Entretelones frente a los proyectos clave que impulsa el Gobierno en esta legislatura como la reforma ordinaria de la salud, la extensión del impuesto del 4 por mil, el presupuesto de 2014 o, el más reciente, el sistema de defensa técnica especializada de uniformados, hay un buen número de iniciativas orientadas a proteger y defender los derechos de la mujer. No obstante las buenas intenciones, esta agenda legislativa en general no ha tenido debate.

Laboral

En el campo del trabajo han sido radicados varios proyectos para proteger o, en algunos casos, resarcir los derechos de las trabajadoras colombianas.

En este sentido una de las iniciativas (71/2013) establece lineamientos para el trabajo desarrollado por las madres comunitarias pertenecientes a los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

A pesar de la importancia de esta iniciativa radicada en agosto pasado, dados los reclamos de las madres comunitarias por mejorar sus condiciones laborales, especialmente con el acceso a una pensión, como se vio hace algunas semanas con la presencia en la plaza de Bolívar de muchas de ellas provenientes de varias regiones del país, donde incluso llegaron a encadenarse, dicho proyecto no ha arrancado su trámite en Senado.

El proyecto del Movimiento MIRA establece que el vínculo contractual de las madres pertenecientes a los Programas del ICBF se regirá mediante contrato de trabajo a término indefinido y su remuneración corresponderá por lo menos al valor del salario mínimo legal mensual vigente y demás prestaciones de ley.

Tampoco ha avanzado en su trámite en la Cámara un proyecto de ley por medio del cual se establece el fuero de maternidad en favor de la mujer vinculada mediante contrato de prestación de servicios. Esta iniciativa es de autoría de la senadora Alexandra Moreno y la representante Gloria Díaz (MIRA).

Precisamente esta semana el Consejo de Estado negó una tutela a una mujer en embarazo al servicio del DANE bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios, la cual fue despedida.

La Sección Cuarta señaló que en los casos en que no existe una relación laboral, como los contratos de prestación de servicios, el fuero de maternidad no puede aplicarse.

Por su parte, está pendiente de su segundo debate en la plenaria del Senado el proyecto de ley N° 136/12 Senado, el cual pretende establecer un régimen especial de reconocimiento y pago de licencias de maternidad para los concejales y ediles del Distrito Capital así como modificar el régimen de las licencias no remuneradas y de maternidad a las que tienen derecho los concejales en general.

La iniciativa de la senadora Claudia Wilches fue aprobada en abril pasado en primer debate por la Comisión Primera del Senado; posteriormente fue solicitado un concepto institucional por parte del Ministerio de Hacienda.

En agosto anterior esta cartera indicó a la secretaría del Senado que se abstiene de emitir concepto favorable por considerar que es confusa en algunos aspectos la redacción de la iniciativa.

Violencia contra la mujer

Tampoco ha arrancado en Senado el trámite del proyecto 65/13 radicado el pasado 22 de agosto por la senadora Doris Vega (Opción Ciudadana), el cual dicta normas sancionatorias para la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres. Se modifican algunos artículos del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, se crea la Unidad Especial de Fiscalías para Delitos contra las Mujeres, entre otras.

Dicho proyecto propone ampliar el número de delitos en los cuales las mujeres se ven incursas en una violación contra sus bienes jurídicos, aumenta las penas con el establecimiento de agravantes cuando estas conductas se comentan contra una mujer y aumenta las penas principales como en el caso de la violencia intrafamiliar.

En tanto que aún no inicia su trámite en el Senado el proyecto de ley N°19/13 por medio de la cual se establecen medidas en materia de educación para la asistencia y atención de las madres cabeza de familia víctimas de los grupos armados al margen de la ley.

La iniciativa del Movimiento MIRA propone que el Estado asuma la obligación de educar en forma gratuita, en todos los niveles de educación formal así como en la educación técnica, tecnológica y universitaria o en la educación para el trabajo y el desarrollo humano, a las mujeres cabeza de familia que hayan quedado viudas, abandonadas por razón del secuestro, toma de rehenes o desaparición forzada de sus esposos o compañeros permanentes, o por cualquier persecución generada por los grupos armados al margen de la ley.

Por su parte, un proyecto que crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo está pendiente de primer debate en la Comisión Primera del Senado, para lo cual ya cuenta con ponencia positiva.

La iniciativa, también conocida como Rosa Elvira Cely en honor a una mujer que fue violada y asesinada en Bogotá, fue suscrita por la Bancada de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso.

Plantea que incurrirá en el delito de feminicidio quien causare la muerte violenta a una mujer, por su condición de ser mujer.

Emprendimiento

Está pendiente de iniciar su trámite en Cámara un proyecto que busca que la Banca de las Oportunidades financie de manera prioritaria a las madres cabeza de familia, con créditos desde uno  hasta  cinco salarios mínimos legales vigentes, sin exigir para ello tiempo mínimo de funcionamiento del proyecto productivo.

Mientras que está a la espera de surtir el cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara el proyecto N° 225/12 Senado, 149/12 Cámara, que establece criterios de equidad de género en la adjudicación de las tierras baldías, vivienda rural, proyectos productivos.

La iniciativa de la senadora Maritza Martínez (La U) fue aprobada el pasado junio en tercer debate en la Comisión Quinta de la Cámara. Sin embargo, luego tuvo que esperar un concepto institucional del Ministerio de Agricultura, el cual llegó hace pocos días a la secretaría de la Cámara.

En el mismo esta cartera resalta la importancia del proyecto de ley y reitera su apoyo, en tanto que persigue reducir los niveles de desigualdad que se presentan en el sector rural.

La iniciativa promueve la equidad de género en la adjudicación de los terrenos baldíos nacionales, en la asignación de vivienda rural, la distribución de recursos para la promoción de proyectos productivos para fomento de la actividad rural, así como fijar mecanismos que garanticen su real y efectiva aplicación con el fin de erradicar cualquier forma discriminatoria de género.

En ese sentido propone que el Ministerio de Agricultura y el Incoder aplicarán el enfoque diferencial de género en la adjudicación de las tierras baldías nacionales. Será obligatoria la adjudicación de mínimo 30% de los terrenos baldíos adjudicados durante cada año, a familias en cabeza de mujeres rurales: el 70% de los terrenos restantes será adjudicado a familias encabezadas por hombres o mujeres que cumplan con los requisitos que la ley establece.