El Gobierno evaluará lo que ocurra con la ley estatutaria de la administración de justicia que quedó desarticulada, dijo el ministro de Justicia, Jorge Londoño. Agregó que frente a una Asamblea Constituyente, que algunos sectores vienen planteando, sostuvo que no es el momento. Indicó que el Gobierno seguirá insistiendo en una salida para buscar una justicia pronta y eficaz.  

 

El NUEVO SIGLO: ¿Es la asamblea constituyente la única vía para reformar la Rama Judicial?

JORGE LONDOÑO: Esta es una de las vías que se ha sugerido desde la opinión pública ante el anuncio de la decisión de la Corte Constitucional en relación con la reforma a la justicia planteada por el Acto Legislativo 02 de 2015. En mi opinión no es el momento para plantear una Constituyente.

 

ENS: ¿Cómo explicar que a un mismo Gobierno se le caigan dos reformas judiciales: la de  2012, que tuvo que ser abortada en el Congreso, y la de ahora?

JL: Creo que las dos situaciones son distintas. En el 2012 se presentaron diferentes inconvenientes que llevaron a la caída de la reforma. En el caso actual, estamos ante una decisión de la Corte Constitucional que respetamos y acatamos.   

 

ENS: ¿Qué va a pasar con los proyectos de ley estatutaria de la justicia y el de tribunal de aforados?

JL: Frente a estos dos proyectos será necesario evaluar con detenimiento la situación, ya que el proyecto de ley estatutaria que fue presentado se desarticuló.

 

ENS: ¿Insistirá el Gobierno en otra reforma judicial para acabar con el Consejo Superior de la Judicatura?

JL: En este momento es necesario evaluar y estudiar la situación antes de plantear una respuesta definitiva. 

 

ENS: ¿Hubo improvisación del Gobierno y el Congreso en temas judiciales muy sensibles como la reforma?

JL: La preparación y aprobación de estas iniciativas se encuentran respaldadas por un ejercicio juicioso de reflexión y por una discusión abierta y transparente entre el Congreso, el Gobierno, la Rama Judicial, la Fiscalía, y otros estamentos que han acompañado este proceso de reforma. No creo que haya existido improvisación del Gobierno o del Congreso.

 

ENS: ¿Por la vía de la tesis de la “sustitución de la Constitución” está la Corte yendo más allá de su facultad de revisar sólo en materia de forma y trámite los actos legislativos?

JL: El Gobierno nacional es respetuoso de las sentencias de nuestros jueces y, por ende, debemos aceptar esta decisión.  

 

ENS: La Corte dijo que el Congreso tiene límites a la hora de reformar el modelo de autogobierno judicial ¿qué opina?

JL: En lo que conocemos del fallo de la Corte, no es claro el límite que le establece al Congreso para reformar el modelo de autogobierno judicial.  

 

ENS: Los críticos del proceso de paz sostienen que en la ley de convocatoria del plebiscito por la paz también se “sustituyó la Carta” al aprobar cambios como el del umbral y la naturaleza vinculante de este mecanismo de participación popular, ¿qué opina?

JL: No creo. Al realizar un test de sustitución de la Constitución como el que ha aplicado la Corte Constitucional en su jurisprudencia, se podría confirmar que no hay tal situación. 

 

ENS: Para algunos sectores esta reforma de equilibrio de poderes, en su parte judicial, no respondía a la reforma que está reclamando el ciudadano de a pie en materia de celeridad procesal, menos tramitología, castigo efectivo y eficiente al delincuente… Como Ministro de Justicia, ¿presentará una reforma en ese sentido?

JL: En efecto, se puede decir que esta reforma no solucionaba todos los problemas de la justicia, pues este no era su objetivo. Ella estaba dirigida a generar cambios en puntos específicos como la administración de la Rama Judicial.  

Tenemos una justicia con diferentes problemas de administración, con cifras altas de congestión y, particularmente, con una imagen desfavorable ante la población colombiana, que es la que padece día a día las falencias de nuestro sistema.  Esto se refleja en la situación de las cárceles colombianas, en la insatisfacción de las necesidades jurídicas de la ciudadanía y, en general, en la desconfianza de los colombianos en la institucionalidad.

Pero también existen iniciativas dirigidas a superar la situación, a enfrentar los múltiples problemas que se han diagnosticado y a generar las condiciones para mejorar el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia.  La disposición de todas las Ramas del Poder Público, autoridades y sociedad civil es innegable y desde distintos ámbitos se están haciendo aportes constantes a la justicia. 

Las medidas que se continúen y las nuevas que el Ministerio desarrollará estarán dirigidas al fortalecimiento de la justicia en la totalidad del territorio nacional. Será de gran importancia profundizar en el diseño de los modelos procesales, en la incorporación de tecnologías de la información a la justicia, en el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en la reorganización de la justicia administrativa, en el mejoramiento de la formación de los abogados, en el fortalecimiento de la política criminal, en el diseño de la jurisdicción rural y agraria, en la implantación de la cultura de la legalidad, todo con el propósito de lograr una real tutela de los derechos de la ciudadanía y de aportar al posconflicto y al ideal de paz que todos queremos.

 

ENS: ¿Qué lecciones deja todo este episodio para el país?

JL: No hay que desfallecer en la lucha por encontrar alternativas para que los colombianos cuenten con una justicia cercana y pronta.