No se puede aplicar justicia transicional a miembros de bandas criminales, advirtió ayer el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo Torres, a propósito del proceso que vive el país con las conversaciones de paz que adelanta el Gobierno con las Farc, que en el caso de que éstas dejen las armas se les aplicaría en materia penal la justicia transicional. 

“No se puede, a esos grupos delincuenciales, entenderlos parte de la normatividad del Derecho Internacional Humanitario (…) es claro que las bandas criminales no tienen nada que ver con el conflicto armado, son organizaciones criminales que lo único que buscan es el incremento patrimonial. No existe un conflicto armado con las Bacrim, por lo que no se les puede aplicar a sus miembros herramientas de justicia transicional, sino que por el contrario a ellos hay que aplicarles herramientas de justicia ordinaria pero que permitan luchar efectivamente contra el crimen organizado”, indicó Perdomo Torres en el marco de las Jornadas Internacionales del Derecho Penal que se llevan a cabo en la Universidad Externado.

El Vicefiscal añadió que “incluir a las Bacrim como parte del conflicto armado o considerar como un grupo armado organizado en los términos del Derecho Internacional Humanitario, significaría que queremos perpetuar nuestro conflicto armado en la medida de que con estos grupos no se puede llevar un proceso de paz ni una desmovilización. Hay que fortalecer la capacidad institucional para la investigación y judicialización de todos los crímenes que hayan cometidos sus miembros, hay que someterlos a la justicia, bien sea a través de su captura o de su entrega, así como también ejecutar todas las acciones que tenemos para debilitar su capital económico, como por ejemplo la extinción de dominio”.

Finalmente concluyó que no sólo  es “someterlos, tener herramientas de justicia ordinaria, no hay justicia transicional, fortalecer la institucionalidad contra el crimen organizado”, sino mostrar resultados, por eso presentó en cifras concretas el balance entre 2011 y 2014, de los alcances de esa lucha por parte de la Fiscalía.

En ese periodo se realizaron 5.546 imputaciones a miembros de bandas criminales,  4.813 medidas de aseguramiento, 979 de esas personas aseguradas se allanaron a cargos, reflejando, dijo, contundencia en las investigaciones; se radicaron 2.236 escritos de acusación y se lograron 1.670 condenas.