Al considerar que todavía no ha cumplido las dos terceras partes de la pena que le fue impuesta por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justica el 6 de noviembre de 1985, el Juzgado Tercero penal especializado de Bogotá negó la libertad al coronel retirado Alfonso Plazas Vega.

El oficial en retiro fue condenado a 30 años de prisión y a consideración del juzgado, todavía no ha cumplido las dos terceras partes de la sentencia que le fue impuesta.

La solicitud la había radicado en su momento Jaime Granados, abogado que defiende los intereses del alto oficial en ese proceso de investigación.

Ante esta determinación, el Coronel en retiro tendrá que continuar detenido en el cantón Norte en Bogotá, en donde fue recluido tras el fallo proferido por el holocausto del palacio de Justicia ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985.

El caso de Plazas Vega se encuentra en estudio en casación en la Corte Suprema de Justicia sobre la confirmación de la condena que profirió el Tribunal Superior de Bogotá.

Por su parte los abogados de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia denunciaron ante el Juzgado 55 del circuito de Bogotá que en las últimas semanas han sido víctimas de distintos casos de seguimientos e interceptaciones ilegales.

El abogado de las víctimas, Jorge Eliecer Molano, indicó “hemos podido establecer que los teléfonos de las personas que laboran con nosotros vienen siendo objeto de monitoreo y grabación y nuevas llamadas telefónicas vienen siendo interrumpidas cortándose nuestras comunicaciones después de 30 segundos o un minuto”.

Por el caso de los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia hay otros oficiales procesados, pero aún no se les ha definido si se les condena o no.

Los procesados son el excomandante del B-2 del Ejército, teniente coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano; el capitán (r) Óscar William Vásquez y los sargentos (r) Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Martín Causallá Peña.

“Existe prueba de que once personas sobrevivieron a los hechos de la toma del Palacio de Justicia: una militante del M-19, tres visitantes y siete empleados de la cafetería”, señaló el Fiscal. Durante su intervención el delegado de la Fiscalía hizo un recuento de quiénes son las víctimas y el papel que desempeñaban el 6 de noviembre de 1985 en el lugar objeto de la toma de la guerrilla del M-19.

Justamente esta semana se presentó una polémica porque la defensa de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, aseguró que en la retoma del Palacio de Justicia, que había sido ocupado por el M-19, no hubo desaparecidos.

El ministro del Interior, Fernando Carrillo, defendió su actuación en la Dirección de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado y dijo que el nombramiento de Jorge Enrique Ibáñez como abogado de Colombia en el caso del Palacio de Justicia fue diligente.