Aunque en los últimos dos años se han registrado algunos avances en los indicadores de seguridad en Buenaventura, es claro que no se puede bajar la guardia y, por el contrario, se requiere reforzar las medidas para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos del principal puerto sobre el Pacífico.

Así lo advirtió el Defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao Cabrera, luego de visitar algunos barrios de la comuna 12 de la ciudad y conversar con las comunidades durante una reunión de seguimiento a la ejecución del plan de intervención para Buenaventura en su segundo año de ejecución, y del cual la Entidad ejerce las funciones de garante de los acuerdos.

Vale recordar que dicho plan fue concertado durante los primeros meses de 2014, entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y las comunidades del puerto sobre el Pacífico, luego de una convocatoria de la Defensoría del Pueblo realizada como consecuencia de las diferentes problemáticas que observó de manera directa y reiterada por los funcionarios de la Entidad en los diferentes barrios del casco urbano.

A juicio de la Defensoría, las intervenciones de la fuerza pública y las menores confrontaciones entre los grupos ilegales ‘Los Urabeños’ y ‘La Empresa’ por el control territorial, han permitido la reducción de indicadores de violencia como homicidios y desapariciones.

Sin embargo, desde el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT) se advierte que persisten riesgos relacionados con la influencia de estos grupos ilegales y la ocurrencia de acciones como los homicidios selectivos, los desplazamientos intraurbanos, el reclutamiento forzado y la utilización ilícita de menores, las amenazas y extorsiones, la violencia de género, entre otros.

El fortalecimiento del grupo ilegal ‘La Empresa’ en la comuna 12 implica su influencia en 17 barrios (Alfonso L. Michelsen, Vista Hermosa, Francisco J. de Caldas, Las Palmas, Nueva Floresta, Unión de Vivienda, Nuevo Amanecer, El Ruiz, La Campiña, El Triunfo, Matía Mulumba, El Cambio, Nueva Granada, El Esfuerzo, Invasión Villa Linda, Jorge Eliécer Gaitán y Nueva Frontera) y permite prever un nuevo escenario de violencia que afecte a sus comunidades.

Desde el SAT, la Defensoría del Pueblo llama la atención por la aparición de cultivos ilícitos en zonas rurales de Buenaventura y, de manera particular, por la creciente influencia de la minería ilegal que tiene grandes efectos negativos sobre las comunidades y el medio ambiente, particularmente por la contaminación de los ríos que abastecen de agua a la ciudad.

Además de dichos riesgos en materia de seguridad, el Defensor Cajiao Cabrera se mostró alarmado por las denuncias de la comunidad relacionadas con la muerte de menores de edad por falta de atención médica oportuna. “Es inconcebible que una ciudad como Buenaventura tenga que registrar la muerte de niños por la falta de un hospital público de segundo nivel”, agregó.

Ante este preocupante panorama, el Defensor del Pueblo se comprometió a revisar con el Gobierno Nacional la adopción de medidas de urgencia, mientras se destinan los recursos necesarios para la construcción o adecuación de la infraestructura definitiva de un hospital de segundo nivel.