Indicando que al  ser funcionario del Gobierno no puede responder por asuntos de la empresa privada, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, calentó el debate con el Polo Democrático al no asistir a una citación del Congreso de la República.

Incluso, el senador citante, Jorge Enrique Robledo, dijo que podría adelantar una moción de censura contra Lizarralde, de no dar explicaciones a las acusaciones de haber incurrido en acumulación de baldíos en algunas zonas del país cuando fue directivo de Indupalma.

Robledo, quien ha hecho reiteradas denuncias sobre el particular, catalogó como “gravísimo” que el jefe de la cartera ministerial responda que se niega a asistir a los debates  de control político porque es tema de su pasado.

Por su parte, el Ministro ha emitido una única respuesta pública sobre el tema diciendo que se ha declarado impedido en temas de Palma, Caucho y Leche.
Sobre las denuncias frente al tema de Indupalma, el senador del Polo dijo que “el ministro y el Presidente han anunciado que implementarán el modelo Indupalma en todo el país. Este modelo son unas asociaciones entre comillas entre campesinos e Indupalma, estamos mirando el pasado de esa empresa. Hemos encontrado unas cosas inaceptables  y muy graves. Pero el ministro se niega a hablar del tema diciendo que son cosas de su pasado, de la empresa privada, y precisamente porque son de su pasado tiene que venir a hablar de ellas”.

Robledo aseguró que el Ministro “está violando de manera flagrante la ley que le puede acarrear sanciones en la Procuraduría, es el colmo que un ministro tome esto como si fuera un restaurante a la carta”.

Sobre las acciones legales que podría entablar, el legislador sostuvo que “insisto en que venga, y una vez quede claro que no vendrá, miraré con mis abogados y a tomar decisiones, seguramente pediré sanciones. Una falta disciplinaria grave por parte de la Procuraduría y la sanción política del Congreso sería moción de censura”.

De otra parte y por medio de una carta que envió al Congreso el 7 de octubre de 2013, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, dijo que “no es dable a quienes lo ejercen desde el Legislativo, solicitar a los funcionarios públicos información que es del ámbito exclusivo de una empresa privada”. Señaló el funcionario que “como lo ha reiterado la Honorable Corte Constitucional… el control político no debe ser una facultad ‘absolutamente discrecional’, pues sus límites se acotan en la naturaleza del asunto y de la función pública de quien debe reportarlo”.

Por consiguiente, indicó Lizarralde, el honorable Congreso de la República ejerce control sobre las decisiones y actuaciones de los ministros del Gobierno Nacional, siempre y cuando esas decisiones se efectúen con base en las disposiciones legales y reglamentarias que le sean dadas para el cumplimiento de sus objetivos y metas en el Ministerio al cual fue designado.

“Como quiera que la solicitud de comparecencia dirigida a esta cartera mediante comunicación radicado 20133130281582 contiene de manera expresa asuntos relativos a la empresa Indupalma, no le es dable a este servidor rendir cuentas de los asuntos que de manera particular le conciernan a ella, razón que justifica mi inasistencia en condición de Ministro a este importante debate”, dice el Ministro.

Más adelante explica que “me permito informarle que me he declarado impedido en temas de Palma, Caucho y leche. Se está a la espera de que sea expedido el decreto que nombra ministro ad-hoc para estas materias”.

Sobre los hechos que descubrió en sus investigaciones, el senador Robledo dijo que “bajo la presidencia de Lizarralde hay acumulación de baldíos, tenemos todas las pruebas y es violar la Ley 160 de 1994 como es el caso de Urrutia. A pesar de que la información que tenemos es muy escasa porque no nos la dan, sin embargo hay pruebas”.

Frente a las pruebas, Jorge Enrique Robledo sostuvo que “Indupalma, y él como gerente, compra una tierra a un campesino que había recibido del Estado en Sabana de Torres, era un baldío que le habían adjudicado y después compra otro en el Vichada con el mismo origen. La ley es clara en señalar que el fenómeno de acumulación de baldíos se da cuando alguien  adquiere más tierra que una UAF”.

Indicó en sus denuncias sobre estos el uso de los baldíos que “en uno tienen montada una zona franca y eso quiere decir impuestos del 15%, y en el otro dicen que están montando un proyecto de caucho. El otro es en donde su ex esposa tiene tierra. Hay otra violación de la ley que se llama ocupación indebida. Y es que los baldíos del Estado que no utiliza, la ley dice que solo se le puede adjudicar a pobres, no hay ninguna posibilidad que se le adjudique a Indupalma, pero resulta que esta empresa tiene en San Alberto, Cesar, más de 4 mil hectáreas de tierras que son baldíos del Estado y que Indupalma explota”.

El congresista sostuvo que “el truco que utilizan es que compraron unas mejoras sobre esos baldíos y esa ocupación indebida de baldíos la hace en el caso de San Alberto. Los campesinos de la zona están bregando para que esas tierras se las adjudiquen a ellos, e Indupalma se les está atravesando pues presenta como títulos unos que no lo son. Está pretendiendo 2.346 hectáreas que no puede pretenderlos pues las está ocupando indebidamente y está bregando a que se las escrituren”.