El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, envió un mensaje a los alcaldes reunidos en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca), en el marco de la estrategia “Hechos y Derechos”, a quienes instó a cumplir con sus responsabilidades -plasmadas en los planes de desarrollo de sus administraciones de manera prioritaria- para la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y para la prevención de su amenaza o vulneración.

El jefe del Ministerio Público recordó que a los servidores públicos les corresponde promover la prosperidad de todos los colombianos, reconociendo la primacía de los derechos inalienables de la persona, el amparo de la familia como institución básica de la sociedad, y la protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación, entre otros.    

Destacó que sólo quienes son conscientes y comprenden la dimensión de los derechos a la vida, a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la igualdad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de cultos, a la libertad de conciencia y a la honra, pueden como servidores públicos ser orientadores de los destinos en cada una de sus regiones, respondiendo adecuadamente al compromiso que tienen frente a la sociedad, especialmente quienes fueron depositarios del voto de confianza dado por sus electores.

El procurador Ordóñez Maldonado señaló que los niños, niñas y adolescentes están expuestos a una serie de factores que pueden ser bastante riesgosos para su armónico desarrollo, como la ausencia de vínculos familiares, la falta de educación, el abuso sexual, y el maltrato físico, y que los jóvenes carecen de oportunidades de emprendimiento y de trabajo, lo que los hace vulnerables a convertirse en víctimas del conflicto armado interno: “(…) esto supone un reto para establecer la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia para ofrecer la protección que se merecen a todo nivel y evitar la ocurrencia de  las consecuencias nefastas que ello representa”, advirtió.

Condiciones para la construcción de la paz

El jefe del Ministerio Público reiteró que aunque todos los colombianos están dispuestos a hacer los sacrificios que sean necesarios para alcanzar la paz, la impunidad no garantizará una paz sostenible: “Los autores de crímenes de guerra como el reclutamiento de niños, los autores del reciente homicidio infame de oficiales de la Policía en el Cauca, no pueden pretender la impunidad; no se puede pretender darle una bofetada a las víctimas (…) he recalcado en múltiples oportunidades que la paz será bienvenida, siempre y cuando no implique para su logro actuaciones lejanas del marco legal que desconozcan derechos fundamentales de las personas que habitan en este país”, aseguró el procurador, al tiempo que fue enfático en señalar que “no vamos a permitir esa división maniquea que se quiere hacer a la sociedad entre los amigos y los enemigos de la paz”.

Señaló igualmente que proteger y garantizar plenamente los derechos humanos de las nuevas generaciones, se constituye en una forma de dar solidez al sistema democrático y en un mecanismo idóneo para construir paz: “Estimo que afrontar el fin del conflicto y su transición hacia la paz debe centrarse en la garantía de las víctimas a través de la efectividad de las investigaciones a que haya lugar y con transparencia en los procesos judiciales que se adelanten por la comisión de graves delitos”, aseguró.

Al respecto reiteró que en torno a las negociaciones de paz y el posconflicto en Colombia, el país debe esperar una Procuraduría comprometida con el ordenamiento jurídico y con los derechos de los ciudadanos, y que no era admisible ninguna improvisación al abordar el tema, que dé lugar a injusticias y a mayor inequidad social: “(…) en el acto de mi segunda posesión ante el Presidente de la República en el año 2013, expresé que estaría muy vigilante de los acuerdos que en el tema de la paz llegaran a darse en La Habana (Cuba), y pese a que ningún colombiano creo que no la anhele y tenga esperanzas en este proceso, su logro no puede alcanzarse a cualquier precio (…) no pueden evadirse investigaciones y sanciones a quienes han atropellado derechos y desconocido normatividad internacional y colombiana, pues  son muchas las regiones del país que han sido afectadas”.

El procurador Ordóñez Maldonado concluyó su intervención señalando que todos los colombianos han sentido en carne propia el dolor y el enfado que produce la violencia, mucho más cuando recae en seres indefensos, y reiteró el llamado formulado a los alcaldes para que no ahorren esfuerzos e impulsen la articulación de la estructura administrativa para la garantía de los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud, como soporte del bienestar y el desarrollo de la comunidad.