Por Gabriel Sonny Cubillos

Periodista EL NUEVO SIGLO

No despegó en el Parlamento en esta legislatura el proyecto de ley que buscaba que en las demandas de restitución de tierras despojadas por los actores armados, el segundo ocupante de buena fe que se opone a la petición del reclamante no tenga la carga de la prueba si su conducta no puede relacionarse de manera directa con los hechos que generaron el despojo.

La iniciativa fue radicada el 9 de marzo pasado por el senador Antonio Guerra de la Espriella, sin embargo, no tiene ponencia para primer debate en la Comisión Primera del Senado de la República a escasos dos días de que finalice la actual legislatura.

De no presentarse la ponencia este proyecto de ley irremediablemente se hundirá, por lo que se espera que en el día de hoy o mañana el senador Guerra lo retire para poderlo radicar nuevamente en julio próximo.

El senador y presidente de la Comisión Primera, Manuel Enríquez Rosero, explicó a EL NUEVO SIGLO que ese “proyecto tiene mucha controversia: primero el Gobierno no está de acuerdo con eso. Ni el Ministerio del Interior ni  el Ministerio de Agricultura, ni el Director de Restitución de Tierras, ni el Consejo Superior de la Judicatura”.

Añadió el Parlamentario del Partido de La U que  “he estado hablando con todos ellos, y la verdad veo mucha gente en contra. Entonces, no he rendido ponencia y como el proyecto llegó a última hora porque apenas hace dos semanas que lo presentaron, entonces también  ya era difícil poderlo evacuar”.

El ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, dijo que la restitución  de tierras contempla procesos administrativos y filtros para evitar que se cuelen falsos reclamantes y posteriormente son los jueces los que deciden con base a las pruebas aportadas en el proceso.

¿Hay vacíos?

Los supuestos vacíos en el componente de restitución de tierras de la Ley de Víctimas, especialmente en lo que tiene que ver con los poseedores de buena fe,  han sido motivo de duros reparos en los últimos meses por parte del procurador Alejandro Ordóñez, el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie y el Partido Centro Democrático, entre otros. En similar sentido finqueros en algunas regiones del país se han organizado para declararse afectados.

El procurador Ordóñez dijo que  “el diseño de la Ley no respondió o desconoció unas realidades. Si bien es cierto que lo que la Ley pretendió es algo sano -quitarles la tierra a los despojadores-, lo que se ha encontrado en muchos casos no es los despojadores, sino terceros ocupantes de buena fe”.

Por su parte, el parlamentario Guerra explica en su proyecto que la restitución de tierras generó una serie de herramientas, como la creación de una jurisdicción especial, y el otorgamiento de garantías particulares a las víctimas, las cuales van desde la inversión de la carga de la prueba a su favor, hasta el establecimiento de un conjunto de presunciones tendientes a despejar las circunstancias propias del proceso a favor de la víctima del despojo.

 
Añade que invertir la carga de la prueba y trasladarla al opositor o comprador de buena fe “significa que será el demandado u opositor quien tendrá que demostrar que sus actuaciones durante la negociación fueron llevadas a cabo bajo el concepto de buena fe exenta de culpa, so pena de que sea declarada la nulidad de los actos llevados a cabo en la negociación y se proceda a ordenar la correspondiente restitución del bien, sin que exista a su favor derecho a compensación alguna”.

 
Al respecto Guerra considera que esta fue una medida de protección establecida para las víctimas frente al actuar violento de los grupos armados al margen de la ley, “sin embargo, en desarrollo del proceso de aplicación de la Ley de Restitución de Tierras, han ido apareciendo un número importante de casos en los cuales los jueces tienen que decidir, en un proceso en el cual participan dos personas que en igualdad de condiciones y sin violencia llevaron a cabo una negociación, dentro de las circunstancias normales, aún en algunos casos en medio del conflicto”.