Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de EL NUEVO SIGLO

No obstante que se hizo un Conpes para robustecer la implementación de la política pública integral anticorrupción que está a punto de entrar en vigor en el país, es necesario complementarlo con un documento que contenga otras herramientas de gestión y abarque a más sectores.

En ese sentido el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Rafael Merchán, explicó que “la gran pregunta es cómo vamos avanzando en los aspectos críticos de la lucha contra la corrupción  tanto desde la perspectiva preventiva como desde la perspectiva sancionatoria, y a eso es lo que apunta el Conpes como un primer paso, digo primer paso porque el Conpes hay que complementarlo con las mediciones que va a hacer el Observatorio Anticorrupción, que son como primos hermanos. El Conpes hay que conectarlo con la labor que se va a hacer de seguimiento a la Ley de Información”.

El funcionario explicó que cuando se pensó en un Conpes para comprometer la participación de distintas entidades en la implementación de la política pública integral anticorrupción se decidió que fuera participativo, en ese sentido se dio la discusión en trece regiones con la participación de la sociedad civil y de la academia; “pero también queríamos que el Conpes fuera sectorial, y ahí nos quedamos un poquito cortos, solo alcanzamos a abarcar algunos temas puntuales de salud y de minas, pero el proceso en que estamos en este momento desde la Secretaría (Transparencia de la Presidencia de la República) es levantar mapas de riesgo de distintos sectores a ver dónde pudiéramos encontrar algunas acciones que no sean propiamente Conpes, pero sí un compromiso que hacemos las entidades de manera tal que cada vez más el tema se transversalice y sean más los sectores involucrados en este tema”.

Por ejemplo,  una acción  que hoy se tiene que llevar a las distintas instituciones es la figura de las auditorías visibles “que quedó contemplada en el Conpes como una responsabilidad de varias entidades de elaborar su metodología, pero nada sacamos con esa metodología si no tenemos 10 o 12 ministerios que estén involucrados en su implementación”, dijo Merchán.

El Gobierno nacional tomó la decisión de robustecer la implementación de la política pública integral contra la corrupción con un Conpes porque éste establece responsabilidades concretas a las 22 entidades participantes para la realización de 116 acciones concretas que están contempladas. 

Más dientes

La lucha contra la rampante corrupción que ha echado hondas raíces en la administración pública se ha orientado en los últimos años a darles más dientes a las autoridades en los aspectos preventivos y de sanción.

En este sentido, además de la formulación de la política pública integral anticorrupción, que fue liderada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) y el soporte técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fue elaborado el Conpes 167 de diciembre pasado así como el Congreso de la República aprobó en el año 2011 el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474).

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, dijo hace dos días durante la socialización de la política pública integral anticorrupción, que “la acción coordinada de las instituciones del Estado trae consigo el poder conseguir mejores resultados”.

Añadió que “una primera y seria aproximación al trabajo conjunto y articulado para derrotar la corrupción, fue la constitución de única instancia superior para el diseño y seguimiento de la política estatal anticorrupción. Con la creación legal de la Comisión Nacional de Moralización se busca superar los límites institucionales para lograr una aproximación conjunta de todos los responsables estatales de prevenir e investigar y de sancionar actos de corrupción, al diseño y ejecución de dicha política integral”.

El Jefe del Ministerio Público dijo que hoy se están ejecutando acciones integrales coordinadas y eficientes para controlar dicho fenómeno. En ese camino dijo que en el marco del Estatuto Anticorrupción ya han sido instaladas la totalidad de las comisiones regionales de moralización.

Sin embargo resaltó que “en la implementación y el funcionamiento de las comisiones regionales de moralización, la Comisión Nacional deberá expedir un modelo de acción más concreto, que resuelva los problemas de financiación, gestión documental, recepción y trámite de quejas y denuncias”.