La percepción  de corrupción en el sector público colombiano no cede, apesar de los esfuerzos del Gobierno nacional, el sector privado y la sociedad civil por combatir este flagelo.

En efecto, en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2015 de Transparency International Colombia, obtuvo un puntaje de 37 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción de corrupción), exactamente la misma calificación del año anterior, ocupando el puesto 83 entre los 168 países evaluados.

Esta calificación no es muy distinta a la que se ha recibido en los últimos tres años. Según la directora de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar Bleier, “la corrupción puede ser el mayor riesgo para una paz estable y duradera. 37 puntos no son suficientes para construir y sostener la paz. Necesitamos un sistema judicial transparente y sin corrupción, unas fuerzas de seguridad confiables, órganos de control eficaces e independientes, gobernantes que rindan cuentas permanentemente de sus actos, y mecanismos de entrega de beneficios y servicios a las víctimas y poblaciones vulnerables sin la más mínima grieta para que se cole la corrupción”.

Transparencia

Los países en las primeras posiciones del IPC presentan características comunes que son clave: altos niveles de libertad de prensa; acceso a información sobre presupuestos que permite al público saber de dónde procede el dinero y cómo se gasta; altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos; órganos de control técnicos e independientes;  y un poder judicial que no distingue entre ricos y pobres, y que es verdaderamente independiente de otros sectores del Gobierno.

“Desde hace varios años Colombia viene realizando esfuerzos importantes para que las entidades públicas identifiquen y enfrenten la corrupción, para que el sector privado abandone la corrupción como herramienta para enfrentar su competencia, y para que la ciudadanía rechace a los corruptos, pero es evidente que esto no es suficiente y tenemos que  hacer más”, añadió Ungar.

La región

“Entre los 26 países de las Américas evaluados, Colombia se encuentra en el puesto 12 de la tabla y sigue ubicándose por debajo del puntaje promedio de la región (40), muy por debajo de países con calificaciones aceptables como Canadá (83), Estados Unidos (76), Uruguay (74) y Chile (70). El Índice de Percepción de la Corrupción de 2015 muestra claramente que este fenómeno sigue asolando al mundo. No obstante, 2015 también fue un año en el cual las personas nuevamente salieron a las calles para protestar contra la corrupción. A nivel global, el público envió un mensaje contundente a quienes están en el poder: es el momento de hacer frente a la gran corrupción”, expresó José Ugaz, presidente de Transparency International.

Más de dos tercios de los 168 países incluidos en el índice de 2015 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de ínfimos niveles de corrupción). Sin embargo, en lugares como Guatemala, Sri Lanka y Ghana, activistas ciudadanos, ya sea de forma grupal o individual, trabajaron de forma intensa para expulsar a los corruptos, y enviaron así un mensaje contundente que debería inspirar a otros a actuar con determinación durante 2016.

El Índice de Percepción de la Corrupción se elabora a partir de las opiniones de expertos sobre la corrupción en el sector público. Se puede obtener un buen resultado cuando existen mecanismos de gobierno abierto a través de los cuales el público puede exigir que sus líderes rindan cuentas, mientras que una mala puntuación evidencia un contexto donde se percibe que prevalece el soborno, los actos de corrupción quedan impunes y las instituciones públicas no dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Esfuerzos

Transparencia por Colombia hace un llamado al Gobierno nacional, la rama judicial, los órganos de control, al Congreso de la República y al sector privado para fortalecer los esfuerzos de prevención y sanción de corrupción ante un escenario para el año 2016 de presupuesto público limitado, elaboración de nuevos planes de desarrollo territorial y el eventual inicio de implementación de los acuerdos de paz.

Durante 2015 Transparencia por Colombia ha alertado sobre los altos niveles de riesgos de corrupción que se mantienen en las entidades públicas nacionales, departamentales, municipales, universidades públicas y contralorías departamentales, mediante los Índices de Transparencia de las Entidades Públicas.

Igualmente ha llamado la atención sobre la necesidad de ampliar los esfuerzos para prevenir el soborno y la corrupción que afecta el clima de negocios en el país a partir de los resultados de la Cuarta Encuesta Nacional sobre Prácticas Contra el Soborno en Empresas Colombianas. A la par, desde la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción ha insistido en la importancia de contar con una ciudadanía activa y vigilante de los recursos públicos especialmente para los proceso de construcción de paz, y se ha reiterado que el conocimiento de la ciudadanía sobre las medidas adoptadas por el Gobierno nacional es muy limitado.

Se lograron avances importantes en la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información, en la formulación de medidas sobre rendición de cuentas en la administración de justicia incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y la creación de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas del Consejo de Estado, en el avance de esfuerzos por aumentar la transparencia en el Congreso, y en la identificación de buenas prácticas de Transparencia Empresarial.

Sin embargo, los reiterados escándalos que afrontó el país durante 2015 y las denuncias de corrupción asociadas al proceso electoral demuestran la necesidad de complementar los esfuerzos normativos y controles internos, con mecanismos de escrutinio y rendición de cuentas efectivos, sanciones que reparen el daño social e institucional causado por la corrupción, e iniciativas más ambiciosas que permitan prevenir estas situaciones.

Según Ungar Bleier, “la corrupción no tiene justificación en ningún escenario, mucho menos en medio de restricciones presupuestales del Estado y ante una demanda enorme de recursos públicos para la construcción de paz en Colombia”. Asimismo, “los planes de desarrollo que se formularán en 2016 para los próximos cuatro años requerirán información de calidad, pertinente y oportuna para una gestión eficaz, eficiente y transparente que evite la improvisación, el retraso injustificado de obras, y especialmente la pérdida de recursos públicos por causas de corrupción”.

El IPC

El IPC otorga una puntuación y clasifica a los países/territorios según las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en su sector público. Se trata de un índice compuesto integrado por una combinación de encuestas y evaluaciones sobre corrupción efectuadas por diversas instituciones de prestigio.

El IPC es el indicador de corrupción más usado en todo el mundo. ¿Por qué el IPC se basa en percepciones? En general, la corrupción supone actividades ilícitas que se ocultan deliberadamente y solo se conocen a través de escándalos, investigaciones o juicios. No existe un modo efectivo de evaluar los niveles absolutos de corrupción en países o territorios en base a datos puramente empíricos.

Muestran en cambio la efectividad con que los fiscales, la justicia o los medios de comunicación investigan y exponen hechos de corrupción. Capturar las percepciones sobre corrupción de quienes están en posición de advertir esta práctica en el sector público es el método más confiable para comparar niveles de corrupción relativos entre distintos países. ¿Qué países/territorios se incluyen en el IPC 2015 y por qué? Para que un país/territorio sea incluido en el ranquin deberá aparecer en al menos tres fuentes de datos del IPC.

Si un país no figura en el ranquin, esto se debe exclusivamente a que no existe información suficiente obtenida a través de encuestas y no supone un indicio de que no haya corrupción en el país. Este año se incluyen en el índice 168 países y territorios. En 2014 esta cantidad fue de 175. A diferencia del IPC 2014, Bahamas, Barbados, Dominica, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Samoa y Suazilandia no se incluyen en el IPC 2015.