“Yo quiero dejar muy clara la posición de la Fiscalía” sobre la posibilidad de que no exista una lista de delitos de competencia exclusiva de la Justicia Ordinaria. “Si esa lista se reduce en esos delitos que son el núcleo central y el núcleo duro de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, crímenes sexuales durante el conflicto, torturas y otros delitos”, advirtió el fiscal Eduardo Montealegre, “yo no enviaré esos delitos a juzgamiento a la Justicia Penal Militar”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles han sido las principales dificultades en su gestión?

EDUARDO MONTEALEGRE:Durante 20 años de funcionamiento de la Fiscalía General, la orientación de las investigaciones se había consagrado o se habían realizado en criterios de casos individuales, partiendo desde el punto de vista de delincuencia individual, de entender la delincuencia como fenómenos de casos aislados, cuando hemos encontrado que en los último años estamos viendo que la mayor fuente de criminalidad en el país proviene de organizaciones criminales.

En estos 20 años podemos decir que la mayor fuente de criminalidad esta originada en estructuras y organizaciones criminales. Las estructuras del paramilitarismo, las estructuras criminales de la guerrilla, el crecimiento de las bandas criminales, el crecimiento de las bandas delictivas al margen de la ley, el crecimiento de aparatos organizados de poder como fuente de la criminalidad.

La Fiscalía venía trabajando para combatir fenómenos de la criminalidad individual, por esa razón las investigaciones que se hacían no estaban centradas en estructuras criminales, sino en caso particulares.

La primera gran dificultad es la de tratar de reorientar la forma de investigación. Por esta razón en estos momentos una de las principales apuestas que tengo es reorganizar la Fiscalía para que centremos las investigaciones en organizaciones criminales.

El segundo gran desafío es que la estructura administrativa de la Fiscalía se ideó hace 20 años, pero es una estructura que se quedó atrasada frente a los desafíos que trae la criminalidad actual, la tecnificación que trae la delincuencia organizada para afectar los derechos de la sociedad.

Ya llevamos cerca de 8 años ensayando el sistema acusatorio y necesita un nuevo rediseño, no de orden de reformas legales al Código de Procedimiento, sino que requiere un gran rediseño desde el punto de vista administrativo, necesita mucha más gerencia. Necesita que se articule más con las otras entidades del Estado, aún falta articulación entre Fiscalía, jueces de control de garantías y jueces de control de conocimiento en materia de interpretación del sistema acusatorio.

Y una de las dificultades es que aún existen dos modelos procesales totalmente diferentes: el anterior que es el inquisitivo y el actual como oral y hay jueces que tienen que manejar los dos sistemas.

En los 20 años de funcionamiento hemos recibido más de 20 millones de denuncias criminales, lo que se refleja que hemos tenido que decidir sobre 20 millones de procesos y eso viene dando un rezago histórico.

También hay un rezago en lo que tiene que ver con la parte técnica de la investigación. Nosotros hemos visto cómo la delincuencia organizada es sofisticada. Vemos delitos por internet, defraudaciones bancarias, defraudaciones como regalías, salud. El gran desafío que se presenta ahora para enfrentar la minería ilegal. Y la infraestructura técnica de investigación es obsoleta.

Otro de los desafíos es que los fiscales y jueces aumenten el nivel de profesionalización            

Paro

ENS: ¿En qué medida ha afectado el paro judicial a los procesos?

EM:Es indiscutible que ha existido una afectación muy sensible, muy significativa de la marcha normal de los procesos.

En algunos casos han existido vencimiento de términos y por lo tanto se han generado libertades en casos sensibles como consecuencia del paro.

También hay una afectación del normal desarrollo de las audiencias públicas y de las audiencias orales en todo el sistema acusatorio y lógicamente la ciudadanía ha tenido grandes dificultades para tener acceso a la administración de justicia.

Pero quiero anotar que en lo que le toca a la Fiscalía no ha existido una parálisis total. Lo que podríamos llamar el núcleo básico, en lo que se refiere a la atención a casos de urgencias por medio de las unidades de acción inmediata, de la respuesta de Medicina Legal, la legalización de capturas en caso de flagrancia y caso de criminalidad, no se ha afectado.

Por ejemplo a pesar del paro se dieron audiencias contra 17 integrantes de Los Rastrojos que se entregaron y se les impuso medida restrictiva de la libertad. En Santa Marta hubo un caso de una granada de un menor de edad contra un establecimiento de comercio, donde se produjeron graves afectaciones y se capturó la persona. En temas de la masacre en Santa Rosa de Osos hubo captura de uno de autores materiales. En Interbolsa el CTI está trabajando en el caso y ya inició investigaciones: ya el grupo está recogiendo evidencia, pruebas documentales. Hubo captura de las personas que extorsionaron a la esposa del Contralor de Cundinamarca. 

ENS: Una vez se levante el paro, ¿cuáles serán las directrices para los fiscales?

EM:Ya tenemos un plan de contingencia que incluye varias alternativas y varias estrategias de trabajo.

En primer lugar tenemos que programar un plan para la búsqueda del tiempo perdido. Extenderemos, organizaremos jornadas de trabajo sábados y domingos.

En segundo lugar hay que modificar el plan que habíamos previsto para la autorización de permisos en las semanas de descanso navideño y de nuevo año. Ese plan que teníamos tiene que modificarse. Ya no podremos conceder los permisos de jornadas de descanso. Extenderemos los horarios de trabajo internos de lunes a viernes. Voy a solicitar que se haga un inventario de todas las audiencias que fueron suspendidas y con el Consejo Superior de la Judicatura coordinaremos para que se le den prioridad a las audiencias que se atrasaron. Y yo le voy a plantear al Consejo Superior de la Judicatura y a la Comisión Interinstitucional que se estudie la posibilidad de modificar las vacaciones que se otorgan por ley en el mes de diciembre.

Fuero militar

ENS: En los debates a la reforma de la Justicia Penal Militar, donde se toca integralmente el fuero militar, se le ha dado mucho palo a la Fiscalía. Algunos militares retirados insisten en que la entidad está cargada contra los uniformados. ¿Qué responde? ¿Qué le parece esta reforma?

EM:Yo no comparto las críticas que han venido señalando algunos estamentos de militares retirados. Lo que quiero aclarar es que son críticas que provienen de militares retirados. Esas críticas que le vienen haciendo a la Fiscalía no las comparto.

Enviaron recientemente una carta que hicieron pública al Fiscal General de la Nación donde señalaba que el hecho de que el Fiscal dijera que había que proteger la protesta social, que estableciera que había que pensar en el principio de oportunidad para resolver ciertos tipos de conflicto sociales, que el Fiscal dijera que había que dar un giro en las investigaciones de derechos humanos para entender que la investigaciones se tienen que hacer sobre la base de elaboración de contextos, de establecer si se trata que si las graves violaciones de los derechos humanos obedece a patrones, a delitos de sistemas, muy injustificadamente esos sectores de militares retirados los han entendido como que la Fiscalía está inclinando la balanza a favor de ciertos actores del conflicto, perdiendo el equilibrio frente al juzgamiento de la Fuerza Pública.

Creo que es un examen y una lectura manifiestamente equivocada por parte de esos militares retirados de la actividad de la Fiscalía.

Como Fiscal General de la Nación el mensaje que he enviado es que debemos ser equilibrados, una Fiscalía en el que no tengamos sesgos  de carácter ideológico.

En lo que respeta al fuero penal militar, comparto los lineamientos básicos de la reforma, pero hay unos puntos que yo no comparto. Y yo si tengo una gran preocupación con el hecho de que en la Cámara de Representantes se haya recortado y disminuido la lista de delitos que siempre deben ser de competencia de la Fiscalía y de la Justicia Ordinaria.

La propuesta inicial que se presentó al Congreso por parte del Gobierno establecía que el núcleo duro de protección a los derechos humanos, es decir los delitos nucleares que buscan proteger graves violaciones a los derechos humanos deberían quedar en una lista consagrada en la Constitución para que se definiera que en todo caso debían ser delitos de la Fiscalía y de la Justicia Ordinaria, que son las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, la tortura, los crímenes sexuales durante el conflicto, delitos de lesa humanidad, algunos crimines de guerra.

Yo comparto y apoyo ese proyecto, pero sobre la base de que ese núcleo duro de protección de los derechos humanos y de la tipificación de esos delitos que son de una gran relevancia debe ser excluido siempre y en todo caso de la competencia de la Justicia Penal Militar.

Me parece desafortunada la propuesta de disminuir esa lista.

Creo que el Senado todavía tiene una oportunidad de volver a una enumeración como al que se presentó inicialmente, que es la que verdaderamente protege los derechos fundamentales.

Si se acaba esa lista creo que es un mensaje equivocado que mandaría el país a la comunidad internacional. Pero además de eso creo que así no se incluyan esos delitos en la lista en todo caso serían delitos de competencia de la Fiscalía.

Yo quiero dejar muy clara la posición de la Fiscalía si esa lista se reduce en esos delitos que son el núcleo central y el núcleo duro de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, crímenes sexuales durante el conflicto, torturas y otros delitos: yo no enviaré esos delitos a juzgamiento a la Justicia Penal Militar.

Considero que con base a otras disposiciones de la Constitución, la Fiscalía mantiene la competencia para la investigación y juzgamiento de lo que es la protección de núcleo duro de los derechos fundamentales. Entonces sería una reforma absolutamente inútil en ese sentido de reducir la lista, porque al menos mi interpretación como Fiscal es que aunque esos delitos sean excluidos, no los voy a enviar a la Justicia Penal Militar y mantendré las investigaciones y competencia de la Fiscalía.

Bacrim

ENS: Las Bacrim se están convirtiendo en la mayor amenaza contra la seguridad rural y urbana. ¿Por qué pese a múltiples capturas de cabecillas e integrantes de base, las bandas siguen creciendo?

EM:En materia de las Bacrim, debo aclarar que no ha existido propiamente un crecimiento de los integrantes de las bandas, sino que ha existido un fraccionamiento de las bandas como consecuencia que se han capturado cabecillas, entonces surgen nuevos jefes; hay divisiones internas entonces se fraccionan los grupos.

Entonces unas bandas que en un principio tenían cierta cohesión, se han venido fraccionando, atomizando, pero no hay un crecimiento de número de integrantes de las bandas.

Es el mismo número pero fraccionado.

Principio de oportunidad

ENS: ¿Al fin en qué quedó el ajuste al principio de oportunidad que usted anunció cuando entró al cargo?

EM:Ya empezamos hacerlo. Ya en la determinación en la cual se le revocó un principio de oportunidad al grupo Nule. Allí se señalaron los primeros parámetros importantes para el manejo del principio de oportunidad y precisamente esos parámetros que ya se sentaron en la resolución en la cual como Fiscal General de la Nación revoqué el principio de oportunidad que se había planteado para el grupo Nule, porque aún no estaba reconocido, esos elementos son los elementos en los cuales estamos manejando en estos momentos el principio de oportunidad en la Fiscalía.

Y además esos elementos centrales que se dieron para el principio de oportunidad nosotros los hemos extendido a los casos de preacuerdo.

Si ustedes observan las condiciones que como el Fiscal General de la Nación determinó como posibilidad de firmar un preacuerdo con el señor Emilio Tapias y una posibilidad de preacuerdo con el señor Álvaro Dávila en el caso del carrusel de la contratación, ahí están esbozados esos lineamientos que se dieron en el caso del grupo Nule. Porque el elemento central es que el principio de oportunidad tiene que manejarse sobre la base de verdad, justicia y reparación. Esos elementos de verdad justicia y reparación los hemos trasladados a los caso de los preacuerdos.

Por eso es que en el caso de Emilio Tapias la posición firme de la Fiscalía General de la Nación es preacuerdo, pero sobre un principio de justicia. Es decir, que se imponga el máximo de la pena, que en su caso es de 13 años de prisión. Y por eso el preacuerdo va sobre la base del máximo de pena imputable en el caso particular, sobre la base de la verdad, es decir que tienen que contar absolutamente todos los hechos que le conste y que sirvan para impulsar procesos no solo en Bogotá, sino a nivel nacional. Pero también habrá reparación, que esa la fija el juez.