El presidente del Consejo de Estado ratificó necesidad de suprimir Consejo Nacional Electoral.

Por Luis Augusto Aponte Tinoco
Enviado especial de EL NUEVO SIGLO

NO ES un capricho la propuesta que hizo el Consejo de Estado en su reforma judicial, de proponer un presupuesto de cinco por ciento para la Rama Judicial, dijo su presidente Mauricio Fajardo.

“No es un capricho el cinco por ciento, no es una cifra que sale del sombrero, no es una cifra que carezca de soportes o estudios, es una cifra a la que se arriba después de hacer un examen detallado de lo que ocurre en aquellos países de la región que mantienen un modelo constitucional semejante, esto es en las Constituciones de algunos países que han establecido una participación mínima, un piso mínimo que garantiza para la Rama Judicial la participación en el correspondiente Presupuesto General de sus respectivos países. En esos países el presupuesto mínimo que se contempla está en el orden del cuatro al seis por ciento”, afirmó.
Según Fajardo, “con esto se busca fortalecer el tema de acceso a la administración de justicia”.

De esta manera, el presidente del máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo le respondió al presidente Juan Manuel Santos, quien en la instalación del XVII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, afirmó que la propuesta de fijar un piso porcentual para el presupuesto de la Rama, debe ser sustentada en informes técnicos.

De otro lado, el magistrado Fajardo explicó la propuesta del Consejo de Estado de suprimir el Consejo Nacional Electoral, y crear un nuevo organismo.

“Se propone, para que sea un poco más preciso y técnico, que se modifique el nombre y que se conozca como la Comisión Nacional de Control y Vigilancia Electoral. También se propone que el origen de los magistrados de la nueva Comisión no provenga del Congreso, por postulación que hacen los partidos políticos, a los cuales ellos de alguna manera entran a vigilar y controlar, sino que participen diversas ramas del poder público”, afirmó.

El presidente del alto Tribunal dijo que la idea es que en una primera fase, el Ejecutivo abra la convocatoria pública para los que quieran aspirar a ser magistrados del nuevo órgano electoral. Posteriormente, las altas Cortes harían un proceso de preselección de candidatos y finalmente la elección se lleve a cabo por el Congreso.

Por otra parte, Fajardo hizo énfasis en que las competencias judiciales que el Gobierno propone entregarles a autoridades administrativas, como ya lo tienen las Superintendencias de Industria y Comercio y la Financiera, en su proyecto de reforma judicial, no pueden ser limitadas.

“Excepcionalmente la ley puede atribuirle a las autoridades administrativas funciones jurisdiccionales, en algunos casos se ha empezado a ampliar, ensanchar el límite, y por esa vía se podría convertir en regla general algo que definitivamente debe ser completamente excepcional, esto es, que ramas del poder público distintas a la judicial, a través de sus funciones cumplan también labores netamente judiciales”, señaló.

Por esto, el magistrado hizo énfasis en la propuesta que hace su iniciativa, de limitar esas funciones judiciales.
“Para evitar que se pueda convertir en regla general y que se extienda las funciones judiciales a toda clase de autoridades administrativas, en el proyecto que elaboró el Consejo de Estado se propone que el artículo 116” de la Constitución “haga como restrictor en lo que corresponde a la clase de autoridades administrativas, que sean de carácter eminentemente técnico, y que haya una limitación desde el punto de vista de las materias y contenidos, para que la ley no pueda atribuir funciones judiciales, desconociendo la separación de poderes”, manifestó.

Fajardo también explicó  que la reforma que plantean establece que la elección de los magistrados de las altas Cortes será hecha por un concurso.