La reanudación de la negociación del Gobierno con las Farc, que hoy instala en La Habana el ciclo 36, se da en medio de la crisis del proceso tras la muerte de 11 soldados en un ataque guerrillero en Buenos Aires, Cauca.
Mientras el presidente Juan Manuel Santos consideró la semana pasada que las Farc deben pedir perdón, los negociadores de la guerrilla presentaron un plan de cinco propuestas para acelerar las conversaciones.
“Así como el Estado ha reconocido responsabilidades y pedido perdón, lo menos que se esperaría de las Farc es que pidan perdón por lo ocurrido en el Cauca la semana pasada y por las violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra que les son atribuibles”, sostuvo Santos, considerando que “así comienza, desde el reconocimiento de la ofensa y la petición de perdón, la verdadera paz, la verdadera reconciliación”.
En una carta abierta al presidente, el secretariado del Estado Mayor Central de las Farc expresó que "se deben adelantar algunos pasos que precipiten la terminación del conflicto, para lo cual hay que dejar la subjetividad a un lado y ser prácticos", anotando que "la consecución de la paz no se logra con cronómetro en la mano, sino evacuando temas".
Primero, llamó a difundir en todo el país el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y pidió que Santos y todo su gabinete lo lean y analicen.
Además, solicitó crear una comisión para evaluar ese reporte y establecer responsabilidades jurídicas y políticas de las partes.
También pidió crear una comisión para esclarecer "el fenómeno del paramilitarismo" y, en pos de la "verdad", abrir los archivos secretos de todo lo relacionado al conflicto interno a lo largo de las décadas.
Cese bilateral
De otra parte, ayer a través de un comunicado el procurador Alejandro Ordóñez celebró “que se comiencen a identificar coincidencias” entre el Ejecutivo y el uribismo en torno a “la negativa del Gobierno nacional a ceder a un cese bilateral antes de la firma del Acuerdo con las Farc y a la referencia hecha por el señor presidente de la República a pena de cárcel”.
Para Ordóñez “la búsqueda de coincidencias” puede entenderse como “un punto de partida para alcanzar un Pacto para la Paz. Ese Pacto es necesario para lograr la concordia nacional, la reconciliación, superar las divisiones creadas en la sociedad alrededor de los diálogos con la guerrilla y garantizar que lo que se acuerde con las Farc se cumpla y se pueda cumplir. Es un candado jurídico-político para los acuerdos”.
“Para evitar equívocos”, anotó Ordóñez, “en la construcción de ese Pacto para la Paz, de cara a los colombianos, se debe abordar la definición del régimen de penas y de qué se debe entender por cárcel, cuál es su significado. La pena de cárcel debe incluir la reclusión efectiva en un centro carcelario”.
Efectivamente, el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, consideró que “ha habido dos rectificaciones del Gobierno que debemos apoyar”, precisando que “es correcto” que no negocie un cese bilateral “porque eso avanzaría en el error de igualar a las Fuerzas Armadas con el terrorismo y le crearía graves afectaciones a la seguridad ya deteriorada”; la otra sería, dijo, “que el Gobierno ha dicho que los cabecillas deben ir a la cárcel. Eso ayuda. ¿Por qué? Porque si no van los cabecillas a la cárcel, no solamente se viola la Ley internacional sino que se da un mal ejemplo, generador de nuevas violencias. Por eso apoyamos estas dos rectificaciones”.
La semana pasada, tras levantar la suspensión de los bombardeos a las Farc, Santos sostuvo que “no me voy a dejar presionar. Óigase bien, no me voy dejar presionar por hechos infames (…) para tomar una decisión sobre cese al fuego bilateral”.