La Corte no obliga al Congreso a legalizar las uniones entre parejas del mismo sexo ni tampoco pide equipararlas con el matrimonio heterosexual, manifestó ayer el procurador Alejandro Ordóñez.
El jefe del Ministerio Público, al intervenir en un foro organizado por los senadores Claudia Wilches, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), y Édgar Espíndola, del Partido de Integración Nacional (PIN), precisó que “cuando la Corte hace una comparación de las uniones homosexuales y heterosexuales, lo hace desde una óptica sesgada del interés particular, en los derechos particulares de integrantes de estas uniones. Es decir, la Corte no hace consideración alguna ni pondera los aportes sociales que cada una de estas uniones hace para el bien común, no analiza la relevancia para el bienestar familiar ni en qué medida existe interés público”.
Para Ordóñez, la consideración más relevante que hace el alto tribunal es la que reitera la protección que la misma corporación ha hecho en ocasiones anteriores: “La cual advierte que es improcedente la analogía total, ya que existen diferencias; y fundamenta un trato diferente por parte del legislador. Es más, la Corte aclara que solamente puede exigir unos mínimos para ambas uniones y no unos máximos, por lo tanto es constitucionalmente incuestionable la decisión del legislador”.
El procurador Ordóñez indicó que es necesario tener en cuenta que cuando se toca el tema de familia, para incluir las uniones del mismo sexo, “lo hace para aportar una comparación del vínculo de afecto que existe en las uniones homosexuales y los propios en las relaciones entre hermanos, abuelos, tíos y sobrinos: en los aspectos comunes que existe entre estos tipos de relaciones, que unión homosexual se puede entender como familia”.
Según la Corte, dijo Ordóñez, la institución que formaliza la unión de personas del mismo sexo está fundada en elementos afectivos que alimentan la convivencia, dentro del cual no es necesaria la existencia de un tipo de relación sexual. “Es evidente entonces que son infundados los llamados que hacen al Congreso para redefinir el matrimonio, eliminando los elementos esenciales como su carácter sexual y su orientación a la procreación” para “extenderlo a las uniones del mismo sexo, basados en una supuesta obligación establecida por la Corte Constitucional”, manifestó Ordóñez.
El alto funcionario indicó que el máximo tribunal nunca ha ordenado crear una institución jurídica para parejas del mismo sexo, que excluya todo tipo de uniones: “Al no ser necesario el elemento sexual, la Corte abre la puerta para que el Congreso cree una institución abierta a reconocer la convivencia de hermanos, abuelos, nietos, tíos y sobrinos, entre otros tipos de convivencia familiar no sexuales”.
Ordóñez recalcó que al Congreso y a la sociedad les corresponde involucrarse en el estudio de los aspectos relativos al interés público que están incluidos en la familia fundada en la unión estable de un hombre y una mujer, orientada a la procreación: “La principal justificación con la cual el Estado puede reconocer institucionalmente una relación afectiva como lo es el matrimonio, es porque reconoce en ella un aporte para la sociedad, que ninguna relación afectiva es equiparar”.
Para él, solo es posible aprobar los matrimonios de parejas del mismo sexo negando las realidades expuestas anteriormente y concluyó señalando que “estudié realmente si era cierto que la Corte Constitucional dice y lo que dice que dicen. Y me encontré que la Corte Constitucional no habla de equiparar el matrimonio heterosexual con el homosexual ni tampoco ordena al Congreso que legalice el matrimonio homosexual. Eso no dice la Corte”.