tanto la URT como diferentes ONG especializadas en el tema estiman que el total de solicitudes llegará a 360.000 al año 2021, desde  mediados de 2011  a la fecha el 85% de las víctimas no han presentado sus solicitudes, lo que denota una incapacidad de la URT para cumplir con los objetivos trazados cuando se implementó la Ley.

A lo anterior, de acuerdo con el informe, se suma el temor de las víctimas ante las amenazas, atentados y asesinatos cometidos contra reclamantes de tierras- durante todo el proceso han sido asesinados 69 líderes y reclamantes-; la desconfianza en las autoridades; el exceso de trámites y  procedimientos establecidos por la Unidad de Restitución de Tierra; y la queja de las organizaciones de víctimas por la restitución ‘gota a gota’ que retrasa aún más el proceso.

Finalmente, el análisis arroja que el 40% de las hectáreas restituidas fueron entregadas a una sola familia (Perilla), de la cual dos de sus integrantes son propietarios de otras tierras. Según la ley vigente, eran ocupantes ilegales.

De otro lado, el Análisis de Sentencias realizado por la Fundación Forjando Futuros reveló cifras preocupantes sobre la situación en Antioquia, que tiene los 65 municipios con mayor despojo del país, y donde sólo se han proferido 25 sentencias en el Oriente y Urabá: 19 en el municipio de San Carlos; una en Apartadó y Turbo, respectivamente; y cuatro en Granada.

Al 14 de marzo del presente año, fecha en la que concluyó el informe, se presentaron 52 solicitudes y se restituyeron 712 hectáreas de tierra de las 650 mil que están pendientes. Los predios solicitados fueron 39, de esos 36 restituidos, se compensó uno y se negaron dos. El estudio reveló que el promedio de predios reclamados por sentencia es de 1,5.

Los principales victimarios en Antioquia fueron: enfrentamientos, 21%; grupos armados no definidos, 21 %; guerrilla, 17 %; y paramilitares, 22%.

 

 

1.573 beneficiados sobre 877 predios en total

 

AL salirle al paso al informe, la Unidad de Restitución de Tierras precisó, en un comunicado, que al aprobar la Ley 1448 de 2011, el Legislativo otorgó un plazo de 10 años para la ejecución de la política de restitución de tierras.

Agrego que a tan solo dos años de ejecución, el 35% de las solicitudes en este tema están siendo atendidas por las instituciones creadas única y exclusivamente para la implementación de esta política.

Gracias a este esfuerzo, se indicó, 1.573 personas han visto materializado su derecho a la restitución sobre un total de 877 predios.

Estas cifras, según la Unidad, demuestran el alto grado de eficacia de la política, ya que tras dos años de implementación se han logrado resultados que superan ampliamente los obtenidos por iniciativas similares. Así, por ejemplo, la Ley 975 de Justicia y Paz después de 9 años de implementación ha logrado restituir 22 predios, o la Ley de Extinción de Dominio tras 12 años ha logrado decidir sobre la propiedad de 731 predios.

En el comunicado también se precisó que “la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios establecen que esta se implementará gradual y progresivamente atendiendo a criterios de seguridad, densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno. En virtud de las mencionadas disposiciones, la Unidad de Restitución de Tierras inicia el análisis de las reclamaciones solo hasta que se han verificado dichas condiciones por las autoridades competentes y se han definido zonas de implementación”.

Se recalcó que el objetivo del Gobierno Nacional es recuperar las tierras que les fueron despojadas a las víctimas del conflicto, restableciendo la justicia y el imperio de la ley.

“Sugerir una compensación monetaria a los reclamantes de restitución cuyos predios se encuentran por fuera de estas zonas, no solo dejaría la tierra en manos de los despojadores, sino que también todos los horrores por medio de los cuales se materializó el despojo quedarían en la impunidad”, advirtió la Unidad. Además, al compensar sin un proceso previo se correría el riesgo de hacerlo a quien no tiene derecho o soslayando garantías al debido proceso de los intervinientes.

De otro lado se precisó que conscientes de la legitimidad que genera la participación de la población civil en los procesos de construcción y análisis de esta política pública, la Unidad, el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Nacional valoran y estimulan el ejercicio del derecho a la participación de la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales en dichos procesos.

“Sin embargo, esta entidad rechaza enfáticamente la opción de las vías de hecho para procurar cualquier resultado. Esas medidas no solo ponen en riesgo la seguridad de los involucrados en los procesos de restitución de tierras, sino que devuelven a las comunidades a épocas pasadas en las que la propiedad sobre la tierra se definía por la fuerza del poder ilegal de turno y no por la del imperio de la razón y la ley, objetivo último de la restitución”, puntualizó la comunicación.

 

 

 

“No podemos quedarnos en el pasado”

 

Un 18 de abril, hace diez años, Bahía Portete dejó de ser ese pueblo tranquilo y unido de la Alta Guajira donde la mujer pesa más que nadie. Ese día, 150 paramilitares asesinaron a 12 wayúus, entre ellos a cinco mujeres de la familia de la abogada Débora Barros Fince. “Fue un exterminio contra la mujer, la cultura y la pervivencia de nuestro clan y nuestros apellidos”, cuenta esta matrona. 

Ella, junto con todos sus vecinos, recogió lo que pudo y abandonó Portete en menos de 24 horas. Algunos se fueron para Riohacha o Uribia, aunque la mayoría permanece hoy en Maracaibo, pero Portete quedó desierto.

Y aunque volver es recordar, varias familias, entre esas la de Débora, han decidido hacerlo por sus propios medios. “En estos últimos años, las mujeres han liderado este proceso. Eso ha llevado a que, a pesar de las diferencias, nos mantengamos unidos en ese sueño de construir un nuevo Portete”. 

Además de la construcción del puesto de salud y la escuela, el sueño de Débora es “mantener la pervivencia del pueblo, seguir llevando otros sueños, porque el pasado nunca se va a olvidar, pero tenemos que avanzar la búsqueda de una solución a todo lo que nos ha marcado”.

Dentro de pocos días se cumplen 10 años de esa fecha inolvidable y, además del tradicional Yanama, al que asisten otros pueblos indígenas, ONG y a quienes quieran invitar, este año habrá un motivo para celebrar: “La idea es que varios grupos que viven en Maracaibo retornen”, cuenta Débora.

Para esta wayúu, no solo es importante que en la mesa de La Habana estén las víctimas, sino también las mujeres para aportar a la reconstrucción. “Deberían dialogar las tres partes involucradas en ese tema”, asegura.

Reconoce que, a partir de la ejecución de la Ley de Víctimas, ha habido un acompañamiento importante del Estado, pero cree que ha sido muy lento. “Arrancamos y recaemos. El Estado debe tener una política clara frente al tema de acompañamiento, retorno y construcción de confianza. Si no hay confianza entre las víctimas y el Estado, estamos mal”, precisa.

 

 

 

“Nos une el mismo dolor”

 

Javier Barrera Santa se unió en 1998 a una causa que hoy ocupa sus días, pero que jamás habría querido que lo tocara directamente: la búsqueda de los desaparecidos. El 16 de mayo de ese año, su hermano Óscar, junto con otras 25 personas, fue víctima de una incursión paramilitar en Barrancabermeja.

11 años después, en 2009, el desmovilizado alias ‘El Panadero’ dio la ubicación de la fosa común donde su hermano había sido enterrado, junto con otras 5 personas. Por este caso, cursa un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy Javier es el secretario técnico de la mesa departamental sobre desaparición forzada en Antioquia, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). Su posición, y la de la organización de la que hace parte, es que “el Estado no tiene la voluntad de buscar a los desaparecidos”. Para ellos, la muestra clara es la ratificación de la Convención Internacional en contra de da Desaparición Forzada, “donde el Estado colombiano no reconoce el comité de expertos que haría las veces de recibir casos y se podría pronunciar”.

Además, reclama que las exhumaciones se den, en su mayoría, cuando uno de los postulados indica dónde hay una fosa “pero no es el Estado el que se encarga de buscar”.

 

 

Un pacto de resistencia

 

En la región del Carare, Magdalena Medio santandereano, muchos encuentros de vecinos a tomar tinto, junto con la frustración y el desespero de vivir en medio de todos los actores armados, se convirtieron en los detonantes de una de las resistencias pacíficas referente para Colombia.

Las masacres, torturas y desapariciones empezaron a marcar el día a día en el campo, en una guerra donde grupos de izquierda y de derecha estigmatizaban a la población acusándola de colaborar con el bando opuesto. Para los habitantes de las veredas y los corregimientos se volvió común ver cadáveres en las playas del Río Carare.

Uno de los detonantes que llevó al límite a los campesinos fue la parcelación de sus fincas por parte de las Farc. Jorge Suárez, de la vereda La India, recuerda: “Un día llegué a la finca y había una trocha. Me dijeron que era el camarada Vidal, un comandante de la guerrilla, que hizo una trocha para darle esa tierra a otro guerrillero”.

Esa parcelación fue el florero de Llorente, y llevó a que los vecinos empezaran a plantearse todas las soluciones posibles entre la cerveza o el tinto que compartían. En los encuentros, que se volvieron clandestinos, descartaron las opciones de desplazarse o armarse, pues no tenían cómo sobrevivir afuera, ni la ventaja para enfrentarse a los armados con sus mismos métodos.

La decisión estaba tomada: “Hagámonos matar todos”. Esa fue la propuesta de Josué Vargas, el líder más escuchado por la comunidad.  Así se conformó la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), bajo un juramento: nunca empuñar un arma, ni para defender sus vidas. De ahí su lema: “Por el derecho a la vida, a la paz y al trabajo”.

Donaldo Quiroga es uno de los líderes de la ATCC. Él cree que ese proceso comunitario les ha servido para entender el verdadero camino hacia la reconciliación: “Somos unos mediadores ante actores armados. Hace 27 años, cuando nos creamos como organización, entramos a un proceso de reconciliación. En la región se muestra un equilibrio y la comunidad tiene claro cuáles son los verdaderos caminos para aportar a la paz”.

Es uno de los que cree que la participación de las víctimas en los diálogos de paz ha debido ser un tema trasversal en todos los puntos de la agenda. “Son iniciativas que quedan cojas porque las víctimas deben participar. No para condenar, sino para encontrar una verdadera reconciliación”.

 

 

El desafío: retornar

 

A finales de los 90, las Farc empezaron a acaparar el municipio de Granada pues, como todo el oriente antioqueño, es una zona de riquezas hídricas, y la guerrilla vio en los embalses una oportunidad de crecimiento estratégico. Durante varios años este grupo mandó en muchas zonas del municipio donde no había presencia militar. Pero esta situación no duró para siempre, pues años más tarde los paramilitares llegaron para contrarrestarla. Para los granadinos, el nuevo milenio traería consigo las peores barbaries que han vivido.

Casi 10.000 personas abandonaron el pueblo y se asentaron, como pudieron, en Medellín y otras ciudades. Pero hoy, Granada está a punto de ser declarada zona libre de riesgos de minas, y 8.000 personas han regresado. Una buena noticia que ha implicado un desafío enorme para el municipio que busca garantizarle un retorno digno a miles de familias: “Estamos en emergencia de retorno, porque a raíz de los avances en el desminado y la tranquilidad en las veredas, hacen que la población regrese”, explica Claudia Giraldo, secretaria de Gobierno de Granada.

Desde hace un par de años, las autoridades locales están pidiendo la ayuda del Gobierno para controlar la situación: “no tenemos el dinero ni las condiciones suficientes  para garantizar a las poblaciones que regresan lo que requieren. Estamos solicitando el apoyo de diferentes entidades del orden nacional, departamental e internacional para que nos ayuden con la población que está retornando”.

Giraldo reconoce el acompañamiento de la Alcaldía de Medellín, con la que se ha avanzado no solo financieramente sino con capacitaciones. Sin embargo, lamenta que “en el tema de vivienda y proyectos productivos es más difícil porque la Unidad de Víctimas tiene unos procesos más complicados”.